Por Jessica Diaz-Hurtado
Rodrigo Neto, periodista y presentador de radio de Ipatinga, Minas Gerais, denunciaba las injusticias y la participación de policías en los crímenes en la región de Vale do Aço, donde está Ipatinga.
“Hablar de Rodrigo Neto es hablar de la verdad”, dijo la también periodista Gizelle Ferreira Barbosa.
“Impunidad mata”, el documental lanzado por la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19 en Brasil, muestra la investigación del asesinato de Neto en 2013 y las implicaciones que ha tenido para la impunidad en Brasil.
Neto, periodista político del diario Vale do Aço, fue asesinado el 8 de marzo, apenas dos semanas después del homicidio del periodista Malfaro Bezerra Gois en Ceará. Treinta y siete días después del asesinato de Neto, el fotoperiodista de Vale do Aço Walgney Assis Carvalho también fue asesinado a tiros.
Neto y Carvalho eran conocidos por denunciar injusticias y crímenes que relacionaban a agentes de seguridad.
En abril de 2013, el jefe de la policía civil de Minas Gerais confirmó la participación de policías en los asesinatos de Neto y Carvalho, y la suspensión de los sospechosos.
“La policía fue capaz de silenciar la voz de Rodrigo Neto. Ellos fueron capaces de silenciar nuestras voces y las voces de los periodistas también. Ahora la policía aquí en Vale do Aço tiene un poder mucho mayor para omitir información del que tenía antes de la muerte de Rodrigo Neto”, dijo Ferreira Barbosa.
“Impunidad mata”, lanzado el pasado julio, aparece tras la reciente condena de uno de los sospechosos de matar a Neto, Alessandro Neves. El acusado fue condenado a 12 años de prisión por la muerte de Neto y a cuatro años más por la tentativa de asesinato de un amigo de Neto el día del crimen. El año pasado, otro asesino de Neto, el ex policía Lúcio Lirio, también fue condenado a 12 años de prisión.
Aunque este caso terminó con una sentencia, el 58% de los casos como estos a menudo no avanzan, según Artigo 19. Esto deja a los periodistas en situación de riesgo debido a sus actividades profesionales.
“Muchas veces un comunicador pone su propio cuerpo, su propia existencia en una situación hostil y difícil para la gente sepa lo que está pasando. Se enfrentan a escuadrones de la muerte. Se enfrentan a la criminalización, la violencia policial, abuso de autoridad, están en medio de tiroteos. Están allí […] Son Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra consciencia”, dijo Maria do Rosario, diputada y ex ministra de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia.
Los realizadores de “Impunidad mata” registraron los testimonios de varios colegas y familiares de Neto, la diputada Rosario, y miembros del Comité Rodrigo Neto, un grupo organizado por colegas del periodista para impulsar la investigación y el castigo a los responsables de su asesinato.
El documental describe la conmoción que los periodistas sintieron al saber de la muerte de Neto y el mensaje que éste dejó: las libertades de prensa y de expresión están amenazadas de muerte.
Fernando Bendito Jr., editor y miembro del Comité de Rodrigo Neto, dice en el documental que el clima en la región se asemeja al de la época de la dictadura: un movimiento en falso puede tener consecuencias letales.
Según Artigo 19, Brasil es uno de los tres países de América Latina con el mayor número de periodistas muertos en el mundo y ocupa el puesto 11 en el Índice Global de Impunidad 2014 del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés). Artigo 19 y los periodistas que aparecen en “Impunidad mata” tienen por objetivo investigar casos como éste para denunciar los crímenes contra periodistas.
El proceso burocrático para proteger a los periodistas es corrupto y complicado.
La protección a los periodistas es dada a nivel federal, sin embargo, las investigaciones de los homicidios se realizan a nivel estatal, de acuerdo con Maria do Rosario.
“Cuando no hay una supervisión federal, las investigaciones son locales. Los programas de protección son federales […] La investigación en sí, sin embargo, se hace a nivel estatal. Lo que hacemos muchas veces es solicitar acompañamiento federal, pero aún así seguimos necesitando una autorización del Estado”, dijo Rosario.
La participación de las partes en los diferentes niveles del gobierno complica el proceso. Además, si la investigación estatal se lleva a cabo por aquellos involucrados en el crimen, es poco probable obtener justicia.
Este tipo de burocracia permite que la impunidad en casos de violencia contra periodistas continúe creciendo.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
