Un encuentro celebrado en São Paulo a principios de diciembre reunió a comunicadores, organizaciones por la libertad de prensa y representantes del Estado para debatir las amenazas enfrentadas por la prensa, las medidas que el Estado viene tomando para combatir la impunidad en los casos de violencia contra trabajadores de los medios y los próximos pasos para el lanzamiento de una red de protección a comunicadores en Brasil.
El Encuentro Nacional de Protección a Comunicadores tuvo lugar en São Paulo los días 4 y 5 de diciembre y fue organizado por el Instituto Vladimir Herzog, Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras (RSF), Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (Abraji, por su acrónimo en portugués) y el colectivo Intervozes.
El evento reunió a cerca de 50 personas de 11 estados brasileños para profundizar el debate sobre la violencia contra comunicadores y articular una red de protección a estos profesionales que cubra los diversos contextos comunicacionales del país, dijo Artur Romeu, de RSF, al Centro Knight.
Valério Luiz Filho (Instituto Valério Luiz), Emmanuel Pellegrini (MPF), Raiana Falcão (MDH) y Andrew Downie (CPJ) durante el encuentro en São Paulo. (Foto: Marina Atoji / Abraji).En el primer día del encuentro, comunicadores de varias regiones de los países participaron de mesas temáticas con miembros de las organizaciones y con representantes del Estado. Buba Aguiar y Gizele Martins, de Rio de Janeiro, Cláudio André, de Pernambuco, Cristina Góes, de Sergipe, y Valério Luiz, de Goiás, informaron sobre caso de censura, criminalización y violencia e impunidad en crímenes que los afectaron a ellos como comunicadores.
“Trajimos las principales violaciones que observamos con relatos en primera persona de casos emblemáticos, para personalizar y generar esa identificación, que funcionó bien con los participantes”, contó Marina Atoji, gerente ejecutiva de Abraji, al Centro Knight. “Cuando hablamos de censura o criminalización, parece una cosa muy etérea. Pero cuando contamos una historia y lo colocamos en la figura de alguien, eso tiene una fuerza mayor”.
Los representantes del Estado, dijo Atoji, trajeron “la visión del Estado como creador y ejecutor de política pública”. Entre los participantes estaban Carlos Weis de la Oficina del Defensor Público del estado de São Paulo, Emmanuel Pellegrini de la Oficina de la Fiscalía General (MPF), y Raiana Falcão del Ministerio de Derechos Humanos (MDH) y coordinadora general del Programa de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Comunicadores Sociales y Ambientalistas.
Falcão les presentó a los asistentes cómo funciona el programa del MDH, que en septiembre pasó a incluir a los comunicadores amenazados como receptores de protección por parte del mecanismo.
“La mayoría de los participantes [del evento] era comunicadores populares. Ellos simplemente desconocían la existencia del programa de protección y que ellos podrían beneficiarse de eso”, contó Atoji. “Varios se informaron cómo funcionaba en el estado de ellos, a qué órganos recurrir, lo que fue una contribución bastante importante”.
Pellegrini, miembro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (Enasp) del Consejo Nacional del Ministerio Público (CNMP), llevó informaciones sobre una encuesta que está siendo realizada por la agencia sobre los caminos que se llevan los casos de homicidios de periodistas. Este mapeo está analizando asesinatos de comunicadores ocurridos en Brasil en los últimos 20 años – plazo máximo de prescripción del crimen, explicó Pellegrini al Centro Knight. Se estima que se han producido entre 35 y 40 casos en el país durante ese periodo.
“Estamos haciendo un mapeo bastante analítico, con fecha del crimen, si hay investigación, en qué estado está la investigación, si los responsables ya fueron procesados criminalmente, quiénes son ellos, si hubo división de los casos, si ya hubo condenas, si ellos fueron absueltos”, dijo el fiscal.
El objetivo de esta encuesta es identificar las causas de impunidad y dar elementos para que el Ministerio Público pueda actuar para solucionar los problemas identificados en estos casos.
“No sirve de nada hablar de impunidad sin revisar en dónde se encuentran las causas de ella: ¿están en la investigación? ¿En la tramitación del proceso penal? ¿Hay presión sobre juristas o sobre un tribunal específico? Necesitamos verificar dónde está el problema, de lo contrario no vamos a poder solucionar el hecho de que algunos casos queden impunes”, aseguró.
Según Pellegrini, el Ministerio Público está en un “lugar privilegiado” para tratar este tema, pues “solo los fiscales tienen acceso tanto a la fase de investigación – pues corresponde a él hacer el control externo de la actividad policial y exigir que la autoridad policial de hecho investigue ese crimen – como al aparato judicial y puede dirigirse al juez que lleva el caso”.
La investigación se inició en el primer semestre de este año y debe ser finalizado hasta principios de marzo de 2019. Al ser concluido, será publicado en un informe y puesto a disposición como un banco de datos público, configurando una estadística oficial sobre impunidad en homicidios de comunicadores Brasil.
Pellegrini también habló sobre la propuesta de recomendación al CNMP para que sea priorizada la persecución penal en los casos de crímenes contra la vida y la integridad física y amenazas contra periodistas, profesionales de prensa y comunicadores en Brasil que se den en el ejercicio de la profesión o en razón de ella, presentada en mayo durante reunión del CNMP. La propuesta, avalada por la presidente del CNMP y procuradora general de la República, Raquel Dodge, aún no ha sido votada por el órgano.
“Es una propuesta que yo creo que será aprobada, pues la mayoría de los consejeros son bastante sensibles al tema. Si se aprueba, estoy seguro de que esa cuestión [de la impunidad] tiene todo para ser sustancialmente resuelta, pues sería un paso bastante grande al frente”, evaluó Pellegrini.
Este trabajo viene siendo realizado en una asociación del CNMP, por medio de Enasp, con la oficina de la Unesco en Brasil, como informó Abraji, y también tiene el objetivo de sensibilizar a los miembros del Ministerio Público para la importancia de priorizar la persecución penal de crímenes contra comunicadores.
“Estos casos no son solo un homicidio, sino una afrenta directa a la libertad de expresión. Es un ‘cállese la boca’ al comunicador, un intento de callar aquella voz”, dijo el fiscal.
Artur Romeu (RSF), Buba Aguiar (Fala Akari), Cláudio André (bloguero y periodista radial de Bom Conselho, PE). (Foto: Marina Atoji / Abraji).Lanzando una red de protección
El objetivo principal del encuentro fue “impulsar la creación de una red de comunicadores en torno a esa agenda de violencia contra periodistas en el país”, dijo el representante de RSF. Meta alcanzada: en el segundo día del evento, se formaron grupos de trabajo entre los comunicadores presentes, que van a trabajar juntos para establecer la organización de la red y su funcionamiento.
El propósito de la iniciativa es estructurar “una red de visibilidad, solidaridad y respuesta a casos de violencia y violación a la libertad de expresión en el país que sea más reactiva, más fuerte, más organizada, para poder tener una fuerza de presión más estructurada y coordinada” , explicó Romeu.
Según él, el encuentro reunió experiencias muy diversas de profesionales que se dedican a la comunicación y al periodismo en diferentes contextos y de maneras distintas: “periodistas profesionales que actúan en grandes redacciones; personas que tienen una página en Facebook hiperlocal, que actúan con herramientas del periodismo y que se dedican a denuncias de violaciones de derechos humanos y de abusos del Estado; blogueros de Pernambuco; periodistas radiales del interior del Nordeste”, enumeró.
Esta diversidad mostró que los tipos de violencia que afectan a un comunicador en una favela de Río de Janeiro, un periodista radial del interior de Pernambuco y un periodista de una gran redacción de São Paulo son diferentes, también variadas a depender de marcadores de identificación del comunicador: género, raza, origen, comentó Romeu.
“El hecho es que quien trabaja sobre temas sensibles, principalmente a nivel local, que involucran pisar los callos de diferentes estructuras de poder, sean políticas o económicas, se ve con mucha frecuencia ante posibles represalias”, aseguró. Y esa constatación también ayudó a construir entre las personas que participaron en el encuentro un sentido de que no están solas.
“Ellos no están enfrentando un problema que es con ellos a nivel individual; estamos hablando de algo estructural, sistémico en Brasil”, observó el representante de RSF. “Levantar estas cuestiones también ayuda a sentir la necesidad de una respuesta que sea colectiva. No es cada uno tratando de encontrar una solución en su campo, sino tratar de encontrar soluciones a través de incidencia política, visibilización, presión en las autoridades públicas, junto al Estado, pensar estrategias de combate a la impunidad; hacer un frente y conseguir una respuesta colectiva a ese problema que es sistémico”.
La idea es que ese frente, organizado en la red de protección, reúna comunicadores de todo el país, incluso aquellos que no están especialmente dedicados al combate a la violencia contra periodistas.
A lo largo del próximo trimestre, los grupos de trabajo establecidos en el encuentro van a construir una carta de principios que va a guiar la actuación de la red, explicó Atoji. También se piensa qué “herramientas la red va a poner a disposición para los comunicadores y para sí misma; si vamos a tener un sitio para recibir denuncias y poner a disposición los datos que recogemos”, afirmó.
También se decidirá qué recursos se ofrecen para comunicadores amenazados. “Pensamos desde establecer puntos en que los comunicadores puedan refugiarse cuando sean amenazados, alternativas de desplazamiento, de remoción de la persona del lugar mismo”, dijo la gerente ejecutiva de Abraji. “También pensamos en entrenamiento de seguridad para comunicadores populares, especialmente, desde seguridad digital a la seguridad física”.
La red también debe estructurar formas de actuar en el ámbito jurídico, como soporte a comunicadores accionados ante la justicia o un fondo para ayudar a cubrir los costos con procesos o indemnizaciones, condenas recurrentes para comunicadores procesados por difamación.
Los grupos deben reunirse nuevamente en marzo de 2019 para debatir los puntos trabajados y lanzar la iniciativa oficialmente. La red está abierta a todos los comunicadores interesados, no solo a quienes participaron del encuentro en São Paulo. Para obtener más información y adherirse, basta con ponerse en contacto con una de las organizaciones: Abraji, Artículo 19, Instituto Vladimir Herzog, Intervozes, Reporteros Sin Fronteras.
Pero esa red no pertenece a esas entidades, explicó Romeu. “Es realmente un intento de aproximar a otras organizaciones, colectivos y comunicadores para que se involucren con ese debate y se apropien de esa iniciativa. Porque si no tiene esa apropiación, [la red] muere en la playa”, afirmó.
“La gente tiene que involucrarse con el tema. Lo que sentimos es que hay mucha demanda, se ha reconocido lo importante que es hacer ese debate en ese momento, cómo es necesario un nivel de solidaridad, entender las especificidades de actuación de cada organización y cada territorio diferente, con sus características. Hay una demanda clara e interés de ese grupo de estar más articulado, más cercano, de pensar acciones conjuntas. Cómo esto va a suceder concretamente es algo que va a ser diseñado todavía”, aseguró Romeu.
