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Jamaica suprime la difamación criminal, una acción legislativa sin precedentes en el Caribe

Por Larissa Manescu

El Parlamento de Jamaica aprobó una ley el 5 de noviembre, la cual suprime totalmente la difamación penal en el país. La medida no tiene precedentes en el Caribe, donde las organizaciones internacionales y locales han presionado a los gobiernos de la región para elaborar una legislación similar.

La difamación penal es un gran tema de preocupación en el Caribe entre organizaciones de libertad de información, que han criticado las leyes de las naciones por no reflejar las normas internacionales de difamación civil.

La legislación de Jamaica fue un producto de siete años de discusión y debate entre los distintos actores sociales. El Instituto Internacional de Prensa (IPI) abogó por la aprobación del proyecto y trabajó con la Asociación de Trabajadores de los medios del Caribe para visitar Jamaica y hablar con los funcionarios del gobierno en apoyo de organizaciones locales como la Asociación de Medios de Jamaica y la Asociación de Prensa de Jamaica.

“Hubo un claro consenso en Jamaica entre el gobierno, los medios de comunicación y la sociedad civil que las leyes penales de difamación son un vestigio arcaico de la época colonial y amenazan la capacidad de la prensa para informar libremente y en el interés de la gente”, dijo el IPI director ejecutivo Alison Bethel McKenzie, de acuerdo con un articulo en el sitio web de la organización de prensa. "A medida que continuamos con nuestra campaña para derogar la difamación penal en el Caribe, instamos a países de la región a seguir el ejemplo valiente de Jamaica”.

El proyecto de ley de difamación de 2013 sustituirá a las leyes de difamación del siglo XIX y de 1963, y no solo eliminará la difamación penal de la ley. La legislación también elimina la distinción entre la difamación y la calumnia, le otorga la responsabilidad a los jueces -- en vez de los jurados -- para determinar los daños en los juicios en que los medios de comunicación sean encontrados culpables de difamación, e introduce una “agencia de defensa de noticias” que permite a las organizaciones de medios utilizar informes de fuentes confiables sin tener que verificar la información.

Con la aprobación de la ley, Jamaica se convierte en el primer país del Caribe en abolir totalmente la difamación criminal. Aunque Granada abolió la difamación criminal en octubre del 2012, la difamación sediciosa -- conducta escrita o hablada ofensiva para el gobierno -- es todavía una parte de su código penal.

En una entrevista por correo electrónico con el Centro Knight para el Periodismo en las Américas, el asesor de prensa para América Latina y el Caribe del IPI, Scott Griffen, habló de la omnipresencia de la difamación penal en el Caribe y sus consecuencias en reprimir la libertad de expresión.

De acuerdo a una investigación del IPI, seis países del Caribe -- Antigua y Barbuda, Cuba, República Dominicana, Grenada, Haití y Suriname -- han tenido juicios por difamación criminal en los últimos 15 años. El caso más reciente fue el del periodista cubano Calixto Martínez, quien fue encarcelado desde septiembre del 2012 hasta abril del 2013 por desacato y ofensa a las autoridades para informar sobre un brote de cólera y el dengue en el país antes de que el gobierno anunció públicamente.

Actualmente, no hay periodistas encarcelados en la región, pero Griffen advirtió que la figura legal de la difamación criminal seguido se convierte es una herramienta de abuso utilizada por aquellos en el poder para proteger sus intereses. La presencia de leyes de difamación criminal genera la autocensura entre los periodistas, quienes pueden sentirse intimidados a la hora de escribir sobre temas controversiales por temor a las repercusiones.

“En toda la región hay escasez de informes sobre la corrupción, sobre los efectos de determinadas actividades económicas como la minería y los servicios financieros, y sobre la influencia de los países extranjeros con intereses en el Caribe”, dijo Griffen.

Los medios de comunicación de Jamaica han dicho que han descartado historias potencialmente conflictivas en el pasado, debido al riesgo de ser demandados, según un informe de AP.

Griffen también comentó que aunque los indicadores de libertad de prensa son relativamente altos en los países del Caribe donde se habla el inglés -- Jamaica fue el país mejor clasificado en las Américas según Reporteros sin Fronteras en su Índice de Libertad de Prensa 2013 -- estos quizás no estén contando la historia completa. Agregó que mientras los países del Caribe tengan prensas relativamente más libres en comparación con sus vecinos de América Latina, los problemas reales que existen en la región, como la difamación y la autocensura, no deberán ser menospreciadas.

IPI comenzó su campaña para eliminar la difamación penal en el Caribe en el 2012 con el objetivo de reformar las leyes de difamación en la región. Hasta el momento, los representantes han viajado a varios países en dos misiones separadas como parte de la campaña en la que han hablado con el gobierno y la sociedad civil y han producido informes completos sobre el estado de las leyes de difamación en países específicos después de cada viaje.

IPI ha visitado Antigua y Barbuda, Barbados, República Dominicana, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago y Suriname. Proyectos de ley que despenalizan parcialmente la difamación se están considerando en la República Dominicana y Trinidad y Tobago, mientras que el gobierno de Antigua y Barbuda dijo al IPI que un proyecto de ley para derogar la difamación penal se introdujo en su Parlamento a principios del próximo año.

La ONU, la OSCE y mandatos especiales de la OEA establecen que “la difamación penal no es una restricción justificable de la libertad de expresión, las leyes sobre difamación deben abolirse y reemplazarse cuando sea necesario por leyes civiles de difamación apropiadas”, según el sitio web de la organización de derechos humanos ARTÍCULO 19. 

Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.

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