El gobierno de Bolivia estrenó el controvertido y anunciado documental de 80 minutos de duración, “El Cártel de la Mentira”, el cual generó gran rechazo entre las asociaciones de periodistas, activistas y ciudadanos de ese país sudamericano. El documental fue realizado por encargo del ministro de la presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, y contiene ataques contra la prensa independiente del país.
“El Cartel de la Mentira” se estrenó el miércoles 14 de diciembre de forma gratuita en varias salas de cine de la capital boliviana, y en las principales ciudades del país. También fue difundido en la cuenta de Youtube del Ministerio de la Presidencia.
Raúl Peñaranda, uno de los periodistas críticos del gobierno del presidente boliviano Evo Morales y editor general de la Agencia de Noticias Fides (ANF), es señalado en el documental como uno de los principales responsables del ‘cártel de la mentira’.
Peñaranda dijo al Centro Knight para el Periodismo en las Américas que el utilizar “fondos públicos para contratar la producción de un documental y que luego se movilice a personal del Gobierno para hacer que ese documental sea exhibido, de manera pública y gratuita, en salas de cine en varias ciudades del país, demuestra la visión autoritaria del Gobierno”.
El cuestionado documental está enfocado en el supuesto papel desestabilizador que jugó la prensa independiente contra el gobierno de Morales, en días previos al referéndum del 21 de febrero de 2016, luego del cual Morales perdió el voto ciudadano para postularse por cuarta vez a la presidencia de su país.
Durante esos días, la prensa informó que Morales habría tenido un hijo con su expareja Gabriela Zapata en 2007, denunciando un supuesto caso de tráfico de influencias.
El tema central del documental gira entorno al tratamiento que le dieron los medios críticos con el gobierno al caso del supuesto hijo de Morales.
El primer periodista en hacer público este caso fue Carlos Valverde. El periodista expuso el 3 de febrero sobre este presunto tráfico de influencias de Morales e informó que el presidente habría favorecido a la sucursal boliviana china CAMC Engineering Co. Ltd, con millonarios contratos del Estado mientras Zapata era gerente comercial de la misma.
Valverde, ahora refugiado en Argentina, dijo que “no hay mentira en ninguna de las denuncias: hace nueve años Morales inscribió oficialmente a un niño en Oficinas Nacionales de Registro Civil y, lo reconoció como hijo. El 5 de febrero del 2016 aseguró que sí, que era pareja de Gabriela Zapata y que tuvieron el hijo inscrito y que el niño murió”.
Para Valverde, todo esto llevó al gobierno de Morales a ensayar la excusa de que una mentira (el niño) los llevaba a perder el referéndum. “Eso fue mejor que reconocer que la población votante se cansó de la corrupción del Gobierno; para ello usaron la acusación de ‘Cartel de la Mentira’; cuando lo evidente estaba muy claro”, enfatizó Valverde.
Los diarios El Deber y Página Siete, junto con los medios de la red Erbol y la ANF son los cuatro medios de comunicación que son constantemente señalados en el audiovisual de formar parte del “Cártel de la Mentira” y de conducir una campaña de desinformación contra el gobierno.
En el documental también aparece como parte del “cártel de la mentira” el periodista Fernando del Rincón, de la cadena internacional de noticias CNN, por haber entrevistado a los familiares de Zapata y al supuesto hijo vivo de Morales. Sin embargo, el periodista mexicano nunca publicó dicha entrevista porque, según dijo, no encontró los elementos suficientes que probaran lo que la familia de Zapata señalaba, ni evidencias físicas, como una prueba de ADN, que confirmara la existencia del presunto hijo de Morales.
Tras el estreno del documental en cuestión, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de la Paz (APLP) rechazaron su difusión a través de un comunicado hecho público el 14 de diciembre.
“La difusión masiva de este documental, financiado por el Ministerio de la Presidencia, es parte de la estrategia gubernamental para amedrentar y desprestigiar la labor de los trabajadores de la información. […] La exhibición masiva en todo el país del citado documental es una incitación a la violencia, maltrato y desprestigio a los periodistas mencionados en el audiovisual”, dijeron en su comunicado.
Las asociaciones periodísticas, además, responsabilizaron al gobierno de Morales por cualquier tipo de violencia que afecte la integridad física de los periodistas y sus familias como consecuencia de la exhibición del documental.
Por su parte, el periodista boliviano Mario Maldonado, que fue jefe de redacción y subdirector durante veinte años del diario independiente Presencia, dijo que esta situación era “inaceptable, que se contrate a un periodista para amedrentar y atemorizar a otros colegas, que se usen recursos públicos para intentar reescribir la historia”.
“La gente no es tonta, la gente se da cuenta, tiene capacidad de raciocinio”, agregó Maldonado.
Asimismo, a través de su cuenta en Facebook, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), exhortó a las autoridades de Bolivia “a poner [fin] a la campaña de desprestigio contra los medios críticos y periodistas, y a garantizar que toda la prensa boliviana pueda informar libremente sobre temas de interés público, sin temor a interferencias o intimidaciones”.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
