Por Isabela Fraga
La reciente oleada de demandas contra los medios de comunicación privados en Venezuela llamó la atención de varias organizaciones de periodismo, que calificaron las acciones como ataques a la libertad de expresión.
El jueves 8 de agosto, los periódicos El Nacional y Tal Cual recibieron una multa equivalente al 1% de sus ingresos brutos durante 2009 por la publicación (en 2010) de una imagen del estado deplorable de la morgue, de acuerdo con la organización Espacio Público. El mismo Tribunal de Protección del Niño determinó que el diario El Nacional no podrá publicar imágenes de "contenido violento, armas, asaltos, cadáveres ensangrentados y desnudos", según publicó este medio.
A finales de julio, el grupo de comunicación 6to Poder y su editor, Leonecis García, tuvieron sus cuentas bancarias congeladas debido a la gran cantidad de dinero que García mantiene en cuentas en Venezuela y en el extranjero, de acuerdo con RNV. La medida provocó el cierre de los medios del grupo, la detención de García y llevó a los empleados a hacer una huelga de hambre durante varios días frente a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Caracas a principios de agosto, informó el diario La Verdad.
Para el Instituto Prensa y Sociedad en el país (IPYS Venezuela), estos casos ponen de manifiesto un uso desproporcionado del poder del Estado al "criminalizar el trabajo de los periodistas y medios de comunicación privados e independientes". En el informe publicado por la organización, se mencionan siete casos que se produjeron en el último mes y un historial de eventos similares en la última década, que "constituyen violaciones que pueden afectar a la libertad y el pluralismo de la información en Venezuela", según el abogado especialista en libertad de expresión Héctor Faúndez Ledesma, entrevistado por IPYS.
En una entrevista con la agencia EFE, la directora ejecutiva de IPYS en el país, Marianela Balbi, dijo que dichos mecanismos judiciales utilizados por el gobierno son sutiles formas de establecer auto-censura y violar la libertad de expresión. Es visible "la falta de equilibrio entre lo que sería el supuesto delito que le están imputando y las penas que se están aplicando".
La Asociación Civil Expresión Libre coincidió con IPYS y expresó preocupación por el aumento de medidas judiciales del gobierno venezolano contra los medios de comunicación privados de Venezuela, informó El Universal. La organización llamó la atención sobre la acción legal rápida contra los medios, algo inusual en un gobierno que "inicia demandas que están paralizadas desde hace mucho tiempo (...) en espera de la oportunidad para una mayor conveniencia política (...) para comunicar decisiones".
Tanto IPYS como Expresión Libre, destacan el caso del diario Correo del Caroní, que en julio de 2013 le fue prohibido publicar sobre Yamal Mustafá, un empresario minero de Orinoco que había sido arrestado y enjuiciado días antes por su presunta participación en actos de corrupción. Desde 2012, el periódico publicó las denuncias de actos de corrupción en los que Mustafá estaba involucrado.
Para Carlos Correa, de la organización Espacio Público, estas acciones no son aisladas, sino que son orquestadas. "No son hechos aislados son parte de una politica restrictiva que esta asociada a la coyuntura politica. Es decir, se atacan a los medios por los estrechos resultados de las elecciones pasadas y preparan el camino para unas próximas elecciones locales con mayor inequidad en el acceso a los medios para los partidarios de la oposición", dijo Correa al Centro Knight para el Periodismo en las Américas.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
