Diez años después de la promulgación de la Ley de Acceso a la Información (LAI), un análisis de la organización Transparencia Brasil apunta a un empeoramiento en la calidad de respuesta a las solicitudes de información realizadas al gobierno federal a través de la ley entre 2019 y 2021.
Según el informe, la sensación de deterioro ya se había notado entre los usuarios frecuentes de LAI y fue confirmada por la encuesta.
“Lamentablemente, nos parece que estamos en un estancamiento con signos de retroceso, especialmente en el Ejecutivo Federal, que solía ser un referente positivo, en general”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) Marina Atoji, gerente de proyectos y comunicación de Transparencia Brasil.
El estudio indicó que los años 2019 y 2020 tuvieron una alta tasa de denegaciones de solicitudes de información por parte del Ejecutivo federal, llegando al 9%. La tasa es una de las más altas registradas desde 2012, año en que entró en vigor la ley y que también tuvo un 9% de respuestas negativas. En 2013 y 2014, el índice alcanzó el 12%.
Atoji, que se encarga de analizar los datos del informe y trabaja desde 2010 en la aprobación y posterior seguimiento de la LAI, asegura que el aumento de las negativas es más evidente en números absolutos. En 2019, hubo 10.791 casos y en 2020, 10.770. En 2013 y 2014, hubo 9.629 y 9.943 respectivamente.
Índice de pedidos de información negados por parte del Ejecutivo federal. (Imagen: Captura de pantalla del informe de Transparencia Brasil)
El empeoramiento de la asistencia, sin embargo, no se ve en un solo criterio. Según el informe, varios índices han tenido un comportamiento negativo en los últimos años. Por ejemplo, la proporción de respuestas parciales fue del 7,2% en 2021, lo que equivale a la peor marca desde 2012, registrada en 2016.
“Idealmente, [la tasa de negación/parcial] disminuirá con el tiempo, y no aumentará, aunque sea en una proporción baja. Especialmente considerando que, con el tiempo, aumenta el número de solicitudes y la variedad de organismos públicos activados a través de la LAI”, explica Atoji.
Otro punto negativo es que la proporción de “Acceso concedido”, es decir de pedidos calificados como respondidos por los órganos federales, fue baja, de 77%, de 2019 a 2021 – también muy próximo al menor índice registrado de 76,6% en 2013.
Asimismo, Atoji señala que otro indicador importante que muestra un empeoramiento en la respuesta tiene que ver con las apelaciones. En 2021, la proporción de apelaciones realizadas con justificación de que la respuesta era incompleta (“información incompleta”) alcanzó el 40,5%, el nivel más alto en la historia de la LAI. Por otro lado, el informe celebra “la reducción casi total de apelaciones motivadas por respuestas fuera del plazo determinado por la LAI (máximo de 30 días)” –la tasa fue del 0,1% en 2021.
A lo largo de los diez años de ley, Atoji destaca que persisten algunos desafíos y obstáculos, como la dificultad de implementar la LAI en municipios pequeños, con menos de 10 mil habitantes, y en el Poder Judicial y Legislativo, principalmente a nivel local. También refuerza la falta de sanción por el incumplimiento de la ley, lo que no genera incentivos para su efectiva implementación.
Como avances en el periodo, Atoji menciona la transparencia activa, es decir, la divulgación espontánea de información de interés público, sin que el ciudadano tenga que solicitarla. Según ella, este principio ahora se practica ampliamente en el país. Además, cita el conocimiento de la sociedad sobre el derecho de acceso a la información.
Marina Atoji, gerente de proyectos y comunicación de Transparencia Brasil. (Foto: Cortesía)
Al preguntarle cuál fue la responsabilidad del presidente Jair Bolsonaro, quien constantemente hostiga y ataca a la prensa, en este empeoramiento en la respuesta a las solicitudes de información, Atoji explicó que “la postura del actual gobierno se ha reflejado especialmente en los altos niveles de administración pública – que termina afectando el trabajo de los servidores que continúan cumpliendo con LAI”.
Señala el rol de la Contraloría General de la Unión (CGU), organismo responsable de velar por la implementación y promoción de la LAI en el gobierno federal, como uno de los principales reflejos de la actitud anti-transparencia del gobierno de Bolsonaro.
“[La CGU] ha guardado silencio en casos flagrantes de violación de la legislación (imposiciones desproporcionadas de secreto, por ejemplo, o la falta de medidas inmediatas para determinar la transparencia de la aplicación de las enmiendas del relator) o innovaciones aplicadas en la evaluación de recursos para favorecer la restricción del acceso a la información”, dice Atoji.
LJR se puso en contacto con la CGU para comentar sobre el informe de Transparencia Brasil, pero no tuvo respuesta antes de la publicación de este artículo.
Pandemia de COVID-19
Durante la pandemia, el gobierno federal promovió cambios en la publicación de balances sobre la COVID-19, lo que redujo la cantidad y calidad de los datos. Esta opacidad en los números se reflejó en la encuesta de Transparencia Brasil.
Según el informe, el Ministerio de Salud figura entre las agencias del gobierno federal que más denegaron solicitudes de acceso a la información en 2020 y 2021.
“La falta de transparencia activa que marcó el manejo de la pandemia por parte del gobierno federal (que generó una mayor demanda vía transparencia pasiva), se sumó a la concentración de empleados del Ministerio en actividades directamente relacionadas con la mitigación de emergencias de salud pública (defraudando el cumplimiento de solicitudes de información) y la adopción del régimen de trabajo a distancia (dificultando o imposibilitando el acceso de los servidores a la información para dar respuesta) destacan como factores que pueden explicar el escenario”, señala el estudio.
Atoji explica que estos cambios han perjudicado --y aún perjudican-- el trabajo de la prensa. Por un lado, dice que la falta de transparencia tuvo un impacto positivo, porque motivó la creación de un consorcio de medios brasileños para consignar las cifras de forma independiente del gobierno federal.
Por otro lado, comprometió “el acceso a la información fundamental para que la sociedad conozca el alcance de la crisis y las medidas tomadas por el gobierno para contenerla”, agrega.
“Además del intento de retirar de línea los datos de casos y muertes, observamos la inconsistencia de esta información, haciéndola poco confiable y, por tanto, comprometiendo la calidad de la cobertura periodística”, dice.
Atoji agrega que persisten algunos problemas en los datos sobre pruebas y distribución de camas, que continúan impactando negativamente la cobertura de las políticas públicas relacionadas con la pandemia.
“Por no hablar de las ruedas de prensa del Ministerio de Salud, cerradas a las preguntas -cuando se les consultaba- precisamente en momentos en que la crisis iba en aumento”, concluye.
