La Unidad Nacional de Protección (UNP) de Colombia ha recolectado más de 25 mil registros de la periodista Claudia Julieta Duque quien cuenta con un esquema de protección otorgado por esa misma entidad, según denunció la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
La denuncia fue hecha en una carta enviada por el director ejecutivo de la FLIP, Jonathan Bock, al director de la UNP, Alfonso Campo Martínez. En ella, la FLIP señala que los registros fueron obtenidos entre febrero y agosto de 2021 a través del GPS instalado en el vehículo que la UNP le otorgó a la periodista como parte del esquema de seguridad.
“El monitoreo es permanente y detallado, y en ocasiones es realizado en intervalos de 30 segundos”, señaló la FLIP en la carta. Estos incluyen fecha, hora, dirección de la ubicación exacta, sentido en el que va el vehículo y un enlace de localización en Google Maps, agregó.
Periodista colombiana Claudia Julieta Duque. (Foto: Twitter)
Los datos fueron entregados por la misma UNP en medio de una acción de tutela interpuesta por Duque tras haber recibido información de que se había ordenado su asesinato, y que este se llevaría a cabo usando los datos recogidos por el GPS instalado en su vehículo, le dijo Duque a LatAm Journalism Review (LJR).
“Esa fue la primera noticia que yo tuve que el GPS del carro blindado que a mí me dan podía realizar un tipo de seguimiento como ese, o sea un tipo de rastreo tan fuerte. A mí nunca se me informó de manera oficial, la UNP jamás me dijo a mí oficialmente que el GPS sería utilizado para rastrear mis movimientos. Muchísimo menos se me informó que a través del GPS ellos podían seguirme o cosas así”, dijo Duque a LJR. “En el inventario que a uno le entregan cuando le dan el vehículo ni siquiera está incluido el GPS. O sea, eso es una información que nunca se hizo oficial, que nunca se me pidió permiso ni nada”.
Cuando Duque recibió información sobre el plan criminal en su contra usando los datos del GPS, le informó a la Fiscalía General de Colombia y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) – organización que le otorgó medidas cautelares en 2009. Debido a que esto sucedió unos días antes de la orden de confinamiento total en Colombia a causa de la pandemia por COVID-19, el asunto quedó allí, hasta que en junio de 2021 Colombia le dio una respuesta oficial a la CIDH.
En el documento, que pudo ver LJR, Colombia le informa a la CIDH que el reporte de los movimientos de los vehículos es una herramienta de verificación que se aplica a todos los automóviles que hacen parte de la UNP. Según el documento, una de las razones para hacerlo es poder reaccionar ante cualquier situación de riesgo de las personas protegidas.
“En consecuencia, la herramienta es parte fundamental del cumplimiento de la misionalidad de la U.N.P y la cual atañe en su creación, administración y regulación a esta Entidad, a la cual los beneficiarios depositan su confianza y en consecuencia requieren de la prestación del servicio”, señala el texto enviado por la Cancillería de Colombia a la CIDH.
“Yo me quedé muy asustada de la respuesta porque yo no tenía idea que la UNP en algún momento me hubiese solicitado un consentimiento. Yo hasta ese momento lo que yo creía que hacía un GPS es que si te roban el vehículo o algo así, pues se activa y entonces empiezan a mirar dónde está el vehículo. Pero a mí nadie me dijo que esto se hacía de esta manera”, dijo Duque. “Es que es aterrador y es escalofriante el nivel de rastreo que te hacen”.
La periodista envió un derecho de petición a la UNP solicitándole la información detallada de lo que había sido recolectado por el GPS. Ante el silencio de la entidad, junto a la FLIP interpuso una acción de tutela para conseguir la información, es decir casi un año y medio después de conocer el plan criminal en su contra. Aunque la tutela no fue aprobada en un primer momento, luego de que Duque impugnara la decisión, la UNP envió los datos solicitados entre septiembre y octubre de 2021.
“Me mandaron un montón de información desordenada que me tomó varios días por supuesto entender. Pero en el marco de esa respuesta y de esos archivos [...] uno de ellos es un documento en Excel que indica los movimientos del vehículo que yo tengo hoy en día desde el 3 de febrero hasta el 31 de agosto de este año y son 25.183 registros fidedignos de información”, explicó Duque. “Es una cosa que da terror, de verdad es que es muy miedoso, realmente es algo para morir del susto”.
“Es algo que supera completamente cualquier posibilidad de que este rastreo sea para protegerte. Además yo tengo información, o tuve en febrero [de 2020], que me iban a matar desde allí. Cuando yo recibo un año después este registro de 190 páginas, pues yo casi me muero del susto porque yo dije no puede ser. O sea lo que me pueden hacer a mí con esta información es terrible”, enfatizó Duque.
Luego de conocer estos datos, Duque recordó una llamada extraña que recibió su familia en febrero de 2021, en uno de esos días en que se hizo el monitoreo. En ella informaban que la periodista y su hija habían sufrido un accidente en una carretera durante un viaje que tenían ese día. Duque aseguró en su cuenta de Twitter y a LJR que nadie sabía de ese viaje.
La FLIP preguntó a la UNP por el propósito de la instalación de ese GPS, pero aseguró que la respuesta no fue clara. Según la FLIP, la UNP hizo alusión a un manual sobre las medidas de protección que establece que el GPS sirve para llevar un registro de la velocidad de los vehículos asignados para la protección de las personas y saber si se hace buen uso de estas medidas.
“Sin embargo, la información que recoge no permite cumplir dicho fin. Adicionalmente, en la práctica se evidencia que se recolecta más información de la estrictamente necesaria para medir la velocidad, que de no haber un correcto tratamiento de datos personales puede generar un riesgo para la integridad de la protegida”, escribió la FLIP.
“En la UNP NO REALIZAMOS ningún monitoreo o recolección de datos de manera ilegal. Como entidad del Gobierno Nacional somos garantes del ejercicio periodístico y protegemos a quienes informan en todo el país”, escribió por su parte el director de la UNP en su cuenta de Twitter.
Una historia de persecución
El caso de Duque es especialmente sensible debido a que la periodista fue víctima de persecución y tortura psicológica por parte de la desaparecida agencia de inteligencia del país llamada DAS (Departamento Administrativo de Seguridad). El DAS fue liquidado en 2011 a raíz del escándalo conocido como las ‘chuzadas’, es decir, interceptaciones ilegales por parte del DAS a periodistas, políticos, magistrados de la Corte Suprema, entre otras personalidades.
Durante el cierre del DAS, la Fiscalía encontró el documento “Manual para amenazar” cuya existencia ya había denunciado Duque. Con este documento se instruía a funcionarios cómo intimidar a la periodista con detalles de dónde hacer las llamadas, cómo hablar, cómo llegar a un lugar para llamar, entre otros datos.
Los crímenes en contra de Duque vinieron después de su investigación del asesinato del también periodista y humorista colombiano Jaime Garzón ocurrido en 1999. En sus investigaciones periodísticas Duque vinculó a exfuncionarios del DAS en la planeación y ejecución del asesinato de Garzón. En efecto, en 2018, un exsubdirector del DAS fue condenado a 30 años de prisión por “determinador” del asesinato de Garzón, y en 2016 el Consejo de Estado de Colombia – máximo tribunal que define los procesos que involucran al Estado – condenó a la Nación por el crimen de Garzón.
En 2001 Duque fue secuestrada y posteriormente comenzó la tortura psicológica. En 2003 y 2004 la periodista denunció sus crímenes ante la Fiscalía, pero fue solo hasta 2013 cuando esta dictó medida de aseguramiento contra algunos exfuncionarios del DAS acusados de delito de tortura psicológica agravada.
El crimen en contra de Duque fue catalogado como de lesa humanidad por la Fiscalía General de Colombia en 2017. En octubre de 2018, la periodista presentó su caso en contra del Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Durante todos estos años Duque ha denunciado la impunidad en su caso. De hecho en 2019, la periodista anunció que suspendía su participación en el proceso penal en Colombia justo por esa razón. Si bien ocho exfuncionarios estuvieron en juicio por las amenazas, tortura psicológica y persecución en su contra, solamente tres han sido condenados.
En la actualidad, junto con su abogado recusaron a la juez debido a los retrasos injustificados. Por ejemplo el juicio contra uno de los acusados, terminó en noviembre de 2017 y todavía no ha recibido sentencia.
La periodista cuenta con medidas de protección de parte de la UNP desde 2012 y ha estado en el exilio en tres oportunidades.
“Expresamos nuestra profunda preocupación por la recolección masiva y sin autorización de datos, altamente sensibles, de la periodista Claudia Julieta Duque y posiblemente de otros reporteros y reporteras”, escribió la FLIP en su carta.
Para finalizar la FLIP le pidió a la UNP una aclaración pública sobre estos hechos que incluye explicar si todos los periodistas que cuentan con un vehículo como parte de su protección tienen ese monitoreo y si hubo autorización por parte de estas personas, entregar la información recolectada a cada persona protegida e informar cuál es el tratamiento de datos a la información que recoge el GPS. También pidió retirar el GPS del vehículo de Duque.
LJR pidió declaraciones al director de la UNP, pero hasta el cierre de esta nota no había recibido respuesta.
