“La situación es de una crisis muy preocupante en la que coinciden varios elementos”. Así explicó Carlos Martínez de la Serna, director de programas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), el ambiente en el que se encuentran periodistas, medios y libertad de expresión en general en Ecuador y que está descrita en el reciente informe del CPJ “Ecuador en vilo: la parálisis política y el aumento del crimen plantean nuevas amenazas a la libertad de prensa”.
El informe, publicado este miércoles 28 de junio y escrito por Carlos Lauría, hace un análisis de lo que estaría ocasionando el aumento de riesgos para periodistas en el ejercicio de su trabajo, los efectos que esto tiene en el ejercicio diario, y finaliza con recomendaciones a autoridades nacionales y comunidad internacional.
“Para nosotros hay dos [elementos] centrales: una crisis de seguridad que expone a los periodistas a violencias, y digo violencias en plural porque son violencias de distintas formas y orígenes. […] Y por otro lado, esta situación ocurre en un momento de incertidumbre política en la que es muy importante que las distintas instituciones y partidos políticos, que entienden sus distintas visiones de Ecuador, coincidan en identificar este problema y en las soluciones para resolverlo”, dijo Martínez de la Serna a LatAm Journalism Review (LJR).
Portada del informe del CPJ sobre la situación de la libertad de prensa en Ecuador. La fotografía de la portada muestra al periodista y presentador de Ecuavisa, Lenín Artieda quien observa a las autoridades ecuatorianas ingresar a su sala de redacción para investigar una carta bomba enviada a él. (Fotografía de la Fiscalía General de Ecuador).
De acuerdo con Martínez de la Serna, los periodistas en Ecuador están enfrentando “violencias” como la que enfrentan de parte del crimen organizado, violencia verbal —a través de una retórica agresiva usualmente de partes de autoridades—, así como violencia durante coberturas de protestas o eventos públicos, hasta amenazas por cubrir temas más sensibles.
Las cifras en efecto muestran que cada vez es más difícil ejercer el periodismo en el país. Durante 2023, el país ha registrado el exilio de al menos dos periodistas, el envío de material explosivo a medios de comunicación y reporteros, y 96 ataques a la prensa en los cuatro primeros meses del año.
Una tendencia que no es nueva: en 2022, la ONG Fundamedios, registró 356 ataques a la prensa, la cifra más alta desde 2018. Ese mismo año, hubo tres asesinatos de periodistas. Aunque para el CPJ no se ha podido confirmar si los crímenes están relacionados con el ejercicio periodístico, “las muertes inevitablemente han tenido un efecto inhibidor en sus colegas”, establece el informe.
A esto se suma una crisis económica afianzada por la pandemia de COVID que ha llevado a que desde marzo de 2020 hasta noviembre de 2021 se registraron 22.948 despidos de empresas de medios de comunicación.
El legado del expresidente Rafael Correa, quien se caracterizó por su relación conflictiva con la prensa, también sigue presente en el país. Según el informe del CPJ, por un lado, sus acciones como presentar demandas por difamación, la promulgación de medidas restrictivas y la denigración de críticos “han debilitado la capacidad de los medios de comunicación para información”, le informaron periodistas locales al CPJ. Por otro lado, se mantienen las campañas difamatorias en línea y la guerra de trolls del expresidente Correa siguen debilitando a los medios privados afectados en sus finanzas.
Todo lo anterior, en medio de una crisis política luego de que el presidente Guillermo Lasso disolviera la Asamblea Nacional mientras esta le hacía un juicio político a Lasso. Para periodistas y activistas, todo esto está creando la “tormenta perfecta” para la libertad de prensa, según el CPJ.
El aumento de la criminalidad en general en el país ha tenido un efecto directo en el ejercicio periodístico. De acuerdo con el informe, la violencia y el crimen organizado ha dejado “zonas silenciadas” en el país.
Tras examinar las condiciones en 10 provincias —Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Esmeraldas, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas— el CPJ encontró que “el crimen organizado y las fuerzas políticas locales han puesto en peligro a los medios de comunicación en gran parte de Ecuador, aprovechándose de su vulnerabilidad, precarias condiciones laborales y falta de seguridad”.
En Esmeraldas, por ejemplo, el lugar donde fue secuestrado y asesinado un equipo del diario El Comercio por miembros de las disidencias de la guerrilla colombiana de las Farc, los periodistas han decidido “mirar para otro lado”. Según información de la Fundación Periodistas sin Cadenas, dada al CPJ, los periodistas de la zona evitan reportar sobre cualquier actividad delictiva.
A esto se suma quejas de algunos periodistas y defensores de libertad de prensa por falta de “investigaciones rigurosas” en los casos de crímenes contra periodistas y medios de comunicación. La Fiscal General del país le dijo al CPJ que la crisis de seguridad es una “sin precedentes” y que la protección de víctimas y testigos requiere mayores recursos. Sobre la investigación de casos dijo que todos estos necesitaban tiempo y agregó que algunos periodistas no habrían colaborado con las investigaciones.
Ante este escenario, el CPJ ha establecido que una de las acciones urgentes por parte del gobierno es la inyección de recursos tanto para el Mecanismo de Protección como a la Fiscalía. Para Martínez de la Serna aunque el mecanismo existe y la oficina es “muy capacitada” recopilando estadísticas sobre la situación, requiere mayor dinero para poder ejecutar medidas de protección específicas o cuando necesitan ser reubicados, entre otras.
“Hay un mecanismo, que eso ya es un paso. Pero si el mecanismo no tiene los recursos financieros críticos, no va a poder ser, no va a poder responder a una amenaza como la que existe ahora mismo en la sociedad ecuatoriana ya. Eso está claramente demostrado, no es una proyección de futuro”, dijo Martínez de la Serna.
Otro tema que el CPJ considera vital y que fue recomendado a las autoridades en el informe es la reglamentación de la Ley Orgánica de Comunicación. La antigua LOC, promulgada por el expresidente Correa y conocida como “ley mordaza”, dejó un legado de millonarias multas a medios y periodistas, la institucionalización de mecanismo represivos, y la regulación estatal del contenido editorial, estableció el CPJ.
En noviembre de 2022, el presidente Guillermo Lasso firmó una nueva ley que corrige algunos de los temas más importantes: el poder estatal que había sobre medios, garantía de libertad de expresión en redes sociales y la protección de periodistas, según el informe del CPJ.
Sin embargo, para Martínez de la Serna es necesaria y urgente su reglamentación. “Es esencial, por lo menos en un aspecto crítico, que es el de limitar, lo decimos en el informe, la interferencia estatal en los medios y al mismo tiempo reglamenta la protección a los periodistas, con lo cual aborda elementos esenciales como la libertad de publicación, el derecho a la actividad periodística sin injerencias, y el elemento de seguridad que es central en nuestro informe”, dijo.
Rueda de prensa de la presentación del informe "Ecuador en vilo" del CPJ en Quito, Ecuador. Carlos Martínez de la Serna, director de programas del CPJ; Carlos Lauría, consultor sénior del CPJ; y César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios. (Foto: Cortesía Fundamedios).
El informe analiza también la situación del país y su relación con la comunidad internacional. Para periodistas y otras fuentes que hablaron con el CPJ es necesaria una mayor atención de esta comunidad hacia lo que sucede en Ecuador. A pesar de que el país se ha convertido “en una pieza clave del rompecabezas para el crimen organizado”, lo vivido en el país a veces se ve “eclipsado” por lo que sucede en otros países considerados con mayor peso en la región, señala el informe.
Además de que la crisis de la libertad de prensa de Ecuador debería recibir el apoyo de organizaciones con la Unesco, la OEA y la Unión Europea, el CPJ también recomienda en su informe que se apoye públicamente el trabajo de periodistas ecuatorianos, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le recomienda una visita oficial.
El informe finaliza con una serie de recomendaciones al poder Ejecutivo, así como a las autoridades judiciales, administrativas y de aplicación de la ley. Martínez de la Serna destaca, no obstante, tres aspectos que deberían solucionar lo más pronto posible.
“Tres aspectos que deberían ocurrir ya, que deberían ocurrir en las próximas semanas y si es días, mejor: la asignación de un presupuesto directo y la de recursos extraordinarios para el desarrollo del mecanismo de protección, la asignación de recursos a la Fiscalía, y la reglamentación de la ley [orgánica de comunicación]. Esas tres cosas son urgentes”, dijo contundentemente Martínez de la Serna.
