Luego de que dos ministros de Bolivia hicieran declaraciones en contra del periodista Carlos Valverde, el comunicador decidió abandonar el país por lo que él consideró eran amenazas en su contra, según le relató al diario El Deber.
Valverde llegó a Argentina, pero aseguró que no pedirá asilo y que volverá al país luego de que se “descomprima” el ambiente tenso. El periodista señaló que desde Argentina seguirá publicando sus denuncias, agregó El Deber.
En días pasados, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y la ministra de Comunicación, Marianela Paco, en declaraciones independientes atacaron a Valverde y lo habrían acusado de mentir en la investigación hecha por el periodista que involucra al presidente del país, Evo Morales, según explicó el reportero al diario digital Infobae.
Valverde fue el periodista que dio a conocer el certificado de nacimiento de un presunto hijo del presidente Morales con su expareja, Gabriela Zapata, explicó BBC Mundo. Este documento hacía parte de una denuncia hecha por Valverde sobre un presunto tráfico de influencias al entregar contratos millonarios a una empresa china de la que Zapata era gerente comercial.
Según BBC Mundo, Valverde mostró este documento como prueba de sus denuncias sobre que el Gobierno de Morales había dado estos contratos debido a su relación familiar con Zapata.
No obstante, meses después el mismo Valverde aseguró que el presunto hijo no existe, agregó BBC Mundo. Sin embargo, en una entrevista a Infobae, Valverde reafirmó la existencia del documento en el que Morales habría aceptado la paternidad de este niño.
Días después de conocerse su abandono del país, el mandatario Morales publicó en su cuenta de Twitter “quien se esconde o escapa es un delincuente confeso” y no un perseguido político, según publicó el medio digital Opinión.
El caso de Valverde se da días después de que el también periodista Wilson García Mérida, director del diario Sol de Pando, anunciara que abandonó el país a raíz de una presunta denuncia en su contra interpuesta por el ministro Quintana por el delito de sedición, publicó el diario Página Siete.
García Mérida le aseguró al Centro Knight para el Periodismo en las Américas, a través de un correo electrónico, que ni él ni su abogado lograron tener acceso al archivo en su contra, razón por la que no tiene conocimiento de los detalles, pruebas y cargos que se le imputan.
Aseguró que no sabe si la acusación en su contra se relaciona con las denuncias que ha hecho sobre casos de presunta corrupción que involucrarían al ministro Quintana. No obstante, agregó que estos casos son tratados por el Tribunal de Imprenta y no por la justicia ordinaria.
El comunicador le aseguró al Centro Knight que al no tener información en detalle sobre su denuncia, decidió que era mejor para él salir del país teniendo en cuenta que el delito de sedición implica “cárcel inminente” incluso en la fase inicial del proceso.
Los casos de estos periodistas se presentan en un ambiente de hostilidad contra la prensa liderado por las autoridades del país, según denunció la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF). RSF aseguró que este ambiente incluye acusaciones públicas, intimidaciones o amenazas de procesos judiciales, entre otros.
Así por ejemplo, RSF recordó que el 19 de mayo el ministro Quintana aseguró que en el país existe un “cartel de la mentira” del que hacen parte la Agencia de Noticias Fides (ANF) y los diarios Erbol, El Deber y Página Siete.
Según la organización, estas declaraciones se dieron cuando los parlamentarios le preguntaron sobre el presunto tráfico de influencias en el que estaría involucrado el presidente Morales y su expareja. Para el funcionario Quintana, estos medios buscan desestabilizar el país a través de escándalos mediáticos.
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de Bolivia también expresó su rechazo a la declaraciones del funcionario, respaldó el trabajo realizado por estos medios, y exigió respeto al trabajo periodístico.
“Atribuir la organización de medios con fines de desestabilización a destacados y reconocidos periodistas es un argumento que cae por su fragilidad frente al prestigio ganado por meritorios y reconocidos comunicadores”, afirmó la ANP.
RSF también aseguró que los reporteros Amalia Pando, Raúl Peñaranda y Andrés Gómez “son blanco de una verdadera campaña de difamación, marcada por ataques verbales” desde hace varios meses. Asimismo registró casos de agresiones, restricciones a las coberturas periodísticas en meses anteriores, así como el anuncio hecho por una diputada por revisar la Ley de Imprenta.
“Este clima de hostilidad hacia la prensa, que perjudica profundamente la libertad de expresión en Bolivia, no puede durar más”, dijo Emmanuel Colombié, responsable del Despacho América Latina de RSF, según un comunicado. “Los insultos, las persecuciones ilegales y las campañas de difamación emprendidas por los altos representantes del Estado contra los periodistas de su propio país son intolerables y engendran una autocensura nefasta para la libertad de prensa”.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
