Por Alejandro Martínez
A diez días de la súbita renuncia del coordinador ejecutivo del Mecanismo para la Protección de Periodistas en México, integrantes del Consejo Consultivo del organismo federal revelaron una serie de problemas internos que han obstruido su funcionamiento y llevado a que más de la mitad de los casos recibidos en los últimos dos años sigan sin ser atendidos, reportó Animal Político.
De los 152 casos que ha recibido el Mecanismo desde que inició sus funciones en 2012, 88 de ellos – o 57.8 por ciento – siguen sin ser estudiados por la Junta de Gobierno encargada de determinar medidas de prevención y protección para periodistas en riesgo, aseguraron los integrantes del Consejo.
“Es un rezago que ha venido creciendo, a mitad del año pasado teníamos un rezago de cuarenta casos y con los cambios de las últimas semanas como la salida de Juan Carlos Gutiérrez Contreras a cargo del Mecanismo y de cuatro personas más, aumenta la preocupación de que el rezago crezca todavía más, sobre todo porque no se ha podido integrar un equipo permanente y en consecuencia uno que se haya profesionalizado en el tema”, dijo a Animal Político Edgar Cortez, integrante del Consejo y miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
Cortez y otros integrantes del Consejo Consultivo dieron las declaraciones un día después de haber enviado una carta a Lia Limón, subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación y supervisora del Mecanismo, en la que critican la serie de despidos, cambios de puestos y reportes de acoso laboral y discriminación que han llevado a la pérdida de cinco personas – una tercera parte del equipo – en tan solo uno días.
“El contexto señalado, lejos de generar certeza y seguridad en periodistas y personas defensoras, configura un escenario de mayor indefensión y acentúa la situación de riesgo que padecen aquellas personas que ya cuentan con medidas del Mecanismo o que sus casos están en proceso de análisis”, señalaron en la carta.
Los integrantes del Consejo pidieron que se le dé prioridad a encontrar al remplazo de Gutiérrez Contreras, que se establezca una política laboral dentro del Mecanismo que regularice sus operaciones y que se elabore un plan detallado para resolver los problemas del funcionamiento del Mecanismo.
Los integrantes del Consejo aseguraron que seguirán en el Mecanismo pero que no se reunirán con la Junta del Gobierno hasta que existan las condiciones que garanticen el funcionamiento del organismo.
El Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fue instaurado en junio de 2012 en el contexto de uno de los periodos más violentos para la prensa en el país. El año pasado la organización Artículo 19 documentó 330 agresiones violentas, entre las que destacaron los asesinatos de cuatro periodistas.
Es operado por la Unidad para la Promoción y Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de México y actualmente está integrado por la Junta de Gobierno – compuesta por varias secretarías gubernamentales del orden público, relaciones exteriores y derechos humanos – y un Consejo Consultivo de representantes de la sociedad civil.
La renuncia de Gutiérrez y las críticas del Consejo Consultivo se suman a las denuncias y preocupaciones sobre el desempeño del organismo gubernamental encargado de brindar protección y apoyo a periodistas en riesgo. Múltiples periodistas en situaciones de riesgo han señalado la lenta o nula respuesta del Mecanismo cuando han acudido de él.
El año pasado la periodista exiliada Verónica Basurto Gamero dijo que abandonó el país tras dos meses de amenazas y ante la incapacidad del Mecanismo de proporcionarle protección. Y la semana pasada, el director regional de Artículo 19 Darío Ramírez constató la ineficiencia del Mecanismo al reportar el allanamiento de su casa el domingo 16 de marzo.
“La ilusión (porque al final eso fue) era que alguien de ese fantasmagórico mecanismo de protección me atendiera y brindara una respuesta pronta y oportuna. Sin asombro me di cuenta que nadie contestó. La Secretaría de Gobernación estaba de puente. Pude comprobar que, aquel mecanismo que tanto presumen en foros internacionales de derechos humanos, es increíblemente ineficaz y lento”, escribió Ramírez en una reciente columna.
La organización sin fines de lucro Peace Brigades International (PBI) ha notado que ciertas funciones del Mecanismo provistas por la ley aún no han sido implementadas o requieren ser mejoradas para que el organismo opere adecuadamente. PBI señaló que el Mecanismo necesita instaurar la prometida Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis, agilizar sus respuestas a los casos en los que existen altos niveles de peligro, y mejorar la implementación de medidas de protección basadas en sus análisis de riesgo.
PBI también señaló los problemas en materia de recursos humanos (falta de entrenamiento, insensibilidad, frecuentes cambios de personal), financiamiento, falta de coordinación entre el Mecanismo y los gobiernos estatales, falta de apoyo político en las altas esferas del gobierno, e impunidad.
“Aunque la Procuraduría General de la República tiene un papel específico en la implementación del Mecanismo, aun no ha tenido un impacto significativo, particularmente en la identificación y formulación de cargos en contra de los autores de ataques en contra de defensores", afirmó PBI. "Sin investigaciones y procesos judiciales, realizados conforme a los estándares internacionales, es posible que las medidas de protección otorgadas sean insuficientes y que el Mecanismo se vuelva insostenible a largo plazo”.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
