Los gobiernos de varios países latinoamericanos han respondido después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos publicara su informe sobre las prácticas de derechos humanos en todo el mundo, incluidos comentarios sobre las libertades de expresión y de prensa. Sin embargo, los informes anuales, que se encuentran ahora en su 45ª edición, fueron bienvenidos por grupos de libertad de prensa y periodismo en los países señalados por sus ataques y restricciones a los periodistas.
Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. (U.S. Embassy Nigeria/CC PDM 1.0)
Los Informes por país sobre prácticas de derechos humanos 2020 (2020 Country Reports on Human Rights Practices) publicados por el Departamento de Estado de Estados Unidos el 30 de marzo, citan organizaciones de derechos humanos y de vigilancia, así como medios de comunicación, en los países cubiertos, y son compilados por empleados del Departamento de Estado de todo el mundo.
El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que al publicar los informes, la administración de Biden defiende los derechos humanos y obliga a rendir cuentas a los abusadores.
“El presidente Biden se ha comprometido a volver a poner los derechos humanos en el centro de la política exterior estadounidense, y ese es un compromiso que yo y todo el Departamento de Estado nos tomamos muy en serio”, dijo Blinken en una conferencia de prensa durante para la publicación de los informes.
Adelantándose a la refutación de aquellos mencionados en estos informes, el secretario reconoció que Estados Unidos sabe que tiene “trabajo que hacer en casa”, incluido “abordar profundas desigualdades”.
El informe es un “fuerte llamado de atención a los gobiernos de la región”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
“En el caso del informe 2020, los tres países que mostraron los peores estándares en la primera edición de nuestro Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa (Venezuela, Cuba y Nicaragua) son justamente los tres que menciona con preocupación el resumen ejecutivo del reporte elaborado a pedido del Departamento de Estado”, dijo.
Sin embargo, agregó que la SIP también notó un preocupante deterioro de la libertad de expresión y de prensa en Estados Unidos en 2020.
“Y eso quizá de pie a gobiernos autoritarios del continente para desacreditar algunos de los señalamientos que se realizan en el informe”, dijo Jornet.
Si bien los informes en sí contienen pocos comentarios, además de la inclusión o exclusión de ciertos hechos o eventos, los líderes de los países latinoamericanos mencionados en los informes o por Blinken en su presentación de los documentos se han pronunciado.
“Para empezar, nosotros no nos metemos a opinar sobre violaciones de derechos humanos en Estados Unidos; somos respetuosos”, dijo el presidente mexicano Manuel Andrés López Obrador en una de sus conferencias de prensa matutinas, según publicó La Jornada. “No podemos opinar sobre lo que sucede en otro país, entonces, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos opina sobre cuestiones que sólo competen a los mexicanos?”.
El informe del Departamento de Estado llamó la atención sobre los altos niveles de violencia contra periodistas en México, considerado uno de los países más mortíferos del mundo para los periodistas. También señaló que a pesar de la existencia de un mecanismo federal de protección a la prensa, los periodistas bajo su cuidado han sido asesinados. También destacó el poder de la publicidad gubernamental sobre los medios de comunicación del país y dijo que ciertos políticos critican y desacreditan públicamente a los periodistas.
El departamento de estado también citó un informe de Freedom House que decía que hay campañas en las redes sociales de partidarios políticos contra los periodistas que critican las conferencias de prensa del presidente.
Homenaje a periodistas mexicanos asesinados
Menciona específicamente a Sanjuana Martínez Montemayor, directora de la agencia noticiosa del gobierno federal Notimex, de quien dijo que “ordenó a los periodistas eliminar o no publicar contenido sobre ciertas instituciones y funcionarios gubernamentales”, citando Aristegui Noticias, Signa Lab y Artículo 19.
En respuesta, López Obrador defendió a Martínez por enfrentarse a grupos con “intereses creados” y acusó al artículo 19 de ser financiado por empresas extranjeras, “hasta por el Departamento de Estado”. También dijo que el país “no censura a nadie”.
Artículo 19 dijo que los comentarios del Presidente eran un intento de desviar la atención de los medios de su incapacidad para proteger a los periodistas.
Los comentarios del líder gubernamental llamaron la atención de varios periodistas y grupos de libertad de prensa, entre ellos la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
“Creemos que la posición del mandatario sólo busca desacreditar a la entidad invocando principios de no injerencia o soberanía y de financiamiento, lo que contraviene principios universales sobre derechos humanos, en vez de investigar el fondo del asunto, que es la existencia de un clima adverso para la libertad de prensa en el país”, dijo Jornet, de la SIP, a LJR. “Un clima cuya máxima expresión son los asesinatos, las amenazas a medios y periodistas y la impunidad de estos crímenes, pero que también se traduce en presiones, descalificaciones y falta de transparencia desde los máximos estratos del poder político”.
Jornet agregó que desacreditar la credibilidad de las organizaciones de derechos humanos debido a su investigación de hechos o financiamiento es “una actitud que, por cierto, es utilizada desde hace años por gobiernos a los que no les gusta la crítica ni la supervisión de los derechos humanos a nivel internacional”.
En el prefacio escrito de los informes, Blinken destacó otros dos países latinoamericanos: Nicaragua y Cuba.
“En Nicaragua, el corrupto régimen de Ortega aprobó leyes cada vez más represivas que limitan severamente la capacidad de operación de los grupos políticos de oposición, la sociedad civil y los medios independientes”, escribió el Secretario.
El informe mismo decía rotundamente que el gobierno de Nicaragua no respetaba la libertad de expresión y de prensa.
“Las restricciones a la libertad de prensa, la ausencia de un poder judicial independiente y un sistema político no democrático se combinaron para inhibir la libertad de expresión, incluida la de prensa”.
En él se catalogan los ataques del gobierno, incluidas las restricciones a la infraestructura de impresión y transmisión, el bloqueo del acceso a la información y las fuentes, los casos legales contra los comunicadores e incluso la violencia contra los periodistas.
Ileana Lacayo, miembro de la comisión ejecutiva de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), dijo que la organización cree que el gobierno de Estados Unidos puede apoyar la protección de periodistas y comunicadores en el país.
Fotografía del tributo al periodista Ángel Gahona asesinado en Bluefileds el 21 de abril de 2018. (Foto: Jorge Mejía Peralta/CC BY 2.0)
“El Gobierno de Nicaragua, el régimen de Ortega, ha puesto la figura del gobierno de Estados Unidos como el fantasma que está detrás de todas las protestas. Por supuesto, esto una relación formal directa puede afectarnos en cuanto a que el gobierno lo tome como una medida para criminalizar con estas nuevas leyes a periodistas, a comunicadores y a medios de comunicación”, dijo Lacayo a LJR. “Sin embargo, creemos que hay forma de apoyar sobre todo un sistema de protección a periodistas y comunicadores que se han agredido, asediado, criminalizado e agredido física y psicológicamente e incluso sexualmente. Creemos que Estados Unidos sí puede contribuir, al igual que otros países”.
El Observatorio de Agresiones a la Prensa Independiente del PCIN en Nicaragua registró 943 violaciones a los derechos humanos y denuncias de 66 periodistas y comunicadores por hechos violentos y obstaculización a su trabajo solamente entre el 15 de julio y el 15 de diciembre de 2020.
El secretario Blinken también destacó a Cuba en el prefacio de los informes de país.
“Mientras tanto, en Cuba, las restricciones gubernamentales continuaron reprimiendo las libertades de expresión, asociación, religión o creencias y movimiento”, escribió.
Tras la publicación del informe, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel tuiteó: “Otra acusación indigna, inmoral y engañosa del Departamento de Estado de Estados Unidos contra #Cuba. Recurren a su habitual retórica infame para difamar a una isla heroica que sufre el criminal bloqueo del gobierno de Estados Unidos, causando un gran daño al pueblo cubano”.
Como se señala en el informe del Departamento de Estado, el gobierno y el Partido Comunista de Cuba son propietarios de todos los medios impresos y televisivos, lo que crea un casi monopolio sobre la información disponible. Si bien los corresponsales extranjeros tuvieron acceso limitado a los funcionarios del gobierno o la información, los periodistas independientes fueron acosados, detenidos, intimidados y sujetos a otros abusos, según el informe.
Cuando se le preguntó sobre el informe, José Antonio Fornaris, presidente de la Asociación pro Libertad de Prensa (APLP) de Cuba, recordó una carta pública que la organización envió al expresidente estadounidense Barack Obama en 2016.
“Uno de los párrafos d esa misiva, expresaba: ‘Presidente, la Asociación Pro Libertad de Prensa, le solicita que en las negociaciones que el gobierno de Estados Unidos mantiene con autoridades de la isla, influya directamente para que el gobierno de Cuba ratifique los pactos internacionales de derechos civiles y políticos que garanticen la libertad de expresión y prensa y detenga el hostigamiento a la prensa independiente’”, dijo Fornaris a LJR. “Nuestra mensaje al secretario de estado, Antony Blinken, es que mantenemos el núcleo de esa solicitud. Que deseamos que el actual gobierno estadounidense mantenga firmeza ante la violación de los derechos humanos en Cuba y apoye el trabajo en favor de libertad de prensa en la Mayor de las Antillas”.
Normando Hernández, director general del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, acogió con satisfacción el informe, pero criticó que debería haber profundizado en el uso del Decreto Ley 370, también conocido como Ley Azote, para silenciar las voces críticas.
“No olvidemos que el decreto Ley 370 es inconstitucional y que durante el 2020, 32 personas fueron multados por la Ley Azote y que muchas de ellas pueden ir a prisión por negarse a pagar la multa porque están convencidas de que expresarse por las redes sociales no es delito”, le dijo a LJR.
El informe del Departamento de Estado mencionó a la periodista Camila Acosta, quien ha sido detenida, multada y obligada a mudarse varias veces por sus reportajes. Una de esas multas se produjo después de que la policía descubriera máscaras impresas con “No al 370”, sobre la ley que penaliza las opiniones publicadas en redes sociales y plataformas digitales.
Imagen del fotoperiodista Rafael Hernández durante una manifestación en Venezuela.
En sus declaraciones durante la publicación del informe, Blinken denunció a Venezuela y su trato a la prensa independiente.
“El informe que publicamos hoy muestra que las líneas de tendencia de los derechos humanos continúan avanzando en la dirección equivocada. Vemos evidencia de que en todas las regiones del mundo esto está sucediendo”, dijo Blinke. “Lo vemos en… los ataques y el encarcelamiento de políticos de la oposición, activistas anticorrupción y periodistas independientes en lugares como Rusia, Uganda, Venezuela”.
El informe de país sobre Venezuela dijo que las libertades de expresión y de prensa están reprimidas por leyes de difamación, hostigamiento legal, intimidación física de periodistas y medios de comunicación e influencia ejecutiva sobre el sistema judicial.
“Cuando se destacan los desafíos para la prensa independiente, evidentemente ayuda porque es una demostración de que se maneja con claridad la situación que se vive y genera mayor visibilidad al caso venezolano”, dijo Edgar Cárdenas, secretario general de la sección Caracas de la Nacional. Asociación de Periodistas (CNP), a LJR. “Pero igualmente ocasiona el incremento de agresiones contra periodistas y medios por parte del gobierno de Maduro, siendo los más perjudicados los trabajadores de la prensa, quienes se encuentran en minusvalía frente al poder gubernamental que ejecuta acciones directas e indirectas para evitar el libre ejercicio del trabajo periodístico, inclusive haciendo peligrar el estado físico del periodista y su familia”.
Puede encontrar información más detallada sobre la mayoría de los países de América Latina y el Caribe mencionados en el informe general en este informe personalizado creado por LJR.
*Este artículo fue escrito originalmente en inglés y fue traducido por Silvia Higuera.
