Por Daniel Guerra
Varios países caribeños se han comprometido a reformar sus leyes penales de difamación pero tienen que seguir trabajando para derogarlas por completo, según un nuevo informe publicado por el Instituto Internacional de Prensa (IPI, por sus siglas en inglés).
El informe destaca a cuatro países del Caribe: Barbados, República Dominicana, Jamaica, y Trinidad y Tobago, junto con sus respectivas leyes vigentes sobre penalización por difamación. Existe la preocupación de que estas leyes impidan la cobertura crítica y las investigaciones sobre presuntos actos ilícitos y sean utilizadas para amenazar con acciones legales a los periodistas y grupos de la sociedad civil. El informe es el resultado de una iniciativa del IPI World Congress 2012, celebrado en Puerto España, Trinidad y Tobago, el pasado mes de junio.
"En tres de los países que visitamos, altos funcionarios del gobierno manifestaron estar de acuerdo con nuestra posición de que las leyes penales de difamación son reliquias de la época colonial diseñadas para reprimir a la disidencia y la crítica, y no tienen cabida en las democracias modernas del Caribe", dijo Alison Bethel McKenzie, directora ejecutiva del IPI. Miembros del IPI viajaron a estos cuatro países caribeños y hablaron con funcionarios del gobierno, periodistas y grupos de la sociedad civil.
Según el informe, los 13 países independientes del Caribe cuentan con leyes penales de difamación en su constitución. La legislación actual en Barbados establece que la difamación por medios impresos o de radiodifusión, puede ocasionar penas de hasta $2.000 dólares y un año de prisión. Jamaica, país caribeño con mayor ranking en el Indice de Libertad de Prensa de la organización Reporteros Sin Fronteras, propuso, en 2011, una medida para derogar la ley sobre difamación. La Cámara de Representantes del país aún no la ha votado.
El informe también examina el reciente caso del periodista dominicano Johnny Alberto Salazar, quien en enero de 2012 fue condenado a seis meses de prisión al ser encontrado culpable de difamación e injuria. Dicha sentencia fue anulada posteriormente por un tribunal de apelación.
Los cuatro países mencionados en el informe del IPI han presentado leyes para derogar o reformar sus leyes sobre difamación, aunque ninguna de ellas ha sido aprobada de manera satisfactoria. Además de recomendar su aprobación, el informe del IPI también recomienda cambios en las compañía de medios de los países en cuestión. Entre esas recomendaciones se encuentra fortalecer las medidas de autorregulación para promover un periodismo más responsable.
El diario Trinidad Express, de Trinidad y Tobago, escribió en su editorial del 16 de octubre que una ley penal de difamación "atenta contra la libertad de expresión y la libertad de prensa garantizada en la Constitución" y que "al igual que el Parlamento ha protegido el discurso con el fin de asegurar un debate robusto, lo mismo sucede con las leyes de difamación progresistas que ayudan tanto a los periodistas como a los ciudadanos a tratar más efectivamente con los asuntos públicos".
El informe completo se puede encontrar aquí.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
