La periodista Claudia Urquieta del diario digital chileno El Mostrador, en su exposición durante el Foro de Austin – organizado del 8 al 9 de noviembre por el Centro Knight para el Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas en Austin – destacó la importancia que la Ley de Transparencia tiene para los periodistas de su país como herramienta de investigación, desde que empezó a estar vigente en el año 2009.
Con esta nueva ley las instituciones y organismos públicos deben responder las solicitudes de información, que puede formular cualquier ciudadano chileno, en un máximo de 20 a 30 días. De no entregar la información, o entregarla fuera de tiempo o incompleta el usuario puede reclamar y/o apelar ante el Consejo para la Transparencia. También se puede apelar si la entidad pública no justifica su negativa escudándose en las excepciones que considera la ley, cuando el tema afecta la seguridad nacional, el derecho a la vida privada de las personas, la seguridad pública, etc.
La ley, que obliga a las instituciones estatales a mantener una transparencia activa, al deber actualizar constantemente la información pública de sus páginas web oficiales - como presupuesto, planilla de trabajadores y gastos en general - también aplica sanciones a quienes no la cumplen. Tanto el agente público que no atendió una solicitud como la autoridad máxima de la institución pueden llegar a ser suspendidos, y/o multados, dependiendo el caso.
Uno de los ejemplos de aplicación eficiente de la ley de transparencia que expuso Urquieta fue el caso del accidente aéreo ocurrido el 2 de setiembre de 2011 en las islas Juan Fernández de Chile que investigó el diario La Tercera. Uno de sus reporteros solicitó sin éxito a la Fuerza Aérea chilena información sobre el registro de mantenimientos mecánicos hechos al avión que se estrelló en el mar con 21 personas a bordo. La institución negó toda información por tratarse de un tema de seguridad nacional.
Sin embargo, la ley permite a los ciudadanos ir a consultar a cualquier institución pública, por lo que luego de la negativa el reportero se contactó con el ministerio de Defensa, donde sí obtuvo respuesta. Poco después, el titular de dicha cartera, Andrés Allamand, declaró ante los medios de comunicación que se asumirían todas las responsabilidades del caso de encontrarse un problema en la aeronave siniestrada.
Urquieta sostuvo que a raíz de los hallazgos de la investigación periodística varias autoridades de la Fuerza Aérea tuvieron que dejar sus cargos.
Para la periodista chilena la ley de transparencia debe permitirle a los reporteros ir más allá de los límites de lo público, en el sentido en que muchos servicios básicos en el país son privados, como la educación, el servicio de salud, el servicio de pensiones, entre otros.
La gran misión de los periodistas en Chile, según Urquieta, es tener un conocimiento más completo de la ley para saber usarla apropiadamente como herramienta de investigación, y así saber cómo solicitar la información, por qué vías, y qué es lo que puede ser solicitado.
Otro de los obstáculos que advierte la periodista es la poca garantía a futuro de la independencia del Consejo para la Transparencia, por los insuficientes recursos con los que cuenta y la carga de trabajo que maneja – solo en este año ha recibido 1500 apelaciones qué evaluar – y por ser sus miembros elegidos por el Presidente y dos tercios del senado. Hasta el momento ha demostrado independencia pero no se sabe qué pasará en los siguientes gobiernos, concluyó.
En Uruguay, cuenta la periodista Rosario Radakovich, la Ley de Acceso a la Información Pública, aprobada a fines del año 2008, sirve como garantía a la ciudadanía para controlar los procesos y decisiones del estado concernientes a la vida pública. Y desde que existe la ley, los periodistas han logrado un mayor y mejor acceso a la información pública en general.
Sin embargo, en un país de “izquierda progresista” que valora la democracia como el de Uruguay, con un presidente carismático como José Mujica que cuenta con la aprobación de más del 50% de los uruguayos en su penúltimo año de gobierno, cualquier crítica a su gestión por parte de organizaciones civiles o periodistas a veces no tiene la suficiente distancia o no es muy bien recibida por la opinión pública, dijo Radakovich.
“El gran problema de la ley de acceso es el mecanismo institucional con el que es aplicada”, explicó la periodista, considerando que sigue existiendo una “cultura del secreto” en la burocracia gubernamental.
Por ejemplo, citó Radakovich, luego de aprobada la ley, las instituciones estatales tuvieron dos años de plazo para ordenar su información como pública, reservada o confidencial. El gobierno tuvo que concederles dos años más - es decir, en total cuatro años - a las entidades públicas para que logren organizar su información según la ley. Según un informe de CAinfo, solo 2 de los 38 organismos del estado a nivel nacional presentaron la información a tiempo.
La falta de implementación institucional de la ley, su directa dependencia de la oficina presidencial y la limitada apropiación social del derecho, fuera del uso que puedan darle periodistas, investigadores y activistas sociales, son los principales obstáculos de la ley, según Radakovich.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
