El Comité Interinstitucional de Protección a Periodistas y los Trabajadores de la Comunicación, recientemente instalado por el gobierno ecuatoriano, debe gozar de independencia y contar con la activa participación de la sociedad civil, opinan organizaciones nacionales e internacionales.
El Comité fue instalado oficialmente el 31 de mayo en la sede de la Universidad Andina Simón Bolívar. La primera mesa de trabajo fue conducida por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia y a la reunión asistió la Federación Nacional de Periodistas y la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), informó El Comercio.
Su objetivo es implementar mecanismos de protección para los periodistas y trabajadores de la comunicación que por el desempeño de su labor puedan poner en riesgo su vida, integridad física y su libertad publicó EFE.
Las instituciones estatales que integran este Comité son el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y la Comunicación (Cordicom) y la Secretaría General de la Comunicación, informó EFE.
Si bien la iniciativa es considerada como un paso importante para que exista un diálogo con el gobierno, en la primera reunión no se invitó a todas las partes de la sociedad civil que propusieron su implementación.
La Fundación Andina para la Observación y Estudios de Medios (Fundamedios) y la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador (UNP), no fueron convocadas para la instalación del Comité.
No obstante, sí lograron asistir el 12 de junio al taller organizado por el Cordicom.
“El anterior gobierno quiso separar el ejercicio periodístico del ejercicio ciudadano. Hoy respondemos a esa deuda con aquellos que trabajan en la esfera informativa y su seguridad con la generación participativa de políticas públicas”, dijo Galo Cevallos, presidente del Cordicom, según el sitio oficial de esa entidad. También destacó la importancia del aporte ciudadano, académico y de organizaciones civiles, periodísticas, nacionales e internacionales en el taller.
En ese taller se definieron las situaciones de riesgo para periodistas en el ejercicio de su labor que considerará el Comité, quedando circunscritas a lo establecido por el Artículo 42.1 de la Ley Orgánica de Comunicación, reformada en febrero de 2019.
De acuerdo a la Ley, el Estado y los medios de comunicación protegerán a los trabajadores de la comunicación que se expongan a situaciones de riesgo relacionadas a cuatro temas específicos: corrupción, trata de personas, contrabando de mercaderías y tráfico de drogas.
“Para nosotros es un desacierto total. Reducir el riesgo para periodistas a cuatro riesgos penales es no reconocer que los principales riesgos y agresiones han provenido del Estado en los últimos 12 años”, dijo César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, al Centro Knight. “Esta metodología nos parece inadecuada por eso, y eso es lo que le hemos expresado al Cordicom”, agregó.
Sin embargo consideró la creación del Comité como un espacio de diálogo “importantísimo” con el Estado. Anteriormente, Ricaurte mostró su preocupación respecto de la parte operativa del Comité, la Secretaría Técnica, y su relación con el gobierno.
En el taller del 12 de junio se anunció que la Secretaría Técnica estará a cargo del Cordicom.
Collage fotográfico del equipo periodístico de El Comercio asesinado en 2018, de la cuenta de Twitter “Nos Faltan 3”.A partir del asesinato del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio, en abril de 2018, Fundamedios junto a otras organizaciones civiles, de medios y periodísticas iniciaron una serie de diálogos con el gobierno del presidente Lenín Moreno para proteger a los periodistas, contó el director de Fundamedios.
De acuerdo con Ricaurte, de estas conversaciones nació la idea de la creación de un comité interinstitucional del gobierno que incluya una Secretaría Técnica que no sea operada por el Estado sino por la sociedad civil.
Inicialmente se acordó con el gobierno, según Ricaurte, que la Secretaría Técnica esté en manos de la sociedad civil, por contar con una capacidad operativa y la debida independencia como para poder establecer una serie de propuestas, tanto para el sector estatal como para el sector privado.
Con la Secretaría Técnica en manos de una organización gubernamental como Cordicom, “ya no tenemos certeza de cuál va a ser el rol de la sociedad civil y de los periodistas. Sinceramente, mi impresión es que no hay mucha intención del gobierno de incluir a las organizaciones civiles”, lamentó Ricaurte.
Guadalupe Fierro, presidenta de la UNP, destacó en entrevista con el Centro Knight que el actual gobierno de Ecuador ha avanzado en varios aspectos relacionados a la protección de periodistas y trabajadores de la comunicación, sin embargo, considera que debe haber una respuesta clara de parte del Estado.
“Y en este caso, la respuesta clara debe ser el hecho de que se involucre a los periodistas en la construcción y seguimiento de estos temas. La parte operativa va a garantizar que haya un sistema de alertas tempranas frente al acoso, a la persecución, al hostigamiento al periodismo, y en general. Más allá de la buena voluntad de este gobierno, lo que nosotros queremos ver es que en lo sucesivo, para este gobierno y los siguientes, haya políticas claras respecto de este tema”, puntualizó.
Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo el 7 de junio en una entrevista con el Centro Knight --antes de anunciarse de que la Secretaría Técnica estaría a cargo del Cordicom-- que existe “un principio fundamental, y es que la sociedad civil tenga un nivel de participación en las distintas etapas que supone la determinación de medidas, como la evaluación del riesgo y la implementación de medidas de protección”.
La protección a los periodistas y trabajadores de la comunicación es “responsabilidad y obligación del Estado”, enfatizó el Relator Especial de la CIDH. “No le podemos poner a la sociedad civil la responsabilidad de proteger pero sí de participar en la evaluación, en la rendición de cuentas y en el seguimiento de estas medidas porque, en definitiva, son mecanismos complejos”.
Además de la complejidad del tema, Lanza alertó que la autonomía es importante porque en algunas ocasiones, las autoridades de distintos niveles del Estado pueden estar involucradas en los casos investigados de agresiones contra periodistas.
La presidenta de la UNP comentó que su organización presentará una propuesta concreta al Cordicom para que la Secretaría Técnica pueda realizar un seguimiento independiente de las agresiones a periodistas. “Porque si esta va a ser un órgano del gobierno, en realidad, el periodismo independiente no está garantizado para nada”, expresó.
Ricaurte recordó que durante la década del gobierno de Rafael Correa (2007-2017), Fundamedios alertó a la opinión pública que el discurso estigmatizante contra la prensa que se propagaba desde las más altas autoridades del gobierno ponían en riesgo al periodismo. A pesar de ello, señaló, no se habían enfrentado a un hecho de la naturaleza de lo que sucedió el año pasado con el equipo periodístico de El Comercio.
“Ecuador está en una transición después de una década de fuerte represión y ataque a la libertad de expresión y al trabajo de los periodistas y la prensa, y donde parte de esa política fue un absoluto desprecio hacia los temas que tienen que ver justamente con la protección y la seguridad de los periodistas, donde había ataques desde el propio gobierno, o de autoridades, y cuando había ataques por parte de terceros no había ningún tipo de protección”, señaló Lanza.
El Relator destacó el extraordinario trabajo que ha hecho la sociedad civil, los medios y los periodistas de Ecuador en buscar la creación de un mecanismo de protección a periodistas.
“Ningún mecanismo de protección es simplemente solo firmar un decreto”, advirtió Lanza. “Sí, lo normativo y los pasos institucionales son necesarios, pero no son suficientes muchas veces para que esto luego tenga un efecto en la toma de la decisión de adoptar medidas de protección y en la implementación de estas medidas. Por lo tanto, también, estamos a disposición para acompañar este proceso”, acotó.
La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia cambió recientemente de titular, estando ahora a cargo César Khalifé. Aún no se define la fecha de la segunda mesa de trabajo que estaba pensada para mediados de junio.
*El Centro Knight intentó sin éxito comunicarse con la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia y el Ministerio del Interior de Ecuador.
