Un mes después de que el Tribunal Constitucional peruano diera un golpe duro a quienes buscan justicia para periodistas asesinados durante el conflicto interno del país, una sala penal del país concedió prisión para uno de los hombres más poderosos de Perú en la década de los 90, Vladimiro Montesinos, por el crimen de una periodista.
Montesinos, exasesor del presidente Alberto Fujimori y jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), fue sentenciado a 20 años de prisión por el delito de homicidio calificado al ser responsable de enviar los sobres bomba a personas consideradas contrarias al régimen de Fujimori. En el caso en juicio estaba incluido el asesinato de la periodista Melissa Alfaro y el ciudadano Víctor Hugo Ruiz León ocurridos en 1991.
Alfaro, quien para 1991 fungía como jefa de informaciones del semanario Cambio, abrió uno de estos paquetes con explosivos que iba dirigido al director del semanario, Carlos Arroyo.
“Recién acabando de procesar este momento tan importante que se hizo esperar tantos años, pero que al fin se dio”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) Norma Méndez, madre de Alfaro, un día después de conocerse la sentencia. “Esta condena también prueba que fue una política del Estado, en ese momento asumida por Alberto Fujimori, a quien no se le menciona porque falleció mientras se aperturaba este juicio”.
Montesinos también fue hallado culpable de homicidio calificado en grado de tentativa del defensor de derechos humanos Augusto Zúñiga Paz, el entonces parlamentario Ricardo Letts Colmenares y el periodista Carlos Arroyo.
En la decisión de primera instancia, no obstante, se absolvió al excoronel Víctor Penas, acusado de ser el autor material.
“Apelaremos. Porque los sobres no se hicieron solos ni caminaron solos hacia las víctimas”, dijo Méndez.
Periodista peruana Melissa Alfaro. (Foto: Cortesía familia de Melissa)
La sentencia fue recibida con satisfacción por organizaciones defensoras de derechos humanos y gremios periodísticos, especialmente por el momento de regresiones que vive Perú en materia de justicia.
“Esta sentencia es, ante todo, un acto de justicia para los familiares de la periodista Alfaro”, dijo a LJR Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL). “Pero, además, constituye un mensaje de lucha contra la impunidad en momentos en los que el poder político ha ejecutado todo tipo de actos políticos y legislativos justamente para dejar en la impunidad este tipo de crímenes horrendos perpetrados desde las posiciones de poder que tenían los perpetradores”.
Y es que justamente un mes antes de esta sentencia, el 20 de febrero, el Tribunal Constitucional del país, anuló la condena del militar retirado y exministro Daniel Urresti, quien había sido condenado en el año 2023 a 12 años de prisión por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.
Según la justicia peruana, Bustíos fue asesinado por una patrulla militar en noviembre de 1988 en Ayacucho, una de las zonas que vivió con más fuerza el conflicto armado. Urresti ejercía como jefe de inteligencia de la base de la provincia de Huanta, Ayacucho.
Su caso era el que más había avanzado en términos de justicia en relación de crímenes contra periodistas ocurridos durante el conflicto armado. Toda la cadena criminal había sido condenada.
Sin embargo, en febrero el Tribunal Constitucional decidió aceptar aplicar la Ley 32.107, que establece que los delitos no pueden ser considerados crímenes de lesa humanidad si ocurrieron antes de 2002. Al tomar en cuenta la llamada popularmente “Ley de Impunidad”, el Tribunal consideró que el crimen contra Bustíos ya había prescrito al momento de la condena, explicó Rivera quien también es el abogado de la familia Bustíos.
El uso de la Ley 32.107 era también una preocupación en el caso de Alfaro porque había sido pedido por la defensa de Montesinos, sin embargo, una sala penal de la Corte Superior Nacional inaplicó dicha ley.
“Es un mensaje muy importante del sistema de justicia frente al poder político y el congreso en particular, porque a pesar de la Ley 32.107 el tribunal ha declarado infundada la excepción de prescripción que había presentado la defensa de Vladimiro Montesinos”, dijo Rivera.
La Asociación Nacional de los Periodistas de Perú (ANP), organización que también ha acompañado a familiares de periodistas víctimas durante el conflicto armado, mostró su satisfacción por la decisión.
“Es un paso clave para lograr la justicia plena, pero todavía falta”, dijo a LJR Zuliana Lainez, presidenta de la ANP. “Teníamos muchas dudas de que se logre porque estamos además en un momento de regresión en temas de justicia, de derechos humanos, donde se inventan prescripciones a lo sucedido entre el 80 y el 2000”.
Lainez, no obstante, dijo que la absolución de Penas deja muchas dudas. Aseguró que desde la ANP están a la espera de la notificación de sentencia para conocer el argumento legal que concedió esta absolución.
Al tratarse de una decisión de primera instancia, Lainez sabe que la defensa de Montesinos apelará y por eso darán seguimiento a esta y la apelación de la absolución del excoronel Penas.
“Pero esto por lo menos es un signo positivo de cara a conseguir justicia plena”, dijo Lainez. “Es un primer buen paso que por lo menos es esperanzador en un contexto de regresiones”.
