Para antes de que acabe el año se espera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dé a conocer su fallo en el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima en contra del Estado colombiano. El caso ha acaparado los titulares de medios colombianos e internacionales debido al impacto que la decisión tendría en la protección de la libertad de expresión y de mujeres periodistas en la región.
Bedoya Lima fue víctima de secuestro, tortura y violencia sexual en mayo de 2000 como represalia por su trabajo periodístico. Para la época, la periodista investigaba la muerte de 26 internos y un presunto tráfico de armas al interior de la cárcel La Modelo en Bogotá.
Durante los últimos 21 años, solamente tres personas han sido sentenciadas por su participación en el crimen. Sin embargo, toda la cadena criminal, en la que presuntamente estarían agentes del Estado, no ha sido ni condenada ni investigada.
En 2011, la periodista presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras años de impunidad en su crimen. En mayo de 2019, la CIDH decidió enviar el caso ante la Corte IDH tras considerar que el Estado colombiano no había cumplido con las recomendaciones hechas en el informe de fondo de 2019.
Jineth Bedoya Lima durante el primer día de audiencia ante la Corte IDH 15 de marzo de 2021. (Captura de pantalla)
La audiencia ante la Corte IDH planeada para los días 15, 16 y 17 de marzo de 2021, estuvo marcada por el escándalo luego de que los representantes del Estado colombiano se levantaran aduciendo una presunta parcialidad por parte de algunos magistrados, razón por la que recusó a 5 de los 6 jueces. El hecho causó bastante indignación debido a que la decisión se tomó justo después de la narración detallada que hizo Bedoya Lima de su crimen y que generó algunos mensajes de solidaridad de los jueces.
Aunque la audiencia fue suspendida por una semana, esta se reanudó con presencia del Estado nuevamente los días 22 y 23 de marzo. Hace un poco más de un mes la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la organización Cejil, encargados de la defensa de Bedoya Lima, entregaron los alegatos finales a la Corte IDH, a la espera de la decisión.
LatAm Journalism Review (LJR) habló el mes pasado con Jonathan Bock, director ejecutivo de la FLIP, sobre la importancia de este caso para los periodistas de la región y el impacto que tiene para Colombia.
LatAm Journalism Review (LJR): ¿Cuál es la importancia de que este caso llegue a la Corte IDH para los periodistas de la región en general, pero también, para los colombianos?
Jonathan Bock (JB): Sin lugar a dudas, este es un caso hito para la región por tres temas. Uno, porque puede servir para generar unos estándares que aborden a nivel regional temas de violencia sexual. Dos, porque también puede sentar un precedente importante precisamente en las medidas de reparación que vayan para este tipo de ataques porque nunca antes había llegado a la Corte con un caso que tuviera esta característica. Y finalmente, porque es otro caso más de libertad de expresión, de agresiones – había amenazas previas y la falta de diligencia del Estado para investigar previamente –, pero también después la responsabilidad que hubo por parte de funcionarios estatales en lo que sucedió en el caso de Jineth.
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La Corte también así lo ha entendido. Y en uno de los comentarios de los magistrados decía que era la primera vez que se tenía un caso con estas características y eso a nivel regional es muy importante entendiendo que se trata del máximo tribunal de derechos humanos de la región.
LJR: Hace unas semanas entregaron ya los alegatos finales. ¿Hubo algún tema en particular en el que se enfatizó en esos alegatos finales con base en lo dicho por el Estado y por los jueces?
JB: Sí. Por un lado reiteramos la importancia de la medida de reparación que significaría el cierre de la cárcel La Modelo. No solamente por haber sido el lugar en el que sucedieron los hechos, sino porque la cárcel ha sido un epicentro de ataques a los derechos humanos desde décadas. Y también desde donde se han cocinado alianzas ilegales entre agentes estatales y grupos ilegales, y que la respuesta del Estado haya sido como “es demasiado costoso”, sin entrar a valorar muchas otras cosas.
También, por supuesto, en la actitud negativa del Estado de reconocer lo que sucedió el día de los hechos. Porque la defensa del Estado se centró en decir “nosotros reconocemos las amenazas posteriores al 2011 y reconocemos que hubo una revictimización a Jineth al llamarla 12 veces a que contara nuevamente y repitiera el testimonio”. Pero eso es insuficiente. Además eso es desconocer el caso en sí mismo, que esto es toda una serie y una sucesión de hechos que empiezan el 25 de mayo del año 2000 y que después ha tenido distintos capítulos, pero que no se pueden desligar esos capítulos. Y desconocer, como lo hizo el Estado, lo que sucedió en esos días y los días previos, es no querer reconocer absolutamente nada. Entonces también se hizo énfasis en eso.
LJR: Cuando el Estado colombiano se levanta de la audiencia claramente esto genera mucha indignación. Desde la perspectiva de ustedes como representantes de la víctima, ¿cuál creen que fue la estrategia del Estado al hacerlo? ¿El Estado pensaba que la Corte iba a suspender de manera indefinida la audiencia e iba a dejar de juzgar?
JB: Pues ahí quedan más preguntas y dudas que respuestas porque precisamente que esta audiencia haya provocado una reacción sin precedentes es un hito por la manera en la que un Estado enfrenta los hechos, es algo que termina por generar muchas dudas. La primera de esas es precisamente ¿cuál era la estrategia del Estado? Porque además previo a esto había enviado otras señales, unas señales a lo mejor como más conciliatorias o más de allanarse a lo que podría ser la responsabilidad también del Estado. Además que está probado, ¿no? Es decir, los hechos: el secuestro, la violación y la tortura de Jineth se soportan en evidencia. Entonces como que todo esto de intentar derrumbarlo era una estrategia que es muy difícil de comprender.
Jonathan Bock, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia. (Foto: Sebastián Comba / Cortesía)
Pareciera que es una estrategia como a muchas manos, donde hay diferentes intereses, entendemos nosotros. Pero sobre todo donde no hay ningún interés en querer reconocer por un lado lo que sucedió, pero sobre todo en no querer aprovechar el proceso para que esto sirva de alguna manera en un acto de transformación. Y que esto sea un mensaje también que envía el Estado a sus víctimas, donde se permita sanar, de alguna manera, obtener un espacio más digno y de trato digno a las víctimas.
Es altamente sorprendente que haya sido justo después del testimonio de Jineth, que fue un testimonio además con mucho detalle, que fue un testimonio que despertó la empatía de los magistrados, Pero de ninguna manera que hubiera una parcialidad por parte de ellos, ni que estuvieran prejuzgando de antemano, ni mucho menos, sino que fueron los comentarios de solidaridad y de dignidad frente a ella, y que haya sido eso lo que haya despertado esta ira por parte del Estado y esta pataleta, insisto que deja muchos interrogantes y nada muy claro.
Y entonces después del garrote, intentan con la zanahoria e intentan decir es que vamos a conciliar, pero conciliamos por fuera de la Corte, lo cual era completamente absurdo. Nosotros entendemos y Jineth entiende que es el tribunal donde se tiene que llevar este caso. Y lo que ofrece el Estado, como decía antes, es completamente mínimo e insignificante frente a toda la magnitud del proceso.
LJR: ¿Por qué cree que es tan sensible este caso de Jineth Bedoya para el Estado colombiano? ¿Tal vez por la responsabilidad que traería en otros casos?
JB: Pues sí. Es precisamente lo que lo que significa que sea un caso hito, que precisamente abordaría temas de violencia sexual por primera vez. Entendiendo que la violencia sexual ha sido una violación constante en las últimas décadas en Colombia y muy relacionada con el conflicto. Y abrir también esta puerta a este tema, que ha sido algo en lo que el Estado no ha querido entrar – como entender, a dimensionar o aceptar alguna responsabilidad frente a esto – pues creo que puede ser significativo también.
Creo que obviamente que por tratarse de un tema de género, por todas las particularidades de libertad de expresión, de trabajo periodístico, es clave. Entonces yo creo que por eso a lo mejor encontró una respuesta tan agresiva en la estrategia que después tuvo que intentar, de cara a los medios, aliviar un poco, pero que en el proceso quedó claro que era una estrategia sumamente agresiva.
LJR: En caso de que la Corte no falle a favor a Jineth, aunque varios expertos han dicho que no será el caso, ¿qué pasaría en términos legales?
JB: Este ya es el cierre. Y debe tener también un cierre después de 20 años. Y esta es la apuesta máxima, digamos. Y yo ahí insisto en un punto del que hablaron las peritas expertas en medidas de reparación y no repetición y es lo importante del proceso en sí mismo. Más allá del fallo y de las decisiones – y si el Estado lo cumple, no lo cumple, lo cumplió mejor o peor –, es que el proceso debería aprovecharse para ser transformador, como estaba diciendo antes.
Y yo me quedo con eso porque muchas veces creo que el Estado colombiano precisamente ha pecado por desatender este aspecto tan importante y como por no prestarle atención a esa dignidad que deben tener estos espacios y ese tiempo.
¡Es que hay que entender que son 20 años! Y pues el Estado sigue sin querer como dar un poquito ese espacio y atenderlo de esa manera.
LJR: ¿Qué viene en estos meses? ¿Hay algo importante por agregar?
JB: Yo creo que ahora lo que viene – ya se presentaron los alegatos –, esperaríamos que entre octubre y noviembre de este año ya haya una decisión final. Preocupa esa actitud tan agresiva, que dé pie para entender que el Estado no va a recibir de buena forma el fallo de la Corte. Y pues sería seguir jugando una estrategia que es completamente, creo yo, desacertada. Y ubicaría a Colombia en un espacio muy, muy negativo frente a su responsabilidad en todo este proceso.
Creo entonces que lo que vaya a pasar en los próximos meses, sí es importante que Colombia defina cuál es su política y su estrategia en este tipo de casos. Y si es más como una mirada miope y de un instante, o si finalmente acepta mirarse en el espejo y reconocer todo esto que ha sucedido.
