Ante la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) será llevado el caso del periodista peruano Fernando Valencia condenado el pasado 18 de abril a 20 meses de prisión por los delitos de difamación agravada, informó el diario La República. El abogado Carlos Rivera Paz, del Instituto de Defensa Legal (IDL) que lleva la defensa del periodista, también dijo que se informaría del caso a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), agregó el diario.
Además de los 20 meses prisión, Valencia, exdirector del periódico Diario 16, fue condenado al pago de 100.000 nuevos soles peruanos (aproximadamente US 30.000 dólares) de indemnización a favor del expresidente del país Alan García Pérez quien interpuso la denuncia por presunta difamación por una publicación de hace tres años, informaron varios medios y blogs de noticias peruanos.
Según el diario Perú 21, la Corte Superior de Lima reportó el 28 de abril que Valencia apeló el fallo que le impuso el Séptimo Juzgado Penal, y que el caso será revisado por una Sala Superior en los próximos días.
El caso tiene su origen en la portada del Diario 16 del 1 de marzo de 2013 que publicó el titular “Humala arremete contra el gobierno aprista: Ladrones a la cárcel y no en el poder” junto a los rostros del presidente peruano Ollanta Humala y Alan García, lo que generó la denuncia del expresidente García contra Valencia.
La publicación había citado una frase del discurso del presidente Humala, que hacía alusión a la gestión del gobernante anterior (García), mientras inauguraba una obra de infraestructura en la provincia de San Martín, al noroeste del país, informó el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y el blog La Mula.
El periodista sentenciado dijo en su cuenta en Facebook que en junio de 2013 la querella ya había sido declarada improcedente por el juez del Noveno Juzgado Penal de Reos Libres de Lima, Rómulo Chira Cabezas.
En 2013, el juez Chira Cabezas estableció que no existió la conciencia y voluntad de dañar el honor de García, según publicó en su momento el Diario 16. El juez también señaló en ese entonces, según el mismo diario, que las palabras del presidente Humala “en algunos casos están referidas a formular críticas a determinadas acciones del denunciante (Alan García), en relación a la coyuntura política y social del momento”.
La publicación de la portada en cuestión, según el juez Chira Cabezas, está amparada en el derecho a la libertad de información que expresa el artículo 2, inciso 4, de la Constitución Política peruana, como una garantía constitucional democrática.
Organizaciones internacionales, nacionales y defensores de derechos se han pronunciado sobre el caso en los últimos días.
El pasado 25 de abril, la Relatoría Especial de la CIDH manifestó su preocupación por la condena de Valencia, e hizo un llamado al Estado peruano a apegarse a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión para garantizar el libre ejercicio del periodismo, “sin interferencias indebidas”, sugiriendo una modificación de la legislación interna peruana.
Al respecto, la Relatoría enfatizó que la utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre temas de interés público o sobre funcionarios públicos es desproporcionada y vulnera el derecho a la libertad de expresión. “La protección a la reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles”, subrayó la Relatoría Especial al citar el principio 10 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión que adoptó la CIDH en el año 2000.
Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, senaló que “esta sentencia judicial representa una muy preocupante tendencia que parece haber entre los jueces peruanos de condenar a prisión o a severas multas a periodistas por opinar sobre asuntos de interés público”, según un comunicado de la organización.
Por su parte, el Defensor del Pueblo en Perú, Eduardo Vega Luna, expresó la necesidad de despenalizar el delito de difamación por atentar contra la libertad de expresión de los periodistas e hizo referencia tanto al caso de Valencia como al del periodista y escritor peruano Rafael León (Rafo León), quien también enfrenta un juicio por difamación por parte de la exeditora general del diario El Comercio.
“No se puede sentenciar a los periodistas por el hecho de haber opinado o cuestionado a un personaje o autoridad”, declaró Vega Luna, informó La República.
La organización francesa sin fines de lucro Reporteros Sin Fronteras (RSF) también se sumó a la defensa de los periodistas peruanos acusados de difamación, Valencia y León, por encontrar injusta su situación.
Emmanuel Colombié, del despacho de RSF para América Latina, dijo que “el uso de la difamación penal en estos dos casos es completamente desproporcionado y propicia un clima de autocensura en el país”.
El también conductor de televisión, Rafo León – quien podría ser condenado el 3 de mayo a tres años de prisión en el juicio por difamación agravada en su contra – fue denunciado por Marta Meier Miró Quesada, del diario El Comercio, a consecuencia de la publicación de una columna de opinión en la revista periodística Caretas, el 20 de julio de 2014.
León publicó “¿Qué hacemos con la primita?”, en defensa de la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien había sido duramente criticada en la columna editorial de Marta Meier, “El Síndrome de Susy”, publicada previamente en el diario El Comercio, el 16 de julio de 2014.
Igualmente, la exrelatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, la abogada colombiana Catalina Botero, declaró al diario La República que Perú tiene que derogar las leyes de injuria y calumnia.
“Mientras esas normas no se deroguen, personas como esta señora [Marta Meier Miró Quesada] que se sintió ofendida por una columna que era crítica y satírica, hecha al amparo de la libertad de expresión, van a seguir usando el derecho penal como amenaza contra las personas que piensan distinto y que tienen todo el derecho de manifestarlo”, aseguró Botero.
Contrariamente, el presidente del Poder Judicial peruano, Víctor Ticona, dijo al portal noticioso peruano Clases de Periodismo que la sentencia de Valencia y el juicio que se le sigue a León no son un atentado contra la libertad de expresión. “Rechazo totalmente que se diga que los jueces están siendo utilizados como instrumento de otros intereses o del poder político, o que se esté mellando la libertad de expresión”, declaró Ticona.
Según RSF, Perú ocupa el lugar 84 entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2016.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
