Por Lorenzo Holt
Asesinatos sin resolver, represión gubernamental violenta, leyes anti-medios opresivas y las crecientes conexiones entre grandes corporaciones y gobiernos estuvieron entre los temas de debate de la 71o Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
En las conclusiones de su asamblea, la SIP señaló que los ataques contra periodistas, las presiones gubernamentales, las leyes restrictivas y la mayor concentración de medios de comunicación en manos de sectores vinculados con los gobiernos constituyen las principales causas para el deterioro de la libertad de prensa en el continente.
El informe indicó que desde marzo, 11 periodistas han sido asesinados en Brasil, México, Guatemala, Colombia, Honduras y República Dominicana. Los perpetradores fueron capturados en sólo tres de estos casos, haciendo de la impunidad para los que atacan a periodistas una práctica común en la región.
Los ataques físicos, atentados y amenazas por parte de grupos criminales y agentes del gobierno también siguen siendo frecuentes, según la organización. Tres periodistas fueron encarcelados brevemente en Bolivia, mientras que otros comunicadores fueron objeto de actos de represión mientras informaban sobre actividades del gobierno en Guatemala, Argentina, Perú, Ecuador y Brasil.
Además de la violencia física y la intimidación, un fenómeno generalizado en la región fue la restricción de la libertad de prensa a través de proyectos de ley o del aumento de presiones informales por parte de los gobiernos.
La reducción directa de los derechos de los medios de comunicación fue ejemplificado con el intento del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de aprobar el proyecto de ley sobre la “Promoción y Desarrollo de la Red Nacional de Servicios de Telecomunicaciones de la Banda Ancha” la cual, según la SIP, se traduciría en el “control absoluto del Estado sobre el flujo de información en internet”. El mandatario retrocedió en su intento gracias a la oposición unánime de los partidos de oposición, sociedad civil y el COSEP, un grupo de empresa privada, según el informe de la SIP.
Otro ejemplo es Paraguay, sobre el que la SIP dijo que la situación de los medios de comunicación libres puede estar en riesgo con la compra y la consiguiente consolidación de importantes medios de comunicación por parte de una empresa propiedad de Sarah Cartes, hermana del presidente paraguayo, Horacio Cartes. Sarah Cartes se convirtió en la propietaria del conglomerado de medios Grupo La Nación en abril. Eventualmente, la empresa compró tres de los seis medios de comunicación del Grupo Multimedia y la mayoría de las acciones en otro grupo de comunicación llamado Holding Hei Network.
Otros intentos de censura en la región fueron menos evidentes, como fue el caso de Chile, en donde un nuevo proyecto de ley sobre la gestión de residuos obstaculizaría la capacidad de las empresas de noticias para operar legalmente debido a las onerosas obligaciones financieras impuestas a los medios respecto a la disposición de sus productos, señaló la SIP.
De acuerdo con el informe de la SIP, el proyecto de ley establece que “el fabricante o importador de ciertos productos deberá hacerse cargo del producto una vez terminada su vida útil”. En el marco del proyecto de ley, para vender un periódico o una revista las empresas necesitarían autorización del Ministerio del Medio Ambiente, entidad que tendría también la facultad de prohibir la venta de un periódico o revista hasta que la empresa se ajuste a las normas de gestión de residuos.
“El principal problema del proyecto en estudio es que desconoce la realidad de diversas industrias. Por un lado, hay una desarrollada industria de reciclaje de papel, con las cuales la prensa trabaja a diario y por otro existen múltiples sociedades periodísticas de pequeño tamaño para quienes una carga como la que establece el proyecto, es desproporcionada”, dijo la SIP en su informe.
En Costa Rica se propuso la controvertida Ley de Radio y Televisión, que aunque fue retirada a principios de 2015, algunas de sus medidas han vuelto a aparecer en diferentes iniciativas. Dichas medidas podrían abrir espacio para que los periodistas sean demandados por costosas sumas, establecer las radios comunitarias como medios a favor del gobierno, así como regular la publicidad oficial de tal modo que se favorezca a los medios afines al gobierno.
En Cuba, a pesar de la sistemática represión gubernamental de todas las voces disidentes, los puntos de acceso a Internet se han esparcido por la isla y son visitados diariamente por cientos de miles de cubanos.
El informe general terminó resaltando los esfuerzos de las organizaciones de libertad de prensa que ejercen presión sobre sus gobiernos para defender los derechos de los periodistas y los medios de comunicación. En particular hizo mención del recién formado Foro de Quito por la Libertad de Expresión convocado para defender la libertad de expresión en Ecuador. En particular, están luchando para defender la operación continua de Fundamedios, un grupo de defensa de la libertad de prensa en el país.
“Pocos días después del Foro de Quito, y luego del pronunciamiento de cinco relatores de derechos humanos de la OEA y de la ONU, el gobierno ecuatoriano dejó sin efecto, por el momento, su decisión inicial de clausurar definitivamente a Fundamedios”, dijo Claudio Paolillo, presidente de la SIP, durante uno de sus discursos. “No ganamos la guerra, pero sin dudas sí ganamos una batalla importante”.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
