En un ambiente hostil para la prensa, con detenciones arbitrarias, censura y represión gubernamental, las organizaciones de verificación de datos en Venezuela decidieron unirse en un esfuerzo colaborativo para verificar hechos y combatir la desinformación de cara a las elecciones legislativas del 6 de diciembre.
La alianza, denominada Venezuela Verifica, reúne a chequeadores de siete organizaciones, bajo la coordinación del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela). La iniciativa, anunciada en una serie de eventos en línea en la última semana de octubre, está inspirada en proyectos similares que tuvieron lugar en Colombia, Argentina, Brasil y México.
Los siguientes medios participan en la alianza: Cocuyo Chequea (Efectococuyo.com), ObserVe (Ininco-Universidad Central de Venezuela), CotejoInfo y Observatorio de Fake News (Medianálisis.org), Cazadores de Fake News, EsPaja (Transparencia Venezuela) y Chequéalo (ElDiario.com). También apoyan la iniciativa el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Probox y EsTendenciaVzla.
En un principio, el grupo dará a conocer las verificaciones en los sitios web y redes sociales de las organizaciones miembro, pero hay planes para crear su propio portal para la alianza, que servirá como repositorio de todo el contenido producido. También en esta primera etapa, el objetivo es ampliar la audiencia de las verificaciones, lo que será realizado individualmente por las organizaciones.
Eugenio Martínez, coordinador de Cocuyo Chequea, la unidad de verificación de datos del medio venezolano Efecto Cocuyo, dice que la unión de medios es fundamental para combatir la desinformación. Según él, la información falsa llega a una audiencia más amplia, más rápido y con más impacto los chequeos, porque refuerza las creencias previas de las personas. “La desinformación es sexy y la verificación es antipática”, resumió Martínez en una entrevista con LatAm Journalism Review (LJR).
En este contexto, es fundamental aumentar la audiencia de verificaciones. “No es igual que una nota salga en un portal al que salga en diez al mismo tiempo”, explicó. “En un país donde los recursos tanto económicos como de mano de obra son limitados, no es igual que todos los proyectos por separado traten de verificar el mismo tema a que simplemente uno de los aliados verifique un tema y todos los demás verifiquen otros. Esa colaboración [...] es ideal para poder maximizar esfuerzos y el uso de recursos financieros y tecnológicos”, agregó.
Si en esta primera etapa el enfoque es ampliar la difusión de contenidos, en una segunda, los medios pretenden trabajar en verificaciones conjuntas, según la periodista especializada en economía y finanzas Marianela Palacios Ramsbott, de IPYS Venezuela, coordinadora y cofundadora de la alianza.
Antes de pasar a la segunda etapa, el grupo debe resolver un desafío inicial, que es estandarizar los parámetros de verificación. Así, la alianza tiene que ajustar y adaptar las diferentes metodologías de verificación de datos, así como las etiquetas que utiliza cada organización para clasificar el contenido en verdadero, falso, etc.
“Por el momento, cada uno va a mantener sus maneras de hacer las cosas. También está contemplada la posibilidad de que más adelante lleguemos a hacer verificaciones conjuntas sobretodo cuando se necesite mayor profundidad y alcance nacional. Como tenemos representantes en diversos estados del país, esa amplitud de representación en el territorio nacional es una de las fortalezas de trabajar de forma aliada”, dijo Palacios a LJR.
La iniciativa empezará a publicar los primeros artículos en noviembre, pero el objetivo es que pueda continuar en 2021. “Estamos viendo cómo podemos caminar juntos, de manera que ese primer evento nos sirva para calentar, como globo de ensayo, de lo que podemos hacer en otros escenarios que se vayan presentando”, dijo a LJR Víctor Amaya, director de la organización venezolana de verificación de datos EsPaja.com y cofundador de la alianza Venezuela Verifica.
Amaya explicó que la opción de lanzar una cooperación centrada en el periodo electoral, que puede parecer obvia en otros países, no es tan sencilla en Venezuela hoy. “Lo podemos calificar de elecciones o no, porque esa es una de las grandes discusiones políticas en Venezuela, quienes reconocen o no reconocen esta elección. Pero independiente de eso, hay una campaña electoral que va a desembocar en este evento. Y en ese evento ahí tenemos la mirada puesta”, dijo.
Martínez, de Cocuyo Chequea, señala que esta elección será “muy particular” porque, entre otras razones, la oposición se negó a participar, argumentando que el proceso será amañado en beneficio del Partido Socialista, que gobierna el país. Además, la Unión Europea solicitó que se pospusiera la elección, como condición para enviar una misión de seguimiento de la votación, pero la solicitud fue denegada por el gobierno de Nicolás Maduro.
“El proceso del 6 de diciembre en Venezuela es muy particular, [...] desestimado por buena parte de la comunidad internacional occidental, por las principales democracias de la región y de Europa”, dijo Martínez. Otro tema inusual en las elecciones es que la oposición convocó a una consulta popular entre el 5 y el 12 de diciembre, para que los ciudadanos puedan decir si están de acuerdo o no con las elecciones parlamentarias. Y la alianza tiene la intención de mantener el esfuerzo de verificación durante esa consulta.
“El proyecto no está pensado solamente para las parlamentarias del 6 de diciembre, sino que tiene que ir mucho más allá, porque son dos eventos que prácticamente están compitiendo entre sí, por decirlo de esa manera, en cuanto a la escasa información que se está ofreciendo sobre cómo se organizan, donde los ciudadanos terminan lamentablemente confundidos”, dijo Martínez.
En este escenario, el tipo de chequeos que realizan las organizaciones de verificación de datos también será diferente de las verificaciones en una elección común, explicó Martínez. En lugar de desacreditar los rumores sobre los métodos de votación, por ejemplo, cree que el enfoque de estas estará en la participación popular en las elecciones. En otras palabras, el esfuerzo colaborativo servirá menos para orientar a los votantes sobre cómo votar y sobre los candidatos, como podría suceder en elecciones en otros países, y más para aclarar las consecuencias de las elecciones para el país, dijo Martínez.
Hay otro componente que hace diferente este esfuerzo colaborativo: la dificultad de acceder a la información pública en Venezuela. Según Palacios, el gobierno no divulga regularmente datos macroeconómicos básicos, por ejemplo. Existe una falta de transparencia y una cultura de responsabilidad por parte de las autoridades.
“Realmente la limitación de data publica aquí en Venezuela es una de las peores en América Latina. En un país con tan poca información pública oficial disponible, con portales completamente desactivados, sin tener informaciones estadísticas primarias, que en cualquier otro país del mundo es lo normal, [...] complica mucho más el trabajo de fact-checking. Pero aun así muchos periodistas, muy buenos periodistas, están haciendo su trabajo”, dijo.
Para Martínez, la falta de información confiable significa que cada organización de verificación de datos, antes de iniciar sus verificaciones, debe desarrollar su propia base de datos, con su propia metodología para monitorear temas como la hiperinflación, por ejemplo. “Tenemos unos requerimientos iniciales que probablemente otros proyectos en otras partes del mundo no tienen”, aseguró.
Amaya destacó otros desafíos que surgen con la falta de datos públicos. Una es que es muy raro tener documentos o enlaces que se puedan insertar y usar en los materiales, algo extremadamente importante para muchas metodologías de verificación de datos, que buscan publicar toda la información utilizada en la verificación, para que el lector pueda rehacer y comprobar el chequeo.
“Muchas veces el dato oficial que se tiene es simplemente por una declaración, pero no por un informe oficial que uno pueda chequear, leer al completo, o descargar. Muchas veces los factores de verificación terminan siendo las propias declaraciones de personas del gobierno que terminan contradiciéndose entre ellos mismos, incluso cuando es la misma persona [que se contradice], que también ha pasado”, dijo Amaya.
La ausencia de datos públicos también obliga a los verificadores a buscar fuentes alternativas, principalmente organismos internacionales, como agencias de la ONU u OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo). Según Amaya, estas organizaciones reciben información del gobierno venezolano que no se divulga dentro del país, pero que se utiliza al hacer las verificaciones.
Otra dificultad, según el periodista, es conseguir que las fuentes mantengan sus declaraciones “on the record”, porque el miedo a aparecer en una historia es muy grande. Y esto, para las organizaciones de verificación de datos, es fundamental porque muchas tienen por regla general no trabajar con declaraciones anónimas ni información off the record. “Aunque tengamos la información, necesitamos que todo el mundo esté identificado, y a veces eso es un factor complicado para cerrar un trabajo”, dijo.
Con todas estas barreras para acceder a la información, el trabajo de la alianza se vuelve aún más importante, cree Amaya. Señaló que, en el país, el ecosistema mediático se ha visto afectado y la libertad de prensa se ha deteriorado, con el cierre de 65 periódicos en los últimos años.
“Hay estados de Venezuela donde no existe la prensa escrita. Han desaparecido los programas de opinión, entrevistas e informativos, tanto en radio o televisión, excepto los espacios que están básicamente afiliados al sistema de medios públicos y por tanto controlados desde el poder con la narrativa oficialista. Medios por tanto que están sujetos a las políticas de propaganda del oficialismo, donde también hemos detectado mucha acción de desinformación desde el poder central”, explicó Amaya.Dijo que la extinción de muchos periódicos tradicionales en Venezuela estuvo acompañada de la aparición de nuevos medios digitales, pero que es difícil que estos medios en línea lleguen a la audiencia. “Tenemos unas de las velocidades de internet más bajas del continente. Y además se han perdido muchas capacidades de conexión. En los últimos años se han perdido hasta 7 millones de líneas celulares, que habían en Venezuela con respecto a una década atrás. En todo caso, que la gente se mantenga informada es todo un reto, no es tan fácil como puede ser en otras partes: ‘bueno, voy a la prensa y leo’. ¿Qué pasa si no encuentras prensa que leer?”, destacó.
En este ecosistema mediático cada vez más propicio para los medios oficialistas y dentro de una sociedad polarizada, las organizaciones de verificación de datos ayudan a “sacar a los ciudadanos de este domo informativo”, dijo Martínez. Para él, muchas personas están informadas por las redes sociales en el país, lo cual es peligroso, porque reciben solo una visión limitada de la realidad. “Venezuela lamentablemente ya no tiene medios que generan opinión pública, sino tiene sectores que se retroalimentan entre sí a través de las redes sociales”, aseguró.
Todo esto hace del país un campo fértil para la difusión de noticias falsas, especialmente en el periodo electoral, dijo Palacios. “Básicamente el objetivo de los desinformantes, sobretodo cuando tienen un poder que tiende al totalitarismo y el control casi hegemónico de medios, es desactivar políticamente al adversario. Y por eso es tan importante que alianzas, como Venezuela Verifica, entren al juego para hacer de alguna manera un contrapeso de ese mar de falsedades que circula diario”.
Palacios agregó que el proyecto busca financiamiento para 2021 y que las organizaciones interesadas en unirse o apoyar a la alianza pueden contactarles por correo electrónico venezuelaverifica@gmail.com.
Este artículo fue escrito originalmente en portugués y traducido por Silvia Higuera.