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ONGs proponen medidas para mejorar la protección a periodistas en América Latina, durante lanzamiento de ebook multilingüe sobre el tema del Centro Knight y la Unesco

La autoprotección, la solidaridad dentro del gremio y el fortalecimiento de redes con la sociedad civil son algunas de las medidas que los miembros de la prensa en América Latina pueden tomar para intentar protegerse ante el ambiente de violencia, estigmatización y acoso que sufre el periodismo en la región.

En eso coincidieron Paula Saucedo, de Artículo 19 México y Centroamérica; Emmanuel Colombié, de Reporteros Sin Fronteras (RSF); y Carlos Martínez de la Serna, del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), quienes participaron como ponentes en el seminario web con motivo del lanzamiento del ebook multilingüe gratuito “Protección de periodistas: seguridad y justicia en América Latina y el Caribe”, editado por el Centro Knight para el Periodismo en las Américas y la Unesco.

La discusión se llevó a cabo vía Zoom el 2 de agosto de 2022 y fue moderada por el periodista mexicano Javier Garza, editor del ebook. El seminario web contó también con presentaciones de Rosental Alves, director del Centro Knight para el Periodismo en las Américas, y de Teresa Mioli, coordinadora de programas del Centro y quien fungió como supervisora del ebook.

Protection of Journalists: Safety and Justice in Latin America and the Caribbean Spanish version cover

El ebook se puede descargar de forma gratuita en español, inglés y portugués. 

Ante la falta de resultados de los mecanismos de protección a periodistas que existen en algunos países de la región y la impunidad en los casos de agresiones a periodistas, es importante que los periodistas fortalezcan el vínculo con la sociedad civil y establezcan mecanismos de autoprotección.

“Algo que yo he visto que ha funcionado en México y otros países de Centroamérica es que ya se ponen de acuerdo periodistas freelance y de distintos medios para monitorearse entre ellos cuando van a hacer coberturas de riesgo”, dijo Saucedo, Oficial de Protección y Defensa de Artículo 19, durante el seminario web. “Creo que es importante fortalecer esos mecanismos de autoprotección, de monitoreo, de denuncias públicas y de buscar a los organismos internacionales”.

Mientras no existan políticas integrales de protección a la prensa por parte de las autoridades, la propia profesión tiene que organizarse y establecer esos protocolos internos de seguridad, tanto física como digital, dentro de las salas de redacción, consideró Colombié, director regional para América Latina de RSF.

Esto incluye, dijo, medir el valor de la información. Es decir, determinar qué riesgos un periodista está dispuesto a tomar para obtener cierta información y si dentro de su redacción cuenta con las herramientas de protección suficientes.

“Es importante insistir sobre esto, considerando el aumento de los ataques contra la prensa”, dijo Colombié. “Es fundamental que, en paralelo de la construcción de políticas públicas y de la contribución de la sociedad civil, haya protocolos de protección y autoprotección establecidos en las redacciones”.

Colombié señaló algunas de las fallas estructurales que sufren los mecanismos de protección a periodistas que existen en varios países de América Latina, los cuales son abordados en el ebook. Aunque el origen y la ejecución de dichos sistemas son distintos entre países, apuntó que en general hay una falta de recursos humanos y financieros, así como capacitación insuficiente del personal a cargo de la protección sobre el tema de la libertad de prensa.

En su mayoría, los mecanismos dependen de instituciones ineficaces, como departamentos de policía, ejército o organismos de procuración de justicia, dijo el representante de RSF, organización que este año publicó el informe “Bajo Riesgo”, sobre las deficiencias de los programas de protección de periodistas en México, Colombia, Honduras y Brasil, considerados entre los países más peligrosos para ejercer el periodismo en la última década.

“Esto tiene que ver con el voluntarismo político, pero existe una falta de recursos suficientes considerando la cantidad de demandas y de denuncias que existen en esos países”, dijo Colombié. “En las metodologías de análisis de riesgo, que son fundamentales para tener un mecanismo eficiente, no tienen siempre en cuenta las especificidades de la labor periodística. Las medidas de protección consideramos que son generalmente inadecuadas o se aplican demasiado tarde”.

En muchos casos, a la falta de capacitación y recursos se suma la falta de coordinación con otras instituciones y la escasa transparencia con la que se manejan esos mecanismos.

De acuerdo con Martínez de la Serna, director de programas del CPJ, es esencial que los mecanismos de protección a periodistas estén abiertos a la participación y el escrutinio de la sociedad civil, pero que sobre todo no dependan de la voluntad política de los gobernantes.

“No podemos dejar la protección de los periodistas en la voluntad política, eso es un desastre. [Los mecanismos de protección] tienen que residir en las instituciones, en una judicatura independiente, sólida y bien capacitada”, dijo. “Al final, se trata construir democracia, instituciones sólidas e independientes que puedan garantizar la libertad de prensa”.

Martínez de la Serna dijo que cuando existe falta de independencia en las instituciones de procuración de justicia, se abre la puerta a casos de acoso judicial o criminalización de la labor periodística, como el caso reciente del periodista guatemalteco José Rubén Zamora, fundador de elPeriódico, quien fue arrestado el 29 de julio bajo señalamientos de lavado de dinero y tráfico de influencias.

El caso de Zamora fue mencionado en diversas ocasiones durante el seminario web como un caso emblemático de acoso judicial al periodismo en América Latina. Los panelistas y el director del Centro Knight para el Periodismo en las Américas, Rosental Alves, aprovecharon la ocasión para solidarizarse con el periodista.

“Lo que ocurrió con José Rubén Zamora es muestra de que la democracia está cuando menos en un fallo enorme el papel de las fiscalías, la falta de independencia, la falta de transparencia, entonces se pueden producir estos ataques. Si ocurre esto, ¿cómo podemos esperar que protejan a periodistas en otras condiciones?”, dijo Martínez de la Serna.

El acoso judicial es una de las tendencias al alza en lo que se refiere a riesgos para el periodismo en la región que más preocupa a los panelistas. En América Latina y el Caribe cada vez hay más periodistas y medios de comunicación perseguidos judicialmente por haber denunciado asuntos de corrupción que incomodan a poderes políticos o económicos, lo que inevitablemente trae como consecuencia la censura, el surgimiento de desiertos de información y de temas que se vuelven intocables.

“La judicialización de la censura tiene efectos directos sobre el trabajo periodístico porque de alguna manera impide a los periodistas concentrarse en el trabajo de informar porque tienen que defenderse frente a los órganos judiciales”, dijo Colombié. “Es una tendencia muy fuerte y muy preocupante en casi todos los países de la región”.

Solo en México, el país más inseguro para ejercer el periodismo en el continente, se registraron en promedio tres demandas judiciales al mes contra medios de comunicación o periodistas durante 2021, según registró Artículo 19. Además, en ese y otros países de la región, se ha intentado revivir antiguas leyes que impedían el ejercicio pleno del periodismo, de acuerdo con Saucedo.

“En varios países en los que se habían derogado ciertas leyes, vemos que hay tendencias para que se vuelvan a reformar leyes tanto locales como federales para volver a traer leyes que son restrictivas a la libertad de expresión”, dijo. “Esto es bastante preocupante y creo que también habría que enfocar ahí ciertos esfuerzos para prevenir que el acoso judicial se siga perpetrando en la región”.

Screenshot of the Zoom meeting for the launch of the ebook Protection of Journalists: Safety and Justice in Latin America and the Caribbean

En la presentación del ebook participaron representantes de Artículo 19, el Comité para la Protección de los Periodistas y Reporteros Sin Fronteras.

Para Martínez de la Serna, la sociedad civil y las organizaciones de defensa de la libertad de prensa tienen que lograr que el costo político de usar  las leyes para asfixiar al periodismo sea mucho más elevado, al grado que los políticos no puedan darse el lujo de hacerlo.

El representante del CPJ dijo que, a diferencia de regímenes como los de Cuba o Venezuela, que cuentan con sistemas estructurados para silenciar al periodismo y desmantelar a la prensa independiente mediante las leyes, en la actualidad los políticos desprestigian y estigmatizan a los periodistas de forma abierta, directa e impune.

“Con [el caso contra] José Rubén Zamora, el gobierno de Guatemala tiene que saber que en tres días, desde el viernes, su reputación internacional ha sufrido un deterioro enorme por lo que ha sido un abuso tremendo a la libertad de prensa y el ataque a un periodista”, dijo Martínez de la Serna. “La impunidad tiene un nuevo apartado que es el de la impunidad política de basar la carrera de un político en atacar a la prensa”.

La estrategia de convertir al mensajero en el mensaje mediante discursos estigmatizantes contra el periodismo ha resultado muy efectiva para gobiernos de países como Estados Unidos, México, Brasil y El Salvador, considera Saucedo, porque la opinión pública enfoca su atención en quién es el periodista o medio en lugar de la historia o información de interés público que se intenta dar a conocer.

Por ello, la representante de Artículo 19 cree que la mejor forma de contrarrestar dicha estigmatización es la creación de narrativas que contrarresten dicha estigmatización y redirijan  la atención de la sociedad a la información que es de su interés.

“Hay que generar estas contra-narrativas y seguir empujando para que los mensajes y las investigaciones que trae la prensa que está siendo censurada todas los días en la región sigan siendo escuchados, porque se pierden en un mar de discursos estigmatizantes y polarización”, dijo Saucedo. “El impacto que esto tiene en el derecho a la información y el acceso a la información de la sociedad latinoamericana es bastante alto”.

En opinión de Guilherme Canela, jefe de la sección de Libertad de Expresión y Seguridad de Periodistas de la Unesco, las estrategias para enfrentar la violencia contra la prensa deben tener distintas perspectivas.

Por ello, el organismo ha llevado a cabo una serie de iniciativas en los últimos años, entre ellas el Fondo Global de Defensa de los Medios (Global Media Defense Fund), el cual incluye un componente de financiamiento a estrategias de investigación sobre la violencia contra los periodistas. Dicho fondo fue el que hizo posible el ebook “Protección de periodistas: seguridad y justicia en América Latina y el Caribe”.

“Me parece que este libro es una contribución más a esta discusión y es importante que sea realmente eso, un proceso que va a continuar, porque sin periodismo de investigación sobre esta temática no vamos a lograr disminuir los niveles de impunidad que existen”, dijo Canela al inicio del seminario web.

El ebook es una compilación de 14 reportajes enfocados en cuatro temas: cobertura de protestas, cobertura de conflictos violentos, desarrollo de mecanismos de protección e investigación y enjuiciamiento de la violencia contra periodistas. Está disponible en españolinglésportugués, y puede ser descargado gratuitamente desde la biblioteca virtual de JournalismCourses.org, la plataforma de educación en línea del Centro Knight para el Periodismo en las Américas.

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