Entre 1995 y 2018, 64 comunicadores – periodistas, locutores de radio y blogueros – fueron asesinados en Brasil por motivos relacionados con su profesión. En la mitad de estos casos, los responsables fueron identificados y la denuncia presentada por el Ministerio Público (MP) ante la justicia. Sin embargo, 16 continúan con la investigación abierta, mientras que siete ya fueron cerrados sin haber sido solucionados.
Estos son algunos de los datos presentados en el informe “Violencia contra comunicadores en Brasil: un retrato de las investigaciones en los últimos 20 años” elaborado por la Estrategia Nacional de Justicia y Seguridad Pública (Enasp), órgano conjunto del Consejo Nacional del Ministerio Público (CNMP), del Ministerio de Justicia y del Consejo Nacional de Justicia (CNJ).
El informe fue lanzado el 30 de abril en la sede del CNMP, en Brasilia, en una celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, celebrado mundialmente el 3 de mayo. Es la primera vez que datos oficiales del Estado brasileño sobre procesos judiciales de homicidios de comunicadores se reúnen en una única publicación, según afirmó el CNMP.
Raquel Dodge (centro), Procuradora General de la República y presidente del Consejo Nacional del Ministerio Público, en el lanzamiento del informe "Violencia contra comunicadores en Brasil: un retrato de las investigaciones en los últimos 20 años". (Foto: Sergio Almeida / CNMP).
El informe presenta la situación actual de las investigaciones y de los procesos judiciales de los 57 casos en que fue posible obtener información. De estos, 32 son considerados “solucionados”, pues las circunstancias fueron constatadas y los responsables fueron denunciados ante la justicia por el ministerio público, aunque eso no significa que el juicio se haya realizado y que los acusados hayan sido condenados.
Sin embargo, según el documento, “el ofrecimiento de la acción penal [por parte del Ministerio Público] sigue siendo el mejor indicativo de la capacidad de esclarecimiento de un crimen y de la efectividad de la investigación realizada”.
Otros 16 casos están “en marcha”, con la investigación policial todavía abierta. Entre estos, se encuentran asesinatos ocurridos hace más de cinco años, como el de Jeolino Lopes Xavier, muerto el 27 de febrero de 2014 en Teixeira de Freitas, en Bahía. Según el informe, él “actuaba como reportero policial de la radio Caraípe FM y era el fundador del Portal N3”. El 12 de marzo de 2019, fecha de la última información encontraba por la Enasp, la investigación sobre el caso de Xavier aún estaba abierta en la comisaría.
Dos casos fueron considerados “parcialmente solucionados”: el de Manoel Leal de Oliveira, muerto el 14 de enero de 1998 en Paulo Afonso, en Bahía, y el de Luiz Otávio Monteiro, muerto el 29 de diciembre de 1998 en el estado de Amazonas. En estos, los presuntos autores materiales fueron denunciados, pero los autores intelectuales no fueron identificados, de acuerdo con el informe.
Siete casos se consideraron “no solucionados” debido a que la investigación se cerró sin identificar a los responsables del crimen.
“La casi totalidad de los actos violentos analizados ocurrió lejos de los grandes centros urbanos, involucrando a periodistas, profesionales de prensa y comunicadores autónomos o pertenecientes a pequeños grupos de medios, muchos de ellos blogueros y periodistas radiales”, afirma el documento. Esto contribuiría a la impunidad de los casos porque acaban teniendo poca repercusión y porque los policías “en los rincones del país” poseen deficiencias estructurales, como pocos recursos humanos y materiales para hacer su trabajo, evalúa el informe.
Los asesinatos computados por el informe tuvieron lugar en 19 de las 27 unidades federativas de Brasil. Río de Janeiro aparece como el estado más letal para los comunicadores, con 13 asesinatos en el periodo analizado. Le siguen Bahía con siete y Maranhão con seis. En la región sur, solamente Paraná registró asesinatos de comunicadores con dos ocurridos en ese estado.
El fiscal Emmanuel Levenhagen Pellegrini, uno de los autores del informe, dijo a la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (Abraji, por su acrónimo en portugués) que “en este primer momento, el informe servirá de fuente de información para que los ministerios públicos estatales y la sociedad civil presionen por una mayor celeridad en el juicio de estos casos, si se estima necesario”.
En diciembre de 2018, Pellegrini habló con el Centro Knight sobre la propuesta de recomendación para que los Ministerios Públicos del país prioricen la persecución penal de los casos de crímenes contra la vida de comunicadores, presentada en mayo del año pasado durante reunión del CNMP. La propuesta fue abordada en el evento de lanzamiento del informe por Raquel Dodge, presidente del CNMP y Procuradora General de la República, quien dijo que la propuesta será votada por el plenario del CNMP pronto, según informó Abraji.
