El despido de una premiada periodista de una cadena de radio en México, a raíz de un comentario que hizo sobre supuestos problemas del presidente Felipe Calderón con el alcohol, generó una ola de protestas callejeras a favor de la libertad de expresión y abrió un debate sobre la concentración de la propiedad de los medios y la censura política en el país.
Aunque el Ejecutivo aseguró que no tuvo nada que ver con el despido de Carmen Aristegui de MVS Radio, la periodista le acusó directamente de presionar para conseguirlo. El incidente motivó un fuerte movimiento ciudadano de respaldo a Aristegui --que incluyó ataques cibernéticos al sitio web del medio— y trajo a la memoria recuerdos de la censura que ejerció el Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuando gobernó México durante 71 años hasta el 2000.
"La relación de periodistas y el poder político no ha cambiado gran cosa y el tema central siguen siendo las concesiones que puede realizar a discresión el ejecutivo", afirmó la periodista Martha Anaya, con una extensa carrera en periódicos, citada por la agencia de noticias AFP.
Para el veterano y reconocido periodista Jacobo Zabludovsky, el fondo del debate es precisamente “quién decide qué se dice en los espacios de la radio y televisión mexicanas”. En la editorial “El derecho de hablar”, en El Universal, recordó que las concesiones para operar estaciones de radio o televisión están sujetas a normas que hacen responsable a su titular de cualquier opinión que se vierta en la emisora. Las sanciones van desde multas hasta la pérdida de la concesión.
En México, los medios de televisión y en menor medida la radio, están altamente concentrados en unas pocas manos. Según Raúl Trejo, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMDI), “Televisa y TV Azteca controlan el 94 por ciento del contenido de entretenimiento televisivo” en el país, mientras que en el espectro radiofónico, la cifra de participantes que controlan los principales medios aumenta a una decena de familias.
En ese sentido, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), consideró que "el caso de Aristegui ha abierto el debate sobre la relación de los medios y el poder político, la ética de los medios y la transparencia de los mismos, así como la relación laboral entre dueños y periodistas en México".
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
