Tres semanas después de que se divulgara que decenas de periodistas en El Salvador fueron objeto de espionaje digital, la Asamblea Legislativa del país aprobó una nueva legislación que crea la figura del “agente secreto digital” y permite a la policía acceder a dispositivos electrónicos y recopilar datos para ser procesados y utilizados como pruebas en procesos judiciales. Los opositores a la medida afirman que se trata de legalizar el espionaje digital a los ciudadanos y que puede utilizarse para hostigar a periodistas críticos con el gobierno.
La periodista Julia Gavarrete, del sitio El Faro, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) que la nueva legislación “es preocupante no solo porque no hay garantías institucionales para que no se violen nuestros derechos a la privacidad y a la protección de nuestra información, sino que estamos en un contexto en el que se pudo confirmar el uso de un software de espionaje capaz de tener acceso a toda nuestra información”.
Julia Gavarrete, del sitio El Faro (Foto: Víctor Peña)
Gavarrete es una de los 30 periodistas cuyos teléfonos fueron hackeados con el software espía Pegasus, según revelaron el 13 de enero las organizaciones Citizen Lab y Access Now, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, que afirma vender la licencia del programa solo para gobiernos.
“El gobierno de El Salvador no está de ninguna manera relacionado con Pegasus y tampoco es cliente de NSO Group”, dijo Sofía Medina, secretaria de comunicaciones del presidente salvadoreño Nayib Bukele, en una nota de prensa. Asimismo, afirmó que el gobierno estaba investigando “un posible uso” del programa en el país.
Reforma del Código Penal
El 1 de febrero, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la reforma de cuatro artículos del Código Penal relacionados con delitos informáticos, con los votos de 63 de los 84 diputados de la Cámara. Esta mayoría, perteneciente a los partidos Nuevas Ideas, GANA y PCN, está alineada con el presidente Bukele, quien está afiliado a Nuevas Ideas.
La reforma autoriza a la policía a realizar “operaciones encubiertas digitales” a solicitud del Ministerio Público, y no establece la necesidad de autorización judicial para hacerlo. También permite que “los documentos digitales, mensajes electrónicos, imágenes, vídeos, datos y cualquier tipo de información que sea almacenada, recibida o transmitida (...) por medio de cualquier dispositivo electrónico” sean aceptados como prueba en procesos penales.
Además, las posibles medidas cautelares durante la investigación de delitos informáticos incluyen el bloqueo de cuentas, perfiles o sitios web y la incautación de la información contenida en los mismos.
Según el sitio web de la Asamblea Legislativa, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública enviaron “sus observaciones a los legisladores como insumo para la modificación” a la ley.
Los legisladores a favor de la reforma afirman que es necesario prevenir y combatir delitos como el fraude digital y el intercambio de material relacionado con el abuso sexual de menores, entre otros.
“Los que se oponen a esta reforma al Código Procesal Penal, para regular la incorporación y producción de evidencia digital en los procesos judiciales, son solo delincuentes”, dijo el diputado Walter Coto, del partido Nuevas Ideas, según informó Voz de América.
‘Ataque sistemático contra la prensa’
Periodistas y organizaciones de la sociedad civil de dentro y fuera de El Salvador han manifestado su oposición a la reforma aprobada el 1 de febrero.
Nayib Bukele, presidente de El Salvador (Captura de pantalla/YouTube)
“La Casa Presidencial de El Salvador, a través de los monigotes que presionan botones en la Asamblea Legislativa, legalizará hoy el espionaje y enterrará la información pública. La democracia muere con su silencio”, escribió César Fagoaga, gerente de Revista Factum y presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (Apes), en su perfil de Twitter el día de la votación.
La Sociedad Interamericana de Prensa considera que la reforma supone “graves implicancias para la libertad de prensa” y “posibles represalias” para el periodismo de investigación en el país.
Gaspar Pisanu, líder de políticas públicas en América Latina para la organización Access Now, quien colaboró en la investigación que reveló el espionaje realizado con el programa Pegasus contra periodistas salvadoreños, dijo a LJR que “no se puede analizar una ley sin entender el marco político e institucional en el que será implementada”.
“Ha habido un ataque sistemático a la prensa y a las organizaciones de la sociedad civil en el país. Hay muchas figuras mal definidas en la ley de las que se puede abusar y potenciar el hostigamiento por parte de los funcionarios públicos. En especial, los agentes encubiertos podrían ser autorizados por el fiscal general y no por un juez como debería ser. No establece salvaguardas para prevenir dicho abuso o tecnologías que podrían usarse para interferir con los sistemas”, dijo Pisanu.
Gaspar Pisanu, Access Now (Cortesía)
Además, Pisanu resaltó el hecho de que la nueva ley “permite solicitudes para eliminar contenido, bloquear usuarios o un sitio web completo durante al menos un año”. “Esto, si no está debidamente regulado (que no lo está) puede ser utilizado como herramienta de censura”, advirtió.
“Uno de los aspectos más problemáticos es ver al gobierno de El Salvador introducir estas iniciativas en lugar de tomar medidas para garantizar la protección de periodistas, organizaciones de la sociedad civil y comunidades en peligro, así como investigar los casos de abuso o espionaje que se han denunciado”, añadió Pisanu.
Gavarrete expresó su preocupación sobre cómo se podría utilizar la nueva legislación en contra de los periodistas tras revelarse el espionaje, pues la reforma contempla el uso de la prueba digital como prueba en procesos penales.
“Así como nuestra información fue robada sin que hasta ahora sepamos dónde ha ido a parar, tememos que esta pueda ser utilizada de manera arbitraria frente a las reformas que recién aprobó la Asamblea Legislativa controlada por Bukele”, dijo Gavarrete.
“Hay una ‘legalización del espionaje’ y una clara violación a los derechos constitucionales. ¿Por qué estas reformas pueden afectarnos? Lamentablemente, desde que Pegasus salió a la luz, seguimos esperando respuestas del gobierno de El Salvador y de las autoridades respecto de quién estaría detrás de su operatividad”, dijo Gavarrete. “Si el gobierno tiene a su disposición tecnología de este nivel, no hay nada que les frene para que puedan intervenir las comunicaciones de críticos, voces disidentes o periodistas que les resulten incómodos. Hemos comprobado que en El Salvador existe Pegasus. Ahora ya no hay impedimento alguno para que entrar a la vida de cualquier persona, a través de sus móviles o sus telecomunicaciones, sea considerado ilegal”.
Crédito de foto principal: Centro histórico de San Salvador, capital de El Salvador, por Mauricio Cuéllar/Unsplash
