En medio de la polémica generada por el reciente asesinato de una periodista veracruzana y las críticas en contra del gobernador del estado, el mandatario publicó diferentes tweets vinculando a Josele Márquez, alias ‘El Chichi’, con este homicidio y asegurando que es el crimen organizado el verdadero enemigo de la prensa.
Márquez, señalado de ser el jefe de Los Zetas en este estado, fue capturado el pasado 2 de febrero. La periodista Anabel Flores Salazar fue secuestrada de su casa en Veracruz por un grupo de hombres armados en la madrugada del 8 de febrero y su cuerpo fue encontrado el 9 de febrero en el estado de Puebla.
El 13 de febrero en su cuenta de Twitter, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte señaló que Márquez fue enviado a un prisión federal. En otro tweet, Duarte vinculó a Márquez con la autoría intelectual del crimen de Flores Salazar e incluso con un ataque al diario El Buen Tono de Veracruz. Sin embargo, no es claro si Márquez ha sido acusado formalmente del crimen de la periodista o si su traslado a la prisión federal está vinculado con éste.
Duarte también publicó un tweet con una captura de pantalla de un post en Facebook que él aseguró habría escrito Flores Salazar tras la captura de Márquez sobre el que sería su sucesor dentro de la organización de Los Zetas. La cuenta de Facebook, no obstante, está bajo un nombre diferente al de la periodista. El gobernador señaló que ella había utilizado un seudonónimo.
La periodista cubría la fuente policial para el diario El Sol de Orizaba de Veracruz y colaborada con otros medios. Era madre de un niño de cuatro años y de un bebé de meses de edad.
Algunas horas después de conocer su secuestro, la Fiscalía de Veracruz publicó un comunicado en el que relacionaba a la periodista con un presunto miembro de una organización criminal y aseguró que “se agotan todas las líneas de investigación” incluida esta relación.
El vínculo al que hace mención tiene que ver con el arresto de un hombre que sería parte de una organización criminal en un restaurante donde también se encontraba la reporta en agosto de 2014. Según fuentes de la organización Artículo 19, la periodista se encontraba allí por casualidad y había comenzado a documentar la captura. Los soldados a cargo de la captura habrían borrado las fotografías, agregó Artículo 19.
El homicidio de la periodista generó rechazo tanto a nivel nacional como internacional. Además del aumento de violencia contra periodistas, las organizaciones rechazaron la criminalización de los periodistas por parte de las autoridades. Organizaciones como la Unesco, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), la Unión Europea, ONU Mujeres, Artículo 19, entre otros, se pronunciaron ante el caso.
Carlos Lauría, director y coordinador sénior del programa de las Américas del CPJ, incluso aseguró que el gobernador de Veracruz debía renunciar, según una columna publicada en el portal Univisión.
Aunque Lauría afirmó que Duarte no podría ser acusado como único responsable de la violencia en este estado, “sí puede ser considerado responsable por el fracaso para impartir justicia en cualquiera de estos casos y por el ambiente tan viciado para ejercer el periodismo”, dijo Lauría.
La figura del gobernador Duarte es una muy polémica. Según el CPJ durante su gobierno, que comenzó en 2010, al menos 12 periodistas han sido asesinados por razones que pueden estar vinculadas a su profesión y tres se encuentran desaparecidos.
Según los registros de la organización Artículo 19, son 15 los periodistas muertos durante la administración de Duarte.
Veracruz se ha convertido en los últimos años en uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. En el pasado, el CPJ señaló que pasado la administración de Duarte “ha tratado de desestimar cualquier posible vínculo entre asesinatos de periodistas y su profesión”.
En muchas ocasiones incluso acusa a los periodistas de colaborar con grupos criminales, “citando fundamentalmente evidencia circunstancial poco comprobable”, agregó Lauría. Además, Duarte también ha sido acusados por casos de corrupción y vínculos con grupos criminales.
“En un país con un sistema democrático estable e instituciones creíbles, tales antecedentes ameritarían, cuanto menos, el inicio de un proceso de juicio político por incumplimiento de los deberes de funcionario público”, continuó Lauría. “Con un poco de sentido común y dignidad, considerando que ha perdido legitimidad como representante de los ciudadanos veracruzanos, Duarte debería presentar su renuncia y garantizar una salida ordenada del poder antes de las elecciones de junio próximo. Tal decisión abriría, tal vez, la posibilidad de que se imparta justicia sobre los periodistas asesinados en Veracruz”.
Duarte en otras oportunidades ha negado estas acusaciones, y en una serie de tweets publicados desde el fin semana no solo se defendió de las críticas, sino que aseguró que es el crimen organizado la mayor amenaza para el periodismo.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
