La Corte Suprema de Perú envió un proyecto de ley al Congreso que propone sancionar con prisión a quienes difundan comunicaciones privadas obtenidas mediante interceptaciones telefónicas ilegales, reportó Perú21. La iniciativa fue considerada como un intento por restringir la libertad de prensa en el país y las herramientas a su disposición para fiscalizar a las autoridades, según organizaciones de defensa de la libertad de expresión, detalló Diario Ya.
El proyecto fue enviado el pasado 5 de julio y plantea una reforma al artículo 162 del Código Penal para castigar con entre tres a seis años de cárcel a quienes intercepten, interfieran o difundan comunicaciones privadas, y entre seis y diez años si la difusión es a través de la prensa, reseñó la agencia AFP. La única excepción es si las comunicaciones son difundidas "en interés de la causa pública", aunque la directora del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Kela León, consideró que el concepto de "causa pública" no está bien definido, según La República.
El CPP advirtió que la propuesta abre la posibilidad de clausurar un medio de comunicación, explicó Perú21 en otra nota. La iniciativa de la Corte Suprema dispone que “las personas jurídicas involucradas en la realización, favorecimiento o encubrimiento del delito serán sancionadas con las consecuencias” establecidas en el artículo 105 del Código Penal. Y ese texto señala que el juez podrá clausurar los locales o establecimientos de manera temporal o definitiva.
Asimismo, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) llamó la atención que, tal como esta el proyecto de ley, "las personas involucradas en comunicaciones interceptadas podrían reclamar al periodista y al medio de comunicación ser indemnizados por supuestos perjuicios que les originó la difusión". En una carta enviada al presidente de la Corte Suprema, César San Martín, el 12 de julio, el IPYS solicitó al poder judicial modificar la propuesta.
Sin embargo, San Martín defendió el proyecto de ley y negó que implique una "censura previa" a la prensa.
El proyecto de ley tiene su origen en casos de la difusión de audios de conversaciones privadas que implican a políticos y autoridades tras interceptaciones telefónicas ilegales en los casos conocidos como Petroaudios y Business Track.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
