Un estudio comparativo sobre los mecanismos de protección de periodistas de Brasil, Colombia, Honduras y México encontró “graves problemas” y “fallas estructurales” que impiden el buen funcionamiento de estos órganos estatales.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) examinó los cuatro países, ya que estos concentran el 90 por ciento de los asesinatos de periodistas registrados por RSF en América Latina en la última década. Hubo 134 profesionales de la comunicación asesinados en estos países entre 2012 y 2021, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) Bia Barbosa, investigadora responsable del estudio, presentado en el informe “Bajo Riesgo”, disponible en portugués y en español.
“Son países donde los índices de violencia contra comunicadores siguen siendo preocupantes, o sea: en esta década estos asesinatos no han disminuido, al contrario. A pesar de la creación y existencia de estos mecanismos de protección durante este periodo, los periodistas y comunicadores continúan siendo asesinados”, dijo. “De ahí la importancia de analizar cómo los Estados de Colombia, México, Honduras y Brasil están respondiendo a estos alarmantes índices de violencia”.
Investigadora Bia Barbosa (Cortesía)
Barbosa señala que el estudio “muestra un panorama muy preocupante en relación con estas políticas de protección, considerando que también fueron asesinados periodistas protegidos, beneficiarios de estos mecanismos”. Así sucedió recientemente en México, donde al menos cinco periodistas fueron asesinados apenas a principios de 2022, y dos de ellos estaban inscritos en el mecanismo de protección al momento de su muerte. Además de ellos, otros dos que sobrevivieron a intentos de asesinato durante este periodo también están bajo la protección del mecanismo federal mexicano.
En los cuatro países, los mecanismos de protección a periodistas “atienden las denuncias de las víctimas de amenazas, realizan evaluaciones de riesgos, debaten las necesidades y los tipos de medidas que deben adoptarse y ponen en marcha planes de protección y acompañamiento de los solicitantes”, señala el informe.
Una vez inscrito en el programa, el periodista está oficialmente bajo protección del Estado, y las medidas de protección pueden incluir escolta armada, provisión de vehículos blindados, chalecos antibalas y “botones de pánico” para un contacto rápido con las fuerzas de seguridad en caso de amenaza inminente, así como la reubicación de los periodistas en otra ciudad.
RSF considera que los mecanismos “constituyen una respuesta necesaria” a la violencia contra periodistas y comunicadores y han aumentado la capacidad de los Estados para “asumir su obligación de proteger a este segmento extremadamente vulnerable de la población”.
“El simple hecho de que existan estos programas garantiza, en el seno mismo de estos cuatro gobiernos, un espacio dedicado a las denuncias y a la puesta en marcha de medidas específicas para garantizar la integridad física de los individuos amenazados. En definitiva, estos programas de protección han llevado a los países a adoptar medidas concretas e indispensables para preservar la vida de centenares de periodistas”, señala el informe.
Sin embargo, el estudio identificó “graves problemas y deficiencias que obligan a realizar, a la mayor brevedad, cambios” para garantizar la efectividad de los mecanismos de protección. Entre los “fallos estructurales importantes” señalados por RSF se encuentran el hecho de que los mecanismos “dependen de instituciones ineficaces (policía, ejército, justicia); las metodologías de análisis de riesgo no tienen siempre en cuenta las especificidades de la labor periodística; las medidas de protección son inadecuadas o se aplican demasiado tarde; los recursos humanos y financieros son insuficientes”.
Además, todos los mecanismos analizados ignoran las especificidades de la violencia contra las mujeres periodistas en la región, que a menudo también está impulsada por la misoginia combinada con la hostilidad hacia las profesionales. Más grave aún, en Colombia hubo incluso más de una denuncia de violación a periodistas beneficiarias del programa de protección, perpetrada por miembros de la escolta que se suponía debía protegerlas, informa el estudio.
Contexto político
Para Barbosa, la coyuntura política de los países “es un factor clave, tanto para aumentar los riesgos para los periodistas que cubren temas sensibles, así como garantizar o no las condiciones para su protección”.
“Varios de los países analizados muestran un escenario en el que las autoridades a nivel local, estatal o federal se encuentran entre los principales responsables de las agresiones practicadas contra los comunicadores, ya sean agresiones verbales e intimidaciones que terminan legitimando acciones de otros grupos, políticos o no, en el país, incluso agresiones físicas que reportaron los periodistas que entrevistamos en esta encuesta”, dijo.
Destaca que “los estándares internacionales para la protección de la libertad de expresión y todas las recomendaciones de las relatorías especiales de la ONU y la OEA sobre libertad de expresión, por ejemplo, reafirman la importancia de que las autoridades tengan un discurso que valore el trabajo de la prensa, que garantice el ejercicio de esta labor y no un discurso estigmatizante que legitime ese tipo de agresiones”.
El contexto político también influye en el trabajo que realiza el mecanismo de protección. “Si no es una prioridad política de un gobierno garantizar las políticas públicas de protección, los mecanismos por más que existan no van a funcionar en la práctica, y esto lamentablemente es lo que vemos en la mayoría de los países”, dijo Barbosa al recordar que el compromiso de las autoridades con las políticas de protección de los periodistas debe ir más allá de la expresión y materializarse en “un presupuesto, un número suficiente de servidores públicos, una política consistente que de hecho garantice la implementación rápida y eficiente de las medidas de protección” para los periodistas amenazados”.
Hasta el momento no ha habido respuesta de las autoridades responsables de los mecanismos de protección en los cuatro países al diagnóstico y recomendaciones de RSF, dijo Barbosa. Sin embargo, la segunda etapa de este programa, que es financiado por la UNESCO, consiste en colaborar con los mecanismos de los países analizados para implementar las recomendaciones de la organización.
“Esperamos que el informe, más que una investigación que retrate y analice estos programas de protección que presentan sus mayores deficiencias, sea un estudio que permita precisamente superar esas deficiencias a través de una colaboración técnica que RSF espera poder realizar con los mecanismos”, dijo.
Diagnóstico y recomendaciones
Lea a continuación algunas de las observaciones y recomendaciones hechas por RSF luego de analizar el funcionamiento del mecanismo para proteger a los periodistas en cada país:
Brasil
En Brasil, el Programa de Protección de Defensores de Derechos Humanos, creado en 2004, recién pasó a incluir comunicadores sociales en 2018, y desde entonces no se han creado procedimientos específicos para atender a este grupo, desde la difusión del programa hasta la adecuación de medidas ofrecidas, analizó RSF. En agosto de 2021, de los más de 600 beneficiarios del programa, solo siete eran comunicadores.
El programa brasileño se basa en acuerdos entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, un modelo que depende mucho de la voluntad política de los gobernadores y que “genera trabas burocráticas (como la lentitud en los flujos financieros, entre otras) y crea complicaciones para la implementación de los dispositivos de protección, llegando a poner a sus beneficiarios en peligro”, afirma el informe.
Entre las recomendaciones de RSF están la aprobación de una ley para crear un “programa de protección a nivel nacional, involucrando a los organismos públicos federales y a los de los estados en su aplicación”, y el aumento del presupuesto anual del programa, “con el objetivo de contratar a más personal, tanto a nivel federal como local, y de poner en marcha actividades continuas de formación y comunicación”.
Colombia
Colombia cuenta con el programa de protección para periodistas más antiguo de la región, fundado en 2000. El mecanismo es operado por la UNP (Unidad Nacional de Protección), y su aplicación “se reduce generalmente a medidas de seguridad física, en detrimento de una protección integral”, señala RSF. “Los empleados de empresas privadas, a menudo expolicías y militares marcados por décadas de conflicto armado, mantienen aún una lógica de confrontación contra ‘el enemigo interno’ y no están ni formados, ni sensibilizados con la temática de los derechos humanos, el género o la diversidad étnica”, señala el informe.
Además, hubo casos de fuga de información y espionaje a los beneficiarios por parte de los escoltas encargados de protegerlos.
RSF recomienda que la UNP no se conforme con ofrecer medidas de seguridad física, sino que adopte una “visión de protección más integral, garantizada por el Estado colombiano junto a otros organismos y dialogando con los líderes sociales y la sociedad civil”. También establece que el organismo “tiene que modificar sin falta sus procesos internos para tener en cuenta mejor que ahora el género, la raza, la etnia, el origen (urbano o rural) o incluso las orientaciones políticas de sus beneficiarios, así como las especificidades de la labor periodística: necesidad de movilidad, flexibilidad de horarios, acceso privado a las fuentes de información, etcétera”.
Honduras
El mecanismo de protección de periodistas hondureños fue creado en 2015 y “coordina al conjunto de actores del Estado responsables de la protección de los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia”. Sin embargo, según RSF, “debido a la falta de voluntad política y, por consiguiente, a la ausencia de recursos humanos y financieros, esta coordinación no funciona”. La organización dijo que en 2021, el presupuesto de la agencia era de US 430 mil dólares, lo cual era insuficiente para monitorear de manera efectiva a los entonces 146 beneficiarios del programa y producir análisis de riesgo con la suficiente rapidez.
La protección de los periodistas amparados por el programa es realizada por la Policía Nacional y el Ejército, “casi siempre aplicada tarde y de manera inapropiada”. “Miembros de la Policía y del Ejército están entre los principales autores de agresiones a periodistas, por lo que la confianza de los beneficiarios en el mecanismo y su credibilidad son muy limitadas. Los que deben ser protegidos temen ser vigilados y poner sus informaciones personales en manos de potenciales agresores”, dice RSF.
La organización recomienda aumentar el presupuesto del programa, y también que “los plazos y las condiciones en las que las fuerzas de seguridad adoptan y aplican las medidas de protección deben ser objeto de un seguimiento riguroso, especialmente en los casos más graves (desplazamientos forzados, escoltas, patrullas policiales, etcétera). Para RSF, “el SNP tiene que ejercer su rol de monitoreo contando con procedimientos que permitan responsabilizar a las fuerzas y cuerpos de seguridad en el caso de agresiones contra los periodistas y defensores de los derechos humanos”.
México
Para RSF, México es el país sin conflicto bélico más peligroso para la prensa en el mundo. Desde 2019 es el país donde más comunicadores han sido asesinados al año, y entre 2011 y 2020 fueron asesinados al menos nueve periodistas que estaban bajo la protección del Estado mexicano, según los registros de la organización.
El mecanismo federal para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos fue creado en 2012 y, según RSF, está “demasiado aislado” y su capacidad operativa “insuficiente para hacer frente al auge de las demandas de ayuda”.
La organización sostiene que “para que la política general de protección sea eficaz, el resto de esferas del poder mexicano tienen que asumir imperativamente su parte de responsabilidad en la protección y trabajar más estrechamente con el mecanismo federal”. RSF también señala la falta de personal –hay 45 empleados para alrededor de 1.500 beneficiarios– como un obstáculo para la efectividad del mecanismo.
Entre las recomendaciones de la organización están el aumento del presupuesto, invertir en la contratación de más personal y en su capacitación continua; una mejor distribución de la responsabilidad de proteger a los periodistas entre las autoridades federales y estatales; y mejora de las medidas de atención de urgencias, para adecuarlas a los riesgos inminentes y a los cambios imprevistos en el nivel de riesgo de los profesionales atendidos.
Foto de banner: protesta en la Ciudad de México en agosto de 2010. Por Knight Foundation / Flickr CC.
