Organizaciones de prensa y de defensa de los derechos humanos, así como el fiscal general de Brasil se unieron al descontento general tras las indicaciones de retroceso en la posición de la presidenta Dilma Rousseff sobre la aprobación del Proyecto de Ley de acceso a la información pública.
Además de Abraji, se unieron a las críticas por los atrasos en el trámite de la propuesta y los intentos de mantener el secretismo eterno la Federación Nacional de Periodistas (Fenaj), la Asociación Nacional de Periódicos (ANJ) y la Orden de Abogados de Brasil (OAB), de acuerdo con la ONG Contas Abertas.
La organización de defensa de libertad de expresión Artículo 19 también se manifestó contra la confidencialidad de documentos oficiales. Para el Procurador General de la República, Roberto Gurgel, cualquier barrera contra el derecho a la información pública es inconstitucional, divulgó el Foro de Derecho de Acceso a Informaciones Públicas. Gurgel indicó que recurrirá al Supremo Tribunal Federal (STF) en caso de que el Senado mantenga el secreto sobre documentos históricos.
En medio de esta repercusión negativa, la ministra de Relaciones Institucionales, Ideli Salvatti, aclaró que la posibilidad de mantener el secreto sólo se aplicaría a tres situaciones específicas: amenaza a la soberanía nacional, la seguridad en las fronteras y en caso de grave riesgo en las relaciones internacionales, según el Blog do Planalto.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
