“No sé cómo es escribir sin que te violenten”.
Este es el testimonio de una periodista argentina citada anónimamente en un nuevo estudio sobre la realidad a la que se enfrentan muchas profesionales en el país latinoamericano que más ha avanzado en materia de derechos de la mujer en la última década.
La cobertura de estos avances -la legalización del aborto y la intensificación de los esfuerzos contra la violencia de género- arroja los índices más altos de agresiones online contra periodistas argentinas.
Un estudio de Amnistía Internacional publicado el mes pasado con más de 400 periodistas de toda Argentina reveló que casi dos tercios (63,5%) declararon haber sido víctimas de algún tipo de violencia digital en los últimos seis años.
Más de la mitad de ellas (57,4%) afirmaron que la cobertura del derecho al aborto es la principal motivación de los ataques en línea, seguida de la cobertura de los feminicidios y la violencia de género (47,3%) y los derechos humanos (46,1%).
“No son hechos aleatorios”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) Lucila Galkin, directora de Género y Diversidad de Amnistía Argentina y coordinadora del estudio. “Hay una intencionalidad de silenciar la cobertura de ciertas agendas temáticas que de alguna manera son claves para avanzar las agendas de derechos humanos en general y la agenda de derechos de mujeres y diversidades en particular”.
Las periodistas reportaron que los tipos de violencia más frecuentes son los insultos o agresiones aisladas (98,3%), el acoso o trolling (85,6%), el acoso sexual o amenazas de violencia sexual (45,9%) y las amenazas de violencia física (44%).
Una abrumadora mayoría (90%) de las periodistas que respondieron afirmó haber sido atacada por cuentas anónimas con pocos seguidores creadas para cometer el ataque, según el informe. Otro 27% declaró haber sido atacada por “personalidades de las redes”, que son usuarios muy activos e influyentes. Y un 23% dijo haber sido atacada en plataformas digitales por figuras políticas.
“La presidencia de Javier Milei inauguró una etapa de gran hostilidad contra el periodismo, siendo las mujeres periodistas el principal blanco de estos ataques”, señala el estudio.
Las agresiones en línea contra las periodistas tienen un efecto silenciador, según el informe. La mitad de las entrevistadas (49,8%) declararon que, tras ser atacadas, empezaron a autocensurarse en las redes sociales. Muchas dijeron que empezaron a evitar la interacción con el público online (44,7%), dejaron de participar en algunas plataformas de redes sociales (34,5%), o cerraron sus perfiles (7,10%).
Casi una quinta parte de las entrevistadas (18%) dijeron que empezaron a evitar ciertos temas en su cobertura, y el 13,3% empezó a evitar fuentes específicas en su trabajo. Algunas dejaron su trabajo como consecuencia de la violencia online (2,4%) o dejaron de ejercer el periodismo (2,4%).
“Cuando se avanza en algo, la resistencia es más dura”, dijo a LJR Mariana Iglesias, editora de género de Clarín. Ella fue la primera editora asignada a este tema en América Latina y una de las únicas cinco editoras de género que siguen trabajando en Argentina, que llegó a tener editoras de género en 13 medios de comunicación.
Iglesias, entrevistada en el estudio de Amnistía, es una de las periodistas que recibió ataques y fueron amenazadas por su cobertura de la legalización del aborto y dejaron de participar en una plataforma de redes sociales.
En 2018, mientras cubría el debate en el Congreso del proyecto de ley que garantizaría el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo en Argentina, Iglesias comenzó a recibir insultos e imágenes de fetos abortados en edades gestacionales avanzadas en su correo electrónico de trabajo.
“Recibía muchas críticas y también amenazas y emails que a medida que iba avanzando el debate en el Congreso se fueron poniendo más horribles”, relata.
Iglesias se entrevistó con representantes del movimiento que se opone a la legalización del aborto y les dio su número de teléfono. Pronto empezó a recibir mensajes y llamadas ofensivas advirtiéndole que se cuidara las espaldas y ordenándole que dejara de escribir sobre cuestiones de género.
“A mí eso me afectó mucho”, dijo. “Fue un domingo, yo estaba en la casa de mis padres, que son grandes, y estaba con mis dos hijos, que eran chiquitos. Me sentí muy vulnerable”.
Iglesias presentó una denuncia ante una unidad del Ministerio Público especializada en violencia contra las mujeres, pero la investigación no pudo identificar a ningún responsable de los correos electrónicos, mensajes y llamadas amenazantes. También informó a sus jefes en Clarín de los ataques que estaba recibiendo, y le dijeron que podía dejar de cubrir ese tema, pero ella decidió continuar.
Pero optó por abandonar el entonces Twitter, ahora X.
“Cada vez que yo ponía una nota o hacía algún comentario empezaba a tener un montón de comentarios horribles, espantosos, y pensé que no tengo por qué leer todo esto”, dijo Iglesias.
Mariana Fernández Camacho, periodista y miembro de la organización sin ánimo de lucro Comunicación para la Igualdad, dijo a LJR que nunca ha tenido un perfil en X/ Twitter precisamente por los abundantes ataques a mujeres periodistas en la plataforma. También ha abandonado la cobertura debido a una agresión online que recibió.
Contó que en 2014, mientras cubría casos en los que hombres acusados de abusar sexualmente de sus hijos demandaban a las madres de los niños y las acusaban de “alienación parental”, comenzó a recibir correos electrónicos llenos de insultos y amenazas por sus reportajes que daban voz a las madres de los niños. En un momento dado, recibió un correo electrónico en el que se mencionaba a su hijo de cuatro años y se hacía referencia a la guardería a la que asistía, a su ruta al colegio y a sus horarios de entrada y salida.
La amenaza a su hijo hizo que Camacho dejara de cubrir ese tema.
“El miedo lo sentí en el cuerpo”, dijo Camacho. “E hizo que accionara a determinada manera: dejé de escribir. Me parece importante plantear esta relación intrínseca entre las violencias en el mundo virtual y que nosotras desaparezcamos de la escena pública y de los medios”.
Camacho no volvió a escribir sobre este tema hasta 2022 para el portal Infobae, donde llevaba casi cinco años como freelance. Sin embargo, el mes pasado la despidieron como colaboradora.
“La crisis llegó también al sector privado, entonces cortaron con todas las colaboraciones externas. Yo cubría temas de género de derechos de mujeres y de diversidades, por ende ya es una voz menos en la cobertura de de esos temas”, dijo Camacho.
Iglesias dijo que la crisis de sostenibilidad de los medios de comunicación, combinada con el ambiente hostil hacia el periodismo en general y hacia las mujeres periodistas en particular, está afectando a la cobertura de estos temas en Argentina. Incluso los medios argentinos que han establecido una perspectiva de género están abandonando estos temas porque, según ellos, ya no atraen a la audiencia, dijo Iglesias.
“Las amenazas y las críticas en las redes hacia todo lo que tenga que ver con feminismo y género son terribles, entonces eso hace que muchas colegas se bajen del cargo”, dijo. “No hay mucha ganancia en esto hoy. No hay respeto generalizado, porque desde el presidente para abajo ya no lo hay. No hay ayuda ni apoyo económico desde las redacciones porque los periodistas ganamos cada vez menos porque los sueldos están sumamente precarizados, porque los medios venden cada vez menos”.
El estudio de Amnistía también pone de manifiesto el impacto de la violencia digital contra las mujeres periodistas en relación con las precarias condiciones laborales a las que muchas se enfrentan en Argentina.
“La situación sociolaboral de las periodistas de alguna manera condiciona en donde las encuentra la violencia de género, si las encuentra dentro de una redacción o solas en su casa recibiendo una agresión, y cómo sienten que tienen el respaldo del medio para poder expresarse de manera segura y ejercer la profesión sin miedo a sufrir represalias”, dijo Galkin.
El informe hace recomendaciones a los medios de comunicación para que desarrollen protocolos de prevención de la violencia online y apoyen a las periodistas que se convierten en objeto de acoso en la red. También incluye recomendaciones para que el gobierno argentino y las plataformas digitales aborden esta cuestión.
“Uno de los grandes desafíos que tenemos es que hoy para las plataformas digitales la prioridad es un modelo de negocio, y no un modelo de sociedad”, dijo Galkin. “Ahí le compete a los Estados y tienen un gran desafío para para tomar intervención en estos casos y desarrollar políticas públicas para dar respuestas a que se garantice la libertad de expresión para todos y todas”.