Por FLIP - publicado originalmente en su sitio y revista digital.
Este texto compila algunos apartes de la edición #4 de la revista Páginas para la Libertad de Prensa de la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia. En ella, la FLIP hace un análisis de los cuatro años de gobierno del presidente Iván Duque quien entrega mandato este 7 de agosto.
“Should be hard lies” (debería ser mentiras duras). Con esta frase, el presidente Iván Duque cerró la entrevista con el periodista Stephen Sackur de la BBC de Londres, quien dirige el programa HARDtalk (Charla difícil) de ese canal. Durante doce segundos la cámara se alejó registrando un plano escorzo en el que Duque miraba con desconfianza a su entrevistador. La escena contiene tanta tensión que parece mucho más larga. Se trata de un instante que podría resumir cómo fue la relación durante cuatro años entre el gobierno saliente y el sector de la prensa que no estuvo de su lado: a la defensiva, la mayor parte del tiempo; hermética, según la estrategia, y, en algunas ocasiones, hostil.
En la entrevista, Duque dijo que en 2021 el país tuvo la cifra más baja de homicidios de los últimos cuarenta años: un dato falso, como le recordó el portal ColombiaCheck, que advirtió que la cifra de homicidios de 2021 fue la más alta de los últimos siete años. A pesar de que el entrevistador estaba informado y lo controvirtió, Duque insistió en repetir los datos que ya había dado en otras entrevistas y acusar de mentiroso al periodista.
Una reconstrucción de la relación Duque y medios da cuenta de que la receta se basó en la distinción binaria entre amigo-enemigo; con aquellos que consideró enemigos fue construyendo un muro inquebrantable, que prefería las autoentrevistas a las preguntas que él anticipaba incómodas. Al tiempo que se alejaba de la información que él no podía controlar se encargaba de engrosar su propia máquina de comunicaciones. Según las cifras que la Presidencia entregó en un derecho de petición, en 2018 el equipo de comunicaciones de Presidencia era de 15 personas, actualmente son 54.
Y no sólo amplió su equipo, también invirtió en publicidad oficial más de 45 mil millones de pesos [cerca de US $10.450.000], de la chequera pública, para mejorar su imagen y crear una narrativa paralela. En sus contrataciones de pauta buscó hacer monitoreos de medios, parametrizar usuarios de redes sociales, y, como fin último, posicionar su nombre e imagen en redes sociales, especialmente en momentos de crisis como la protesta social y la pandemia.
Todo esto ocurría mientras la violencia contra la prensa se intensificaba: en los cuatro años de Duque, se presentaron más de 750 amenazas a periodistas con el fin de censurarles o intimidarles; y cinco homicidios lamentables de periodistas con el fin de silenciar sus investigaciones y denuncias.
Este cuatrienio arroja un balance muy desalentador para la prensa: desde el 7 de agosto de 2018 hasta el 30 de junio de 2022 la FLIP registró cinco homicidios contra periodistas por su oficio y 628 amenazas contra medios y periodistas. La violencia está, en parte, ligada con el conflicto armado que se ha venido acrecentando durante estos últimos años y los grupos armados ilegales que amenazan y hostigan periodistas, pero también por una gestión opaca del gobierno, sus funcionarios y los miembros de la fuerza pública que agredieron y obstaculizaron el trabajo de quienes intentaban cubrirles.
En total en estos cuatro años registramos 1.232 ataques violentos contra la prensa. En 486 se desconoce la identidad de los agresores. Los agentes de la fuerza pública (302) son los segundos mayores atacantes de la prensa, de manera violenta, por encima de particulares con 207 casos, miembros de bandas criminales con 77 y disidencias con 61.
El cubrimiento de temas relacionados con orden público, la gestión de las administraciones locales y el gobierno nacional, la protesta social, las elecciones, el medio ambiente y la salud han sido los temas más sensibles relacionados con los ataques violentos en contra de periodistas y con mayor ocurrencia en Bogotá (314 agresiones), Antioquia (143), Valle del Cauca (100), Arauca (97) y Santander (57). Durante los cuatro años de la presidencia de Duque en estas regiones se registró un aumento de 182 casos de amenazas, desplazamiento y exilios, en comparación con los cuatro años anteriores.
Las agresiones durante las dos grandes jornadas de manifestaciones de 2019 y 2021 dan como balance un pico histórico. Desde el 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2022 la FLIP registró 511 agresiones a la prensa en el cubrimiento de manifestaciones. Sólo en los tres meses del Paro Nacional de 2021 la FLIP documentó más de 340 ataques y registró como mayor agresor a integrantes de la Policía Nacional con un alto nivel de impunidad. De los 25 casos de agresiones contra periodistas que monitorea la FLIP donde el agresor de la fuerza pública está plenamente identificado, tan solo ocho procesos se encuentran activos.
La violencia digital con el fin de silenciar a la prensa también se ha incrementado en los últimos años: desde el 7 de agosto de 2018 hasta el 30 de junio de 2022, la FLIP registró 248 amenazas y acosos contra la prensa en entornos digitales, principalmente a través de redes sociales y WhatsApp, esto representa el 39% del total de las amenazas registradas en este periodo.
La violencia en línea se ha caracterizado por venir en su mayoría de perfiles falsos y en este entorno son las mujeres periodistas las más afectadas por las violencias basadas en género, como el acoso a través de redes, los comentarios sexistas y misóginos y las campañas de desprestigio en redes.
Mientras la violencia contra la prensa incrementaba, las acciones de protección de parte del gobierno se debilitaban. Aunque el presidente Duque en sus primeros meses de gobierno anunció la reingeniería de la Unidad Nacional de Protección (UNP) como parte del Plan de Acción Oportuna (PAO) para, según dijo: articular, orientar y coordinar los diferentes programas de protección, recursos y respuestas de las distintas entidades entorno a la protección de líderes, defensores de derechos humanos y periodistas, esta terminó centrándose en cambios de forma y no de fondo. Factores priorizados como el análisis de contexto, la transversalización del enfoque de género y la transparencia en las decisiones que toma el Cerrem [Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas de la UNP] no fueron tomados en cuenta, ni tampoco los advertidos por las organizaciones sociales.
No solo hubo retrocesos en los procesos de evaluación e implementación de la UNP, su credibilidad fue cayendo cada vez más debido a la vulneración de la protección de datos personales e intimidad de los y las protegidas. A inicio de 2022 se conoció la instalación de dispositivos tecnológicos, tales como GPS, en los vehículos asignados para la protección de periodistas. Una acción que la UNP justificó, sin mucho detalle, como una medida para asegurar el buen funcionamiento y manejo de los esquemas de protección.
Este monitoreo, sin la autorización expresa de la persona titular de los datos y sin claridad sobre el manejo y uso de esa información produce una ruptura de la confianza que afecta la funcionalidad y propósito de las medidas de protección.
Las cifras y los testimonios evidencian la manera cómo el presidente ignoró las recomendaciones y llamados para atender con prontitud y eficacia la situación de seguridad de las y los periodistas y no hubo respaldos a la labor de la prensa de parte del gobierno nacional en momentos tan críticos como el de las manifestaciones sociales. Finalmente, Duque termina su mandato dejando a Colombia dentro de los cuatro países más peligrosos para ejercer periodismo de América Latina, según Reporteros Sin Fronteras.
