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Investigación sobre concentración de medios en Uruguay señala numerosos casos que deben adaptarse a la ley de comunicación

A pesar de la aprobación de una nueva ley de comunicación en 2014, la histórica concentración de medios en manos de pocos grupos económicos persiste en Uruguay, según una reciente investigación. El 1 de enero de 2019 es la fecha límite para que estas empresas de medios se adapten a la nueva legislación, es decir poco más de un año.

El libro “En pocas manos: Mapa de la concentración de los medios de comunicación en Uruguay”, publicado a principios de diciembre advierte la continua existencia de numerosos casos de concentración de la propiedad y de usos de licencias de medios, tanto en la capital uruguaya de Montevideo como en otras ciudades del país.

“La investigación relevó el escenario actual de propiedad y control de los medios de comunicación en Uruguay, de forma de aportar insumos para analizar si Uruguay está cumpliendo con los estándares internacionales sobre libertad de expresión y si existían situaciones de concentración indebida que deberían adecuarse a la legislación vigente”, dijo al Centro Knight uno de los autores del libro y director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), Gustavo Gómez.

El análisis confirma la existencia de un “oligopolio mediático formado por tres grandes grupos empresariales que, entre otros medios, controlan los canales de TV comerciales de Montevideo (abiertos y de TV paga): el grupo Villar/De Feo, del Canal 10; el grupo Romay, históricamente asociado en torno al Canal 4; y el grupo Cardoso/Scheck, del Canal 12”, dijo Gómez.

Estos tres grandes grupos son, de acuerdo con la investigación, los casos más emblemáticos de concentración de medios en Uruguay.

El estudio no solo analiza la concentración mediática de los grandes grupos de medios sino también la de grupos económicos más pequeños que ejercen una gran influencia en la agenda informativa local de sus ciudades. En ese sentido, en el análisis se incluyó la concentración de medios de grupos económicos de los Departamentos de Durazno, Lavalleja y Rocha.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en su artículo 53, establece que en Uruguay, ninguna persona o grupo económico puede poseer más de tres medios y no más de dos medios en una misma frecuencia.

El plazo de adecuación de los medios a los nuevos límites de concentración fue definido en la misma ley, sostuvo Gómez.

“El incumplimiento sería muy grave y podrían haber sanciones importantes, que podrían llegar a revocación de concesiones por afectación de la libertad de expresión y el derecho a la información de la población uruguaya”, enfatizó. Gómez explicó que la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dice que los monopolios y oligopolios “conspiran contra la democracia”, y que ese mismo texto está incluido en la ley uruguaya.

Por ejemplo, el estudio señala que el grupo Romay tiene a la fecha 11 emisoras de radio, y cuatro empresas de televisión para abonados. El grupo Fontaina - De Feo tienen además de Canal 10 y el canal de cable TCC, dos emisoras de radio. El Grupo Cardoso-Scheck tiene emisoras de radio y televisión, y también dos medios escritos, El País y Búsqueda.

Entre los autores del libro están, además de Gómez, los periodistas e investigadores uruguayos Facundo Franco, Fernando Gelves y Nicolás Thevenet. En la investigación también participaron docentes y estudiantes de la Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la Universidad de la República, de Uruguay.

La investigación se publicó originalmente en forma de artículos en el semanario uruguayo Brecha entre abril y septiembre de 2017.

Varios de los artículos del libro hacen referencia a la investigación de 2011, La televisión privada comercial en Uruguay, cuyos autores son Gustavo Buquet y Edison Lanza, actual Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.

“En Uruguay, la propiedad de medios de comunicación concentrada en pocas manos no es una novedad, pero el último estudio (de Buquet y Lanza) ya tiene 6 años, y nos planteamos actualizarlo”, dijo Gómez. “De allí que múltiples actores, en especial de la sociedad civil pero también desde la academia, mostraran su satisfacción por la publicación del libro”, agregó.

Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.

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