El apoyo de los pueblos indígenas a la elección del presidente Bernardo Arévalo de Guatemala, en 2023, y su acompañamiento hasta su posesión en enero de 2024 fue vital para que los diferentes mecanismos que buscaban impedir su investidura no tuvieran lugar.
Siendo candidato, el presidente Arévalo había expresado la importancia de mejorar las condiciones para ejercer el periodismo. Y después de su posesión se comprometió con la misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) a que su gobierno “no iba a utilizar herramientas para perseguir penalmente a la prensa”.
El periodismo comunitario, representado en gran parte por radios comunitarias que a su vez suelen vincularse a pueblos ancestrales, vieron en esta promesa un camino de cambio para las constantes criminalizaciones de las que eran objeto.
Sin embargo, a un año y medio de su mandato, “no hay avances suficientes en materia de libertad de expresión que se traduzcan en resultados tangibles”, según el informe Periodismo Comunitario en Guatemala realizado por ocho organizaciones internacionales: Artículo 19 México y Centroamérica, Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Free Press Unlimited, Freedom House, Reporteros Sin Fronteras, Protection International Mesoamérica, DEMOS Instituto Centroamericano para la Democracia Social y el CPJ.
Según el informe, esta situación “complica el panorama para el periodismo comunitario al estar marginado, frente a otras formas de periodismo, del respaldo estatal”.
“Sí teníamos esperanza con este gobierno, y al principio mostró bastante apertura. Pero entendemos que este sistema de gobierno tiene las manos atadas por toda la cooptación de los distintos organismos especialmente de los tribunales de justicia, y el mismo Congreso que no es afín a este gobierno”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) Anselmo Xunic, director de la radio comunitaria Ixchel y presidente del Movimiento de Radios Comunitarias Indígenas de Guatemala.
En 2023, durante el periodo preelectoral de Guatemala e impulsados por las constantes amenazas a la libertad de expresión, las mismas ocho organizaciones viajaron al país a conocer la situación que vivían. Allí se encontraron que de manera particular el periodismo comunitario estaba “invisibilizado”, dijo a LJR Frida Arreola, investigadora de Protección y Espacio Cívico de Artículo 19 México y Centroamérica.
Se entiende por comunitario el periodismo que pertenece a la comunidad y tiene fines colectivos, de preservación cultural y de transmisión de voces marginadas, explicó Arreola. Y aunque el periodismo comunitario no es exclusivamente indígena, se reconoce a estos pueblos ancestrales como el lugar donde nace, dijo Arreola. Por esto, su invisibilización es aún más seria, ya que un poco más de la mitad de la población de Guatemala se reconoce como indígena.
A casi un año de la posesión del nuevo gobierno, las mismas organizaciones volvieron al país con el objetivo de visibilizar las violencias, obstáculos y otros temas que afectan este periodismo, según el informe. Entre octubre de 2024 y enero de 2005, investigadores realizaron entrevistas con medios y periodistas comunitarios de diferentes regiones del país.
“Identificamos que el periodismo comunitario -- ya sea indígena o no indígena – en realidad vive patrones de agresiones similares como es la criminalización, las amenazas, las campañas de desprestigio, la censura, los actos de intimidación y hostigamiento”, dijo Arreola.
Las empresas transnacionales en colusión en muchas ocasiones con las autoridades locales e incluso con el crimen organizado son la mayoría de las ocasiones quienes agreden al periodismo comunitario, explicó la investigadora. En particular las empresas extractivas se encargan de criminalizar y desprestigiar el trabajo del periodismo comunitario.
“Primero despojan a las personas indígenas de sus territorios, y luego criminalizan la labor de periodistas comunitarios porque son los periodistas comunitarios quienes hacen denuncias de los impactos de estos proyectos en estas zonas”, dijo Arreola.
Las investigaciones de estos periodistas, agregó, no solamente tienen que ver con los impactos medioambientales, sino con “la fragmentación que han generado en el tejido social de sus comunidades”.
Estas agresiones tienen mayor espacio y repercusión debido a la falta de políticas públicas que reconozcan el trabajo del periodismo comunitario, así como las particularidades que experimentan sus periodistas, dijo Arreola.
Aunque ha habido intentos de pasar leyes enfocadas en la protección del periodismo en general, pero con enfoque de género, así como una mirada interseccional y con pertenencia cultural – es decir, que incluya el periodismo comunitario – no ha recibido el apoyo en el Congreso.
Las radios comunitarias en general y las radios indígenas demuestran gran parte de los problemas que enfrenta el periodismo comunitario por su falta de reconocimiento.
De hecho, un tema de la política pública que debe ser implementada por Guatemala viene de parte de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) relacionada con las radios comunitarias. En 2021, la Corte IDH encontró responsable al Estado de Guatemala de violar los derechos a la libertad de expresión, la igualdad y a la participación en la vida cultural de los cuatro pueblos indígenas guatemaltecos: Maya Kaqchikel de Sumpango, Achí de San Miguel Chicaj, Mam de Cajolá y Mam de Todos Santos Cuchumatán.
Radio Ixchel de Sumpango, Uqul Tinamit “La Voz del Pueblo” de San Miguel Chicaj, Radio Xob’il Yol Qman Txun de Todos Santos Cuchumatán y Radio La X Musical de Cajolá presentaron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la constante criminalización del que eran víctimas. Entre 2008 y 2015 se registraron al menos 13 allanamientos en 12 radios comunitarias del país. También podían cortar la energía eléctrica, incautar equipos, así como el arresto de empleados y voluntarios quienes enfrentaban cargos por “hurto” y “uso ilegal de la frecuencia”.
Al mismo Xunic, director Radio Ixhel y entonces voluntario de la emisora, le fue abierto un proceso judicial por el presunto delito de hurto por “operar una radio comunitaria sin licencia”.
Esta “sentencia histórica”, como la definió Yamanik Cholotío, periodista de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER), no ha tenido mayores avances. Si bien el Estado aceptó la sentencia, solamente se ha cumplido la reparación económica a las cuatro emisoras que impulsaron la demanda, dijo a LJR.
“Desde que se da la sentencia, hemos estado insistiendo en el cumplimiento”, dijo por su parte Xunic. “No se han cumplido algunos puntos más esenciales de la sentencia: por ejemplo, la eliminación de condenas”.
En efecto, otras de las reparaciones ordenadas por la Corte IDH tienen que ver con la eliminación de condenas a periodistas comunitarios radiales a quienes se le había acusado de uso ilegal de las frecuencias, la traducción de la sentencia a los idiomas mayas y la ley que las legalice.
“Hasta la fecha no se ha eliminado ninguna sentencia”, dijo Xunic. En su caso, aseguró, si bien el juez declaró falta de mérito, que impidió que fuera preso, al no haber sido eliminada la condena, el caso queda abierto. “Así que el Ministerio Público podría seguir la investigación”.
Cholotío, de la FGER, también aseguró que las condenas relacionadas con el funcionamiento “ilegal” de radios comunitarias siguen en firme, aunque no hay ningún periodista preso relacionado con estos cargos.
“Todavía hay mucho estigma sobre los periodistas comunitarios, que muchos de ellos y ellas suelen ser campesinos, maestros, pueden tener alguna profesión u oficio, pero durante su tiempo libre son también periodistas”, dijo Cholotío.
La falta de ley que regule a las radios trae además problemas de sostenibilidad, dijo Cholotío. Esto las imposibilita de tener personal a tiempo completo, e incluso de participar en convocatorias de pequeños fondos, agregó.
Tal como dijo Xunic, para Cholotío no todo está en manos del Ejecutivo. La “cooptación” de los otros poderes han imposibilitado sacar adelante esta ley, y allí es donde se enfocan parte de sus esfuerzos.
Desde FGER, dijo Cholotío, no solamente quieren aglutinar radios comunitarias, sino promover la alfabetización, y pedir el reconocimiento del periodismo comunitario.
“Impulsamos escuelas de formación sobre periodismo comunitario en donde la presencia del Estado es inexistente, como también para seguir impulsando algunas iniciativas de ley”, dijo Cholotío.
Precisamente el desarrollo de políticas públicas que promuevan y sostengan el periodismo comunitario hace parte de las recomendaciones al Estado con las que finaliza el informe. A esta se suman la de detener la estigmatización y el hostigamiento, garantizar el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH sobre radios comunitarias, establecer mecanismos de protección al periodismo y con perspectiva comunitaria y respaldar públicamente el trabajo de los periodistas comunitarios.
