El periodista independiente cubano Yoel Acosta Gámez es uno de los primeros en ser multado en virtud del Decreto Ley 35 que regula los servicios de telecomunicaciones en la isla, pero que, en la práctica, refuerza el control sobre el uso de internet y las redes sociales. Acosta es colaborador de la agencia de periodismo audiovisual Palenque Visión.
También recibió una carta de advertencia “diciendo que yo atentaba contra la soberanía del país y que además desacreditaba el país con los videos de reportaje que hacía acerca de la situación que pasan los pobladores de Baracoa y la pobreza, la miseria en que viven”, dijo Acosta Gámez a Radio Televisión Martí.
El periodista y activista por la libertad de expresión fue multado con 2.000 pesos cubanos (cerca de US $83.33) y amenazado con prisión si no pagaba. “[El oficial] me dice que, a partir de hoy, van a estar al pendiente de todo lo que yo hago y que no puedo expresarme más libremente en las redes sociales”, dijo a ADN Cuba.
El 17 de agosto se publicó en el Diario Oficial de Cuba el Decreto Ley 35 para establecer el marco legal de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y las comunicaciones y el uso del espectro radioeléctrico.
El texto enumera como deber de la ciudadanía el “impedir que los servicios de telecomunicaciones/TIC se utilicen para atentar contra la Seguridad y el Orden Interior del país, transmitir informes o noticias falsas”.
La Sociedad Interamericana de Prensa calificó el Decreto Ley 35 como una “nueva estocada contra la libertad de expresión en Cuba (...) que profundiza el control y las restricciones al uso de internet y las redes sociales en el país. El régimen cubano tomó esas medidas en respuesta a las protestas sociales que se iniciaron el pasado 11 de julio”.
En el momento de las manifestaciones, miles de ciudadanos salieron a las calles en más de 60 ciudades para protestar por la falta de alimentos y medicinas disponibles. El gobierno reaccionó encarcelando a periodistas y activistas y bloqueando el acceso a internet.
La nueva legislación establece 59 incidentes de seguridad digital y los clasifica según el nivel de riesgo. Un incidente de “subversión social”, descrito como “con la intención de alterar el orden público, promover la indisciplina social”, representa un nivel de peligro “muy alto”.
Esta es la misma clasificación de riesgo para desastres naturales, como “terremotos, inundaciones y huracanes" que “interrumpen o destruyen la infraestructura de tecnologías de la información".
Otros dos incidentes calificados como de “alto nivel de riesgo” están relacionados con la “difusión de noticias falsas, mensajes ofensivos, difamación con impacto en el prestigio del país” o “difusión ... de contenidos que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado, inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público”.
“Con este nuevo conjunto de regulaciones ambiguamente definidas sobre la internet, las autoridades cubanas claramente intentan impedir que la ciudadanía exprese su descontento y tenga libre acceso a la información en la internet”, dijo Ana Cristina Núñez, Investigadora Sénior para América Latina y el Caribe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).
“Creo que soy una de las primeras personas a las que ellos le han aplicado el Decreto Ley 35”, dijo Acosta Gámez a Rádio Televisión Martí. El periodista y activista ya había sido arrestado en mayo de este año y pasó ocho días detenido sin una orden de arresto formal.
Pese a la multa y la amenaza de otra detención, Acosta Gámez dijo a ADN Cuba que continuará su labor periodística en el municipio de Baracoa, en la provincia de Guantánamo, donde vive con su familia.
“Mi mensaje al régimen comunista es que vamos a seguir enfrentando estas situaciones, vamos a seguir mostrando la realidad del pueblo cubano donde vivimos. No tenemos miedo a ser llevados a prisión”.