*Por Santiago Villa. Publicado originalmente por GIJN.
Salas de prensa que deben cerrarse de la noche a la mañana, guardaespaldas que sabotean el trabajo de periodistas bajo su custodia y procesos judiciales que amedrentan a quienes denuncien delitos estatales. América Latina enfrenta una crisis de libertad de prensa y en algunas circunstancias, es tan grave que está obligando a los periodistas a huir de sus países de origen.
De México a Brasil y de El Salvador a Venezuela, los ataques contra los periodistas ocurren constantemente. En el Índice Mundial de Libertad de Prensa más reciente de Reporteros sin Fronteras (RSF), se dice que hay “un entorno cada vez más tóxico en América Latina”, especialmente para los reporteros de investigación enfocados en hacer que el poder rinda cuentas.
“Cada vez más visibles y virulentos, estos ataques públicos fragilizan a la profesión y alientan procedimientos judiciales abusivos, campañas de difamación e intimidaciones -especialmente contra las mujeres- y acoso en Internet contra los periodistas críticos”, señala RSF.
Desde 2017, decenas de periodistas de la región han sido asesinados o secuestrados, 150 han enfrentado detenciones arbitrarias y 11 han sido sometidos a otros abusos, según datos de la Red Voces del Sur (VdS), un proyecto de monitoreo a la libertad de prensa en 14 países y en el que participan las principales organizaciones de protección de la libertad de expresión en América Latina.
Según VdS, 171 periodistas de la región -de las cuales 75 son mujeres- tuvieron que exiliarse en 2020 y 2021 para salvarse de encarcelamientos arbitrarios o incluso de atentados contra su vida.
Aunque algunos y algunas periodistas se acomodan al exilio e incluso encuentran cómo mejorar sus reportajes en el extranjero, este fenómeno regional no solo genera enormes presiones psicológicas y financieras sobre los y las periodistas, sino también debilita la democracia y la gobernanza.
Para entender este preocupante éxodo de periodistas y sus intentos de seguir reportando desde fuera de sus países, la Red Mundial de Periodismo de Investigación (GIJN) habló con reporteros exiliados y exiliadas de Nicaragua, El Salvador, Cuba y Colombia, para que compartieran su experiencia enfrentándose a la persecución estatal y criminal que les llevó al exilio. Los periodistas también dan consejos para hacer periodismo investigativo desde fuera de sus países.
Los votos para la oposición que se encontraron en un basurero durante las elecciones regionales de 2008 en Nicaragua fue una señal temprana de que el gobierno de Daniel Ortega, que inició en el 2007, estaba tomando un rumbo autocrático. Si bien desde 2009 hizo cambios a la constitución para lograr la reelección indefinida, el clímax de su opresión estatal vino durante las protestas populares de 2018.
“El país, un poco lleno de hartazgo, explota y sale a las calles a protestar; y la respuesta del gobierno fue asesinar a más de 350 personas, como yo lo logré documentar”, dice Wilfredo Miranda Aburto, galardonado con el Premio Ortega y Gasset de Periodismo y el Premio de Periodismo Rey de España. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó luego los mismos hallazgos que Miranda sobre la masacre.
Miranda escribió para la revista investigativa Confidencial, y ha sido colaborador del diario El País de España y fundador del portal Divergentes. Dos veces ha tenido que exiliarse de Nicaragua.
La primera vez fue en 2018, cuando publicó un reportaje sobre los francotiradores de la policía que dispararon contra manifestantes el 15 de mayo en la ciudad de Matagalpa. “A finales de 2018 el gobierno empezó una campaña en mi contra, con fotos en redes sociales, en las que decía que era un terrorista mediático y que me reportaran a la policía para mi captura. Entonces tuve que salir”, dice Miranda.
Regresó a Nicaragua a finales de 2020, cuando la pandemia redujo la presión sobre periodistas perseguidos. Miranda, junto con otros dos periodistas, creó el medio de reportajes e investigación Divergentes y colaboró con la prensa internacional.
Sin embargo, una cadena de leyes aprobadas a finales de 2020, como la Ley de Agente Extranjero, la Ley de Cadena Perpetua y la Ley de Ciberdelitos -con la que el régimen amenazó a Miranda con ocho años de cárcel-, anuló a la oposición política y el trabajo de periodistas que fiscalizan al Estado. En julio de 2021, a pocos meses de las elecciones generales, Daniel Ortega encarceló a contrincantes políticos, opositores, activistas, y emprendió una persecución contra periodistas.
“A mí y a centenares de periodistas que hoy están exilados nos citan a la fiscalía en el marco de un supuesto lavado de dinero”, dice Miranda, que describe estos falsos cargos como una estrategia para silenciarlo. Cuando asistió a la citación, los fiscales le hicieron un interrogatorio de cuatro horas sobre sus artículos periodísticos, en el marco de la Ley de Ciberdelitos y no le hicieron ninguna pregunta sobre el supuesto lavado de dinero.
“La fiscal me dijo que me iban a dar mínimo ocho años de cárcel por mentiroso. Cuando yo salí de la fiscalía también habían citado al precandidato presidencial Félix Maradiaga, y me entero que cuando él sale primero que yo, lo echan preso. Ese mismo día encarcelan a otros activistas, al mismo presidente del sector privado [Consejo Superior de la Empresa Privada], y en la tarde me llama mi abogado y me dice ‘mirá, deberías irte de Nicaragua porque lo de los ciberdelitos es raro’, y yo me fui de Nicaragua porque me amenazaron”, dice Miranda, que salió de forma irregular por bote hacia Costa Rica, donde hoy es refugiado político. Sus padres también debieron salir del país por el acoso del que eran víctimas.
Miranda debe dirigir el equipo de trabajo de Divergentes desde el extranjero, mientras los reporteros aún corren un alto riesgo en Nicaragua. Dice que debe conocer los límites y los miedos que tiene cada periodista, y a partir de ahí administrar la redacción mientras protege su integridad. Las notas periodísticas, por ejemplo, a menudo no se firman, hay coberturas que han dejado de hacerse y pesa sobre las finanzas del medio el costo de ayudarles a periodistas que están saliendo de Nicaragua.
“Este es nuestro gran problema ahora. Estamos en un momento en que la redacción se está yendo”, dice Miranda. “Todas estas zancadillas que te pone el régimen están encaminadas a que uno tire la toalla, pero por lo menos en Divergentes tenemos la convicción de que hacer periodismo en un contexto como el de Nicaragua es no claudicar. Hay que buscar cómo darle la vuelta a esta serie de ataques sistemáticos del gobierno”, añade.
Después de dos meses de gestiones con el periódico salvadoreño El Faro, uno/a de sus periodistas en exilio aceptó dar una entrevista anónima a GIJN. La fuente busca mantener su identidad secreta porque su familia, que aún está en El Salvador, puede sufrir las consecuencias de sus investigaciones y declaraciones. Cauto/a por el peligro que corre al hablar contra el régimen actual, describió a GIJN la urgencia de salir de El Salvador cuando su aparato judicial se volcó contra los periodistas de investigación.
Según el/la periodista entrevistado/a, el principal riesgo en El Salvador para periodistas que investigan el gobierno de Bukele es que les abran un proceso penal. “Nosotros tenemos causas en la fiscalía. La razón por la que varios hemos salido es por ese peligro de que nos vayan a encarcelar. Tenemos a Nicaragua de ejemplo, solo que este señor [Bukele] va mucho más rápido”, dice el/la periodista.
El 27 de marzo, el Congreso de mayoría oficialista impuso un “régimen de excepción” en El Salvador. Aunque la presidencia celebró el 23 de agosto que el país llevaba 83 días sin que hubiera homicidios, hay más de 50.000 detenidos y 3.000 denuncias de violaciones a los derechos humanos. Además, una reciente “ley mordaza” puede castigar hasta con 15 años de cárcel a cualquier periodista que comparta información sobre grupos criminales, cerrando efectivamente la puerta para hacer periodismo sobre pandillas en El Salvador.
En enero del 2022, El Faro reveló que expertos en seguridad digital habían descubierto que 22 miembros de su personal tenían sus teléfonos infectados con el software espía Pegasus. Luego, en marzo, el Congreso alineado con el gobierno emitió un “estado de excepción” a nivel nacional, suspendiendo una serie de derechos fundamentales en nombre de la lucha contra las poderosas pandillas del país. Una reciente “ley mordaza” castiga con hasta 15 años de prisión a cualquier periodista que comparta información sobre grupos criminales, cerrando la puerta a la responsabilidad de informar sobre pandillas en El Salvador.
Al acoso judicial se suman las amenazas en redes. Si bien para los y las periodistas del mundo es usual lidiar con ataques, críticas e incluso insultos por hacer su trabajo, en El Salvador la presencia de troles gubernamentales en redes es una estrategia del gobierno para amedrentar al periodismo, según el/la periodista entrevistado/a y la Sociedad Interamericana de Prensa. Los troles amenazan con atacar físicamente a periodistas y obtienen información privada que publican en redes sociales.
La violencia física y psicológica del régimen afecta la relación con las fuentes y las labores periodísticas, pero también hay oportunidades para periodistas que saben aprovecharlas: “Las fuentes se asustaron mucho y se alejaron. Fue retador porque tuve que cambiar la manera de comunicarme, construir unas fuentes nuevas. Me ha tomado mucho tiempo, pero se sienten más confiadas de que yo esté afuera, porque ya no hay esa imagen de que me pueden seguir a mí. He tenido que cambiar mi metodología de trabajo para hacer investigaciones”, dice el/la periodista.
Carlos Manuel Álvarez salió de Cuba en 2015. Desde entonces ha vivido en México y los Estados Unidos, pero hace visitas frecuentes a la isla, donde ha sufrido interrogatorios, espionaje y detenciones. Casi no puede hacer reportajes en Cuba por la constante vigilancia estatal.
“[Durante los interrogatorios] te pueden decir que tú tienes relación con los terroristas de Miami, o que trabajas para la CIA […]. Generan un estado de desestabilización muy fuerte”, dice Álvarez.
Álvarez ha escrito sobre Cuba para medios internacionales, como The New York Times, The Washington Post y El País de España, y es cofundador de El Estornudo, uno de los portales periodísticos que la dictadura bloquea y a cuyos periodistas hostiga. La revista, publicada en internet, se describe a sí misma como “una revista cubana de periodismo que se mueve entre la crónica, la imagen y el ensayo”. Si bien el portal está bloqueado en Cuba, su servidor no está en la isla, por lo que el contenido no puede ser censurado.
“El Estornudo estaba completamente al otro lado de la línea [de lo que es permitido por el gobierno] desde el principio”, dice Álvarez. “Los episodios, no de censura, porque no tienen acceso directo a decir qué se publica y qué no, pero sí acoso, asesinatos de carácter, difamaciones, los han sufrido casi todos los colegas que han trabajado para la revista en mayor o menor medida”, añade.
Uno de los desafíos de El Estornudo es cómo hacer reportajes sobre Cuba cuando los y las periodistas que escriben para la revista rápidamente caen bajo la vigilancia estatal. Álvarez dice que si bien inicialmente se trabaja con quienes no están señalados, y El Estornudo procura exponerlos lo menos posible, hay una rotación de personal alta y muchos de quienes escriben eventualmente salen de Cuba. No obstante, una vez fuera pueden seguir haciendo trabajo periodístico, por ejemplo, contactando a las fuentes por medios virtuales.
En la isla no hay medios de comunicación privados, con la excepción de unas pocas publicaciones con sede extranjera y portales periodísticos virtuales que el gobierno vigila o restringe. Cualquier proyecto no oficialista enfrenta la opresión.
“La censura está a la orden del día de un modo absoluto”, dice Álvarez.
No todos los y las periodistas que deberían salir de su país logran exilarse. El exilio es un proceso emocional y financieramente costoso que no siempre es sostenible.
Julián Fernando Martínez, un periodista de investigación colombiano que ha pasado años documentando la corrupción y los vínculos entre funcionarios y bandas de narcotraficantes, se vio obligado a huir del país a principios de este año después de enterarse de un plan para matarlo y sobrevivir a un aparente intento de asesinato.
Antes de irse, se le había asignado un equipo de protección, que las autoridades colombianas a veces asignan a los reporteros que se consideran en riesgo debido a su trabajo investigativo. Pero Martínez se enteró de que los guardaespaldas asignados por el gobierno pertenecían a una fuerza policial secreta que él mismo había investigado durante años. Sus reportajes contribuyeron al desmantelamiento del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el DAS, en 2011.
Martínez salió de Colombia el 9 de junio de 2022, luego de denunciar que su esquema de seguridad le espiaba y saboteaba su trabajo, revelando al gobierno quiénes eran sus fuentes y qué lugares visitaba durante sus investigaciones.
El 7 agosto de 2022, sin embargo, regresó. Al no tener una organización que le apoyara durante el exilio, sus recursos se agotaron. “Irse del país es muy costoso. Es una incertidumbre muy grande”, dice Martínez, un periodista independiente que no hace parte de la nómina de una organización.
Martínez es uno de los dueños de La Nueva Prensa, un medio virtual de investigaciones que es casi en su totalidad financiado por donaciones y por los periodistas que participan en el proyecto. “Uno de los aspectos más difíciles de salir de Colombia es que al ser una persona normal en términos financieros, es bastante complicado”, añade.
Martínez busca el apoyo de organizaciones internacionales para poder hacer su trabajo sin arriesgar aún más la vida.
La situación de cada exiliado y exiliada es diferente, y si bien no hay una sola fórmula para afrontar esta situación, los y las periodistas entrevistados y entrevistadas compartieron recomendaciones que podrían servirles a quienes deben dejar sus países:
