El Congreso Nacional de Honduras está discutiendo la aprobación de una ley que pretende regular la actividad y el contenido en internet, y también imponer obligaciones a los administradores de sitios web.
La Ley Nacional de Ciberseguridad y Medidas de Protección Ante los Actos de Odio y Discriminación en Internet y Redes Sociales, presentada recientemente por el diputado del Partido Nacional Marcos Paz Sabillón, sería parte de la implementación de la estrategia nacional de ciberseguridad que incluye el nuevo Código Penal hondureño.
Según la organización hondureña defensora de la libertad de expresión C-Libre, la normativa violenta lo establecido por el Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos en el numeral 3, el cual rechaza todo control oficial o particular sobre cualquier medio que sirva para difundir información, ideas y opiniones.
De acuerdo con el dictamen del proyecto, la ley crearía un Comité Interinstitucional de Ciberseguridad que se encargaría de formular, diseñar, implementar y vigilar el cumplimiento de la ley de acuerdo a la Estrategia Nacional de Ciberseguridad contemplada en el nuevo código penal.
Este comité estaría conformado por el Ministerio Público, la Comisión Nacional de Banca y Seguros, el Registro Nacional de las Personas, la Dirección General de Marina Mercante, la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil, el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, entre otros principales organismos del Estado de diversas competencias.
El director de C-Libre, Edy Tabora, dijo al Centro Knight que antes de esta iniciativa de ley ya existían en Honduras suficientes mecanismos de control de la libertad de expresión en internet. “Lo único que no hay en el país es la ciberpolicía, que es lo que falta, y este comité de censura (el comité interinstitucional de ciberseguridad que plantea la ley) vendría a operativizar ese tema de la ciberpolicía que existe para otras cosas”, añadió.
“Por ejemplo, hay una unidad de intervención de las comunicaciones que más o menos viene haciendo esa función y que depende de la Dirección de Inteligencia. Y a su vez, el jefe inmediato y supremo de todo esto es un órgano muy político que es el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, cuyo jefe es el Presidente de la República”, dijo Tabora.
De acuerdo con la comisión congresal a cargo de socializar el proyecto de ley, han sido incorporadas al dictamen de la ley algunas de las recomendaciones hechas por diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil consultadas, con el fin de proteger las garantías constitucionales de los hondureños. Sin embargo, los organismos de derechos humanos y gremios periodísticos siguen considerándola un mecanismo de restricción a la libertad de expresión y de pensamiento, publicó el sitio Proceso.
Esta ley está siendo cuestionada y rechazada por diversas organizaciones de la sociedad civil y periodísticas por representar una “ley mordaza”, una nueva forma de censurar la libertad de expresión en Honduras.
Según el diario El Heraldo, el debate de la ley nacional de ciberseguridad se encuentra suspendido en la Cámara Legislativa hasta que termine de ser consultada con todas las instituciones y sectores involucrados y se revisen las recomendaciones que estos realicen. Sin embargo, el diputado del Partido Nacional Nelson Márquez dijo que su discusión podría ser retomada en las sesiones ordinarias del Congreso Nacional esta misma semana, informó el sitio.
Para la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la aplicación de la ley, el proyecto legislativo de la misma contempla la creación de un Consejo de Veeduría Social. A través de este, la sociedad puede hacerle seguimiento a lo que dictamine el Comité interinstitucional de Ciberseguridad.
El secretario del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez, dijo sobre el polémico proyecto de ley que este “vulnera la libertad de expresión y hacerlo – conformar este comité [consejo] – significaría avalarla y no estamos de acuerdo tal como está planteada”, publicó El Heraldo.
Según un informe de C-Libre, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) se reunió con la comisión especial multipartidaria del Congreso Nacional que socializa la ley. En dicha reunión, miembros de la Cohep se mostraron dispuestos a ofrecer recomendaciones a la ley para evitar que esta afecte a las empresas que representan.
No obstante, El Heraldo publicó posteriormente a esa reunión que si bien la Cohep aportará a la legislación con sus recomendaciones anunció, al igual que el CPH, que no será parte del consejo de veeduría social.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió precaución al Congreso Nacional de Honduras para no coartar la libertad de expresión de los hondureños con esta iniciativa de ley. “No se necesitan leyes especiales para reglamentar delitos que pudieran cometerse en el internet, cuando ya están contemplados en la normativa general”, sostuvo en su sitio web la organización, aludiendo también así a los principios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA y la ONU.
De acuerdo con C-Libre, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza también mostró su preocupación respecto de este proyecto de ley y advirtió que las personas que pudieran ser afectadas por esta legislación pueden recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
