Al igual que en el resto del mundo, en América Latina la desinformación y las llamadas fake news se difunden rápidamente y causan daños sociales, impactando políticas públicas, procesos electorales, entre otras pérdidas. De esta forma, varios gobiernos y legisladores del continente han propuesto y aprobado leyes para frenar la práctica, incluso con penas de prisión.
Aunque la regulación de las grandes plataformas digitales es una tendencia mundial, como muestran los ejemplos recientes de Estados Unidos y la Unión Europea, existe la preocupación de que las leyes específicas que responsabilizan a las personas por la circulación de desinformación puedan utilizarse para atacar a opositores políticos y periodistas.
Una resolución de octubre de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó recientemente las propuestas para criminalizar las noticias falsas. La organización pide a los gobiernos que abandonen dichos proyectos de ley en el continente.
Carlos Jornet (SIP): el propósito loable de regular la desinformación puede esconder otros objetivos y conducir a la censura. (Cortesía)
“Detrás de proyectos que se presentan con el loable propósito de evitar este peligro, se suelen esconder otros objetivos, que tienden solo a la censura o autocensura, para neutralizar el periodismo de investigación o silenciar a los opositores”, dijo Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, a LatAm Journalism Review (LJR).
En 2005, Venezuela incluyó en su Código Penal una ley que penaliza la difusión de información falsa. Con el auge del autoritarismo en el país, se convirtió en un instrumento más del régimen de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro contra la prensa independiente.
En 2020, la ley de delitos digitales de Nicaragua generó una ola de críticas por parte de organizaciones de libertad de prensa. El periodista nicaragüense Wilfredo Miranda, quien escribe para El País y Divergentes, afirma que el gobierno pretende, con esta ley, silenciar las voces críticas y el periodismo independiente.
“El gobierno decide qué es una noticia falsa y puede decretar pena de cárcel o multa contra el periodista. (...) [Crea] un andamiaje jurídico a sus narrativas descalificadoras contra los medios de comunicación y periodistas que nos acusa de promover noticias falsas”, dijo Miranda a LJR.
Matías Ponce (ONU): difícil regular sin caer en la censura. (Cortesía)
El experto en desinformación de la ONU, Matías Ponce, cree que cualquier propuesta para regular y frenar la desinformación debe hacerse a través de un sistema independiente del poder político, con reglas claras, controles y equilibrios, “para que esto no termine siendo persecución a la prensa”. Reconoce la dificultad de diseñar un sistema de esta magnitud:
“Hay, como decimos en español, quién le pone el cascabel al gato, es decir, quién va a regular estos si ni siquiera los gobiernos de Estados Unidos y la propia Unión Europea han podido regular a los plataformas de redes sociales”, dijo Ponce a LJR, quien es el autor de Fakecracia. “Creo que es muy complicado que los países de menores en materia de poder global como en los países de América Latina pueden realmente regular dentro de su país y sin caer en la censura”.
En este artículo, LJR relevó varias iniciativas legislativas en países latinoamericanos para prevenir o sancionar penalmente las llamadas fake news.
Argentina: “investigaciones” de noticias maliciosas
En octubre de 2020, el gobierno de Argentina puso en marcha el Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (NODIO) con el objetivo de “proteger a los ciudadanos de las noticias falsas, maliciosas y falacias” que circulan por internet.
La creación de NODIO generó críticas porque está vinculado a la Defensoría Pública, que a su vez es un organismo creado por la Ley de Medios, que regula los medios en Argentina.
En respuesta, la agencia dijo que se ocupará de la investigación cualitativa y cuantitativa sobre violencia simbólica y noticias maliciosas ya difundidas. “No existen intenciones de llevar adelante ni el control, ni la supervisión de la tarea de la prensa: son actividades incompatibles con las funciones de la Defensoría del Público”.
Brasil: el proyecto de ley excluye a las empresas periodísticas
El proyecto de ley que crea la Ley Brasileña de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet fue aprobado en el Senado en julio y actualmente está en trámite en la Cámara, donde otros 50 proyectos de ley tratan el tema.
La llamada “Ley de noticias falsas” excluye explícitamente de su alcance a las empresas periodísticas. El proyecto tiene la oposición del presidente Jair Bolsonaro, quien amenaza con vetarlo si es aprobado por el Congreso.
El objetivo de la ley es combatir la difusión de información falsa en internet regulando las plataformas de redes sociales, como Facebook y Twitter, y los servicios de mensajería privada, como Whatsapp, haciendo a estos proveedores responsables de combatir la desinformación.
Popularmente denominada “Ley de noticias falsas”, la propuesta prevé la identificación de usuarios y cuentas automatizadas (los robots), además de exigir una mayor claridad sobre el contenido patrocinado.
Chile: propuesta de arresto y multa por delito de “noticias falsas”
Al menos tres proyectos que regulan y sancionan la difusión de desinformación en internet están siendo procesados por la Cámara de Diputados de Chile.
Uno de ellos tipifica en el Código Penal el delito de “difusión de noticias falsas que perturben el orden social o causen pánico en la población”, con pena de prisión.
Otra, inspirada en la pandemia del COVID-19, prevé una sanción de hasta US $14.000 para quien propague “por redes sociales u otros medios de comunicación, noticias falsas destinadas a entorpecer la labor de la autoridad en períodos de crisis sanitaria”.
Una tercera iniciativa contempla la pena de prisión y multa de hasta US 7.000 dólares para todo aquel que difunda “acusaciones, imputaciones o noticias que se refieran a hechos que sean capaces de alterar la sinceridad del proceso electoral en curso”.
Colombia: está prohibido hablar mal de los políticos
La propuesta de reforma electoral de Colombia tenía por objeto tipificar la “violencia política”, y por tanto prohibir, la divulgación de “noticias falsas o injuriosas (...) a través de medios de propaganda o publicidad regulados en el presente código”. El pasaje fue retirado del proyecto tras la presión social contra lo que se calificó como “una prohibición de hablar mal de los políticos”.
La iniciativa es la más reciente de una serie de propuestas legislativas respecto del mismo tema en el país. Como, por ejemplo, el proyecto de ley de 2017 que quiso prohibir la creación de perfiles anónimos en redes sociales para “difundir noticias falsas que puedan generar confusión o pánico en la población”, pero fue archivado.
El Salvador: propuesta de cinco años de prisión
Una propuesta pendiente desde marzo de 2020 apunta a agregar al Código Penal una pena máxima de hasta cinco años de prisión para “el que anunciando desastres, accidentes, o peligros inexistentes, suscitare alarma entre las autoridades o personas particulares”.
Nicaragua: mordaza y ley penitenciaria
Wilfredo Miranda, periodista de Nicaragua: la inminente entrada en vigor de la ley de delitos digitales silenciará a los periodistas. (Cortesía)
En octubre de 2020, el Parlamento nicaragüense aprobó la ley contra los delitos digitales, “cometidos por medio de las tecnologías de la información y comunicación”, que contó con el apoyo del presidente Daniel Ortega.
Además de delitos como el robo de datos, el espionaje digital y la piratería, la legislación penaliza la divulgación de información falsa en internet, delito que prevé una pena de dos a cinco años de prisión, que puede llegar a ocho en caso de agravación. La nueva legislación entra en vigencia en 2021 y preocupa a los periodistas del país.
“Creo que es el dilema que tendrán algunos colegas de periodismo. Hay quienes van a callar para evitar una cárcel porque son penas de uno ocho años por publicar filtraciones (...) En mi caso yo no voy a callar pero es una decisión que cada uno debe tomar si va a seguir haciendo periodismo sino va a callar ante la amenaza tan clara de esta mordaza”, dijo Miranda.
Panamá: arresto por desinformación electoral
Una propuesta que se encuentra en discusión en la Comisión Nacional de Reforma Electoral de Panamá establece penas de 1 a 2 años de prisión para quien revele información errónea “perjudicial para cualquier proceso electoral o para los servicios prestados por el Tribunal Electoral”.
Perú: dos años de prisión
En octubre de 2020, un grupo de diputados presentó un proyecto de ley para prohibir la difusión de noticias falsas como la propaganda electoral. El cambio en la ley orgánica de las elecciones quiere una pena mínima de prisión de 2 años para quienes denuncien “de forma deliberada, artificial, automatizada y/o masiva a través de un canal de comunicación masivo o red social”.
Paraguay: proyecto contra información falsa que genera pánico
Un proyecto de ley de marzo de 2020 destinado a frenar la difusión de información falsa durante la pandemia de COVID-19. El texto original preveía una sanción multa para todo aquel que “difundiere dolosa o culposamente, por cualquier medio, información falsa que genere pánico en la población, vinculada a la alerta epidemiológica, o declaración de emergencia sanitaria, será castigado con multa”.
“Este artículo de la ley, bajo el pretexto de luchar contra la desinformación o información falsa, puede generar un retroceso en lo que refiere a derechos fundamentales de las personas y especialmente pone en riesgo la libertad de expresión”, argumentó Maricarmen Sequera, directora ejecutiva. TEDIC, en el blog de la organización. TEDIC es una ONG paraguaya que desarrolla tecnología cívica abierta y defiende los derechos digitales para una cultura libre en Internet.
Tras las críticas, el proyecto de ley fue retirado por su autor.
Uruguay: acuerdo entre partes contra las fake news
En 2018, una propuesta para penalizar la desinformación electoral preveía hasta cuatro años de prisión. El alcance fue amplio, incluyendo “palabras escritas, canciones, símbolos, imágenes, grabaciones o videos, que idóneamente induzca a confusión a los electores".
El proyecto no salió adelante, pero los partidos políticos firmaron un pacto contra las fake news en la campaña electoral de 2019, tras una iniciativa de la Asociación de Prensa Uruguaya (APU).
“Si hay algo más peligroso que las noticias falsas (fake news) que circulan con asombrosa facilidad por las redes, y que tanta gente toma como ciertas, es una ley que castigue su difusión. No importa cómo se diseñe una ley de este tipo, inevitablemente será usada con arbitrariedad y terminará siendo un flagrante ataque a la libertad de expresión”, escribió el profesor de periodismo Tomás Linn, de la Universidad Católica del Uruguay. “No importa cuánto se redacte esa ley, inevitablemente se utilizará de manera arbitraria y terminará siendo un flagrante ataque a la libertad de expresión”.
Venezuela: pionera en el peor sentido
Venezuela es pionera en la criminalización de las noticias falsas en América Latina. La reforma del Código Penal de 2005 introdujo el artículo 297-A, que castiga con hasta cinco años de prisión a las personas que “divulguen información falsa que cause pánico en cualquier medio”.
Con base en este artículo, por ejemplo, los periodistas que cubrían la pandemia COVID-19 en el país fueron arrestados luego de publicar información sobre casos de coronavirus. El país, bajo Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro, se convirtió en el país que más encarcela a periodistas en América Latina.
Este artículo fue escrito originalmente en portugués y traducido por Paola Nalvarte.
