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Periodista peruano y director de editorial fueron sentenciados por juez que consideró difamatorias citas periodísticas de su libro

Por publicar un libro de investigación sobre César Acuña, un influyente político peruano, el periodista Christopher Acosta fue sentenciado por difamación agravada y delitos contra el honor. El juez que llevó el proceso penal condenó en primera instancia a Acosta y también al director de Penguin Random House en Perú, Jerónimo Pimentel, a dos años de prisión suspendida, por considerar como difamatorias varias citas periodísticas que consigna el libro.

La defensa de los querellados apeló el fallo y el proceso pasará a una segunda instancia una vez que el juez acepte la apelación.

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Christopher Acosta en la presentación de su libro "Plata como cancha". (Foto: Paco Sanseviero vía Instagram)

 

Tras la lectura de la sentencia condenatoria, el 10 de enero por la mañana, Acosta dijo a la prensa que el juez le había puesto “una valla demasiado alta” al periodismo al considerar difamatorias 34 citas periodísticas de su libro. “[Esto] no debería ser una limitante para el periodismo”.

El libro de Acosta, ‘Plata como cancha: secretos, impunidad y fortuna de César Acuña’, es una investigación periodística que intenta desentrañar la carrera e influencia política y empresarial de Acuña en Perú, y que fue publicado durante la campaña electoral de 2021, en la que Acuña se postulaba nuevamente a la presidencia.

Roberto Pereira, abogado de Acosta, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) que el juez le está exigiendo a Acosta un estándar “absolutamente incompatible con la libertad de expresión”, que es comprobar la “absoluta veracidad” de lo que las fuentes identificadas por el autor han dicho.

“Los periodistas vivimos de citar, y este libro ‘Plata como cancha’ está compuesto por una investigación que integra testimonios de personas que con nombre y apellido relatan hechos que vivieron, que escucharon o vieron de César Acuña. Son testimonios [ya antes publicados por la prensa], no es un libro de fuentes anónimas”, dijo Acosta. “Para mí esto no es otra cosa que el término de toda una campaña de amedrentamiento que el señor Acuña ha tenido desde la aparición de este libro”.

En una entrevista del canal Willax TV, Acuña dijo respecto a la sentencia que “el honor de una persona está más allá de la libertad de expresión”.

La condena también ordenó una reparación civil de 400 mil soles (cerca de US $100 mil dólares) que deberán pagar Acosta, Pimentel y la editorial al supuesto agraviado, César Acuña. Meses atrás, luego de que el excongresista y dos veces candidato a la presidencia presentó la denuncia, pidió el embargo de todos los bienes de Acosta y Pimentel para asegurar el pago de una reparación civil de 100 millones de soles (cerca de US $25 millones).

Luego de la publicación del libro a fines de febrero de 2021, en plena campaña electoral de Perú, Acuña intentó censurar el libro en marzo, según contó Acosta a LJR. Lo demandó a él y a la editorial ante el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor y la Propiedad Intelectual (Indecopi), dijo Acosta, argumentando que el título del libro, “Plata como cancha”, era una frase que le pertenecía.

La frase “plata como cancha” significa “dinero en abundancia” en la jerga peruana. Esta era una frase que Acuña repetía durante su carrera como candidato presidencial, de acuerdo con RPP.

Esa primera demanda se resolvió a favor de Acosta y la editorial, según contó el periodista y autor.

“Mi interpretación es que este ha sido un proceso intimidatorio para buscar restringir la circulación de una investigación periodística”, dijo Pimentel a LJR. “Primero se intentó a través de una acción civil en Indecopi, … y al fallar esta vía, se decidió emprender una querella por difamación contra el autor, la editorial y contra el director de la editorial como una suerte de ‘castigo’ ejemplarizante”.

Para Pimentel este es un claro mensaje de autocensura.

La demanda de Acuña es “una amenaza plural al periodista, a la editorial y a futuros periodistas y editoriales”, dijo Pereira.

Adriana León, directora del área de libertades informativas del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) de Perú, dijo a LJR que esta sentencia genera un mal precedente para el periodismo y la libertad de expresión en el Perú, pues el juez no ha valorado el contexto de los testimonios presentados en el libro de Acosta, ni la calidad de las fuentes.

“Justamente los periodistas lo que hacen es recoger información de fuentes, eso se llama fuente documental”, dijo León al tiempo que expresó que Acosta ha hecho un trabajo periodístico diligente y riguroso.

Acosta sostuvo que durante todo el proceso judicial ha aportado documentación, pruebas, evidencias sobre el origen de la información que contiene su libro. “Toda la información del libro proviene de fuentes verificables”.

“Es información que proviene del archivo fiscal judicial y de investigaciones congresales que se han hecho sobre Acuña, y de testimonios de su entorno más cercano, de exparejas. Un hermano, extrabajadores, examigos y enemigos políticos y lo que hace básicamente el libro es contar un perfil de cómo funciona él como político y como cabeza de un poder importante en el país. Es un empresario muy poderoso y con mucho poder político y económico”, dijo Acosta.

En una entrevista a Canal N, el abogado del demandante, Enrique Ghersi, dijo que lo único que busca Acuña es defender su honor. También señaló que Acosta nunca contactó a Acuña para corroborar la información de su libro, publicó Agencia Andina. Sin embargo, Acosta dijo que sí intentó comunicarse con Acuña a través de su jefe de campaña electoral, Richard Acuña, hijo del demandante, y también mediante la Universidad César Vallejo, propiedad de Acuña, pero no lo consiguió, según publicó el sitio peruano La Mula.

Además de poseer una universidad y ser fundador y líder de un partido político con varios escaños en el Congreso, Acuña también ha sido alcalde de la ciudad de Trujillo y gobernador del Departamento de La Libertad.

Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) dijo a LJR que en el caso de Acosta debe intervenir la Junta Nacional de Justicia. En los últimos cuatro años, la ANP ha documentado 104 querellas contra periodistas del país por difamación y delitos contra el honor, siendo la mayoría de ellas absueltas en segunda instancia.

“Pero esta es la primera vez en la que vemos que un fallo, más que en el tema propio de la difamación, está plenamente orientado a que el juez interprete qué fuente puede ser creíble o no en medio de la actividad periodística. Eso solo parece nefasto para la actividad y para lo que puede generar hacia adelante. Es atentatorio contra el derecho a la información en el país”, dijo Lainez.

Sobre la cuantiosa reparación civil que pidió el juez, Lainez comentó que no solo no tiene fundamento sino es una “mordaza económica” para quienes hacen investigación periodística en el país.

Junto a la ANP, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) rechazó la sentencia del juez de lo penal Raúl Rodolfo Jesús Vega, quien consideró que Acosta no corroboró las citas utilizadas con fuentes confiables. “Esto atenta contra el quehacer periodístico y el legítimo derecho de la ciudadanía de recibir información de interés público”, señalaron ambas organizaciones.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de un comunicado, manifestó su preocupación por la sentencia contra Acosta, Pimentel y la editorial, señalando el “notable efecto intimidatorio y de autocensura que afecta no solo a las personas condenadas sino a toda la prensa y la sociedad peruana”.

En su comunicado, la Relatoría menciona los parámetros de protección que contempla la Corte Interamericana sobre las personas de notoriedad o con responsabilidades públicas voluntariamente asumidas. Según estos parámetros, las personas públicas “se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente” por parte de la sociedad y “sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público”.

Por tanto, señala la Relatoría, el Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos protege la información diligente sobre asuntos de interés público y sostiene que quien las difunda debe ser excluido de toda responsabilidad civil o penal.

“Esta sentencia confirma nuestras denuncias sobre cómo en Perú y en otros países, como Panamá y Brasil, existe una epidemia de demandas que utilizan los funcionarios para amordazar a periodistas y medios para evitar la crítica y que salgan a la luz casos de corrupción y otros temas de interés público”, señaló el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jorge Canahuati, en el sitio web de la organización.

A su vez, la SIP exhortó al Congreso peruano a legislar “con urgencia” para que los delitos contra el honor no sean penales, de acuerdo con su comunicado.

Diversas organizaciones rechazaron la condena contra Acosta, Pimentel y Penguin Random House en Perú. Human Rights Watch dijo que era un grave ataque a la libertad de expresión; la Unión Europea pidió al Perú respetar la libertad de prensa; y las embajadas en Perú de Estados Unidos, Países Bajos, Canadá, Gran Bretaña, entre otros, pidieron al país respetar la democracia y la libertad de prensa y de expresión.

La organización IPYS consignó la firma de setenta periodistas que se acreditaron para pedir al Poder Judicial que les permita asistir a la audiencia vía Zoom. Los firmantes pidieron también que la sesión sea transmitida públicamente, pues en principio no sería difundida. Finalmente la audiencia de la sentencia condenatoria contra Acosta y Pimentel –a la que no asistió el querellante– fue transmitida por el canal del Poder Judicial, Justicia TV, vía YouTube.

“Estoy especialmente agradecido con los colegas de todos los medios de comunicación que se han sumado a este pedido, porque básicamente no se está defendiendo a una persona, se está defendiendo el derecho que tenemos los periodistas de investigar y publicar, sin que por ello, toda vez que toda la información esté debidamente documentada, seamos objetivo de amedrentamiento judicial”, dijo Acosta.

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