El Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, denunció el intento de las autoridades venezolanas por suprimir las noticias sobre la crisis económica que se vive en el país mediante detenciones y ataques a periodistas y medios, en un informe publicado en su portal.
La espiral inflacionaria y el desabastecimiento de productos básicos ha sido señalado por las autoridades venezolanas como una “guerra económica” contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Por este motivo han respondido con medidas que van desde obligar a las empresas a rebajar los precios, arrestar a empresarios acusados de acaparamiento, y “enfocarse” en los periodistas que intentan informar sobre esta situación, asegura el CPJ.
Es precisamente bajo esta última medida que en los últimos dos meses se han presentado breves detenciones a periodistas, que la Fiscalía ha abierto investigaciones contra los medios que informan sobre la economía nacional, o que altos funcionarios reprenden públicamente a periodistas que utilizan la palabra “escasez”, entre otros temas.
“El gobierno se da cuenta de que la situación económica es extremadamente crítica y que podría provocar una explosión social”, dijo Marianela Balbi, directora de la sede en Venezuela del Instituto Prensa y Sociedad al CPJ. “Por ello, están dirigiendo gran parte de su atención a la cobertura informativa de la economía”.
El informe señala que el gobierno se ha encargado de perseguir a periódicos que informan “sobre cómo las políticas gubernamentales han desempeñado un importante papel en el origen de los problemas económicos y cómo el desabastecimiento y una de las tasas de inflación más elevadas del mundo impactan a sus lectores”.
Uno de los casos que citó el CPJ fue el del Diario 2001 al que la Fiscalía General de la Nación le abrió una investigación tras la publicación de un artículo en el que se manifestaba una posible escasez de gasolina el pasado octubre. En noviembre, tres de sus reporteros fueron encarcelados por tomar fotografías de un tumulto de personas quienes rompieron las barreras de seguridad en una feria de alimentos al pensar que no alcanzarían a conseguir comida. La única entidad que pautaba en Diario 2001 retiró la publicidad, publicó CPJ.
Los corresponsales extranjeros tampoco escapan de este panorama. CPJ recordó el caso del periodista Jim Wyss, corresponsal en jefe de la oficina del diario The Miami Herald para la Región Andina, quien fue detenido por miembros de la Guardia Nacional a quienes iba a entrevistar sobre el auge del contrabando en la frontera con Colombia.
La Mesa de la Unidad Democrática, MUD, - coalición de partidos opositores en Venezuela – emitió un comunicado en el que expresaba su solidaridad con los periodistas que son agredidos por el hecho de informar, publicó el portal Iberoamérica Central de Noticias, ICB. El comunicado no solo destaca el aumento de estos ataques a la libertad de expresión, sino la impunidad con la que estos se cometen. También denuncia los supuestos llamados del presidente Maduro a los dueños de medios para que despidan a determinados periodistas; así como las restricciones a la importación de papel periódico como mecanismo para reducir la circulación de diarios.
En septiembre, el presidente Maduro le pidió al poder judicial y la Fiscalía “medidas especiales” para poder sancionar a los medios de comunicación que informaran sobre el desabastecimiento en el país. Su argumento era que se trataba de una guerra psicológica por parte de la prensa.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
