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Radios comunitarias indígenas de Guatemala buscan que gobierno acate sentencia emblemática de Corte Interamericana

Cuatro radios comunitarias indígenas de Guatemala, que sufrieron allanamientos policiales y confiscación de equipos entre 2006 y 2009, esperan ahora que el Estado de Guatemala se pronuncie sobre el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Corte pide al gobierno guatemalteco una reparación para las radios y que sean reconocidas legalmente.

En la sentencia, la Corte declara al Estado de Guatemala internacionalmente responsable por violar los derechos a la libertad de expresión, la igualdad y a la participación en la vida cultural de los cuatro pueblos indígenas guatemaltecos: Maya Kaqchikel de Sumpango, Achí de San Miguel Chicaj, Mam de Cajolá y Mam de Todos Santos Cuchumatán.

Community radios of Guatemala

Radio comunitaria indígena Xob'il Yol Qman Txun en Facebook. (Captura de pantalla)

Las cuatro radios maya del caso sobre el cual falló la Corte y que sufrieron allanamientos y el corte temporal o permanente de su transmisión son Radio Ixchel de Sumpango, Uqul Tinamit “La Voz del Pueblo” de San Miguel Chicaj, Radio Xob’il Yol Qman Txun de Todos Santos Cuchumatán y Radio La X Musical de Cajolá.

En Guatemala, las radios comunitarias indígenas no suelen contar con licencia, pues la Ley General de Telecomunicaciones asigna las frecuencias de radiodifusión al mejor postor, mediante concurso público o subasta.

“Entonces es el único mecanismo para poder acceder a una licencia. Es imposible [de conseguir] para los pueblos indígenas y para las radios comunitarias, que lo que hacen es prestar un servicio a la comunidad”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) Anselmo Xunic, coordinador voluntario de Radio Ixchel y de la asociación Sobrevivencia Cultural.

Si bien la sentencia de la Corte IDH se dio a conocer el 6 de octubre de 2021, no fue sino hasta el 17 de diciembre de ese año que se publicó oficialmente. A partir de la publicación oficial del fallo, el Estado de Guatemala tiene hasta seis meses de plazo para publicar en el diario oficial impreso y en su web el texto íntegro de la sentencia, mencionando a todos los afectados, y un plazo de hasta un año para publicar las medidas que tomará para la reparación.

Sobre este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que en Guatemala hay una exclusión social estructural de los pueblos indígenas, los cuales viven en condición de pobreza y son discriminados en su participación y representación en los medios de comunicación.

De acuerdo con la Corte, las comunidades indígenas son titulares de derechos colectivos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En los Acuerdos de Paz que firmó el gobierno de Guatemala con la guerrilla interna, a fines de 1996, el Estado se comprometió a promover las reformas que sean necesarias a la Ley de Radiocomunicaciones, para facilitar frecuencias radioeléctricas para proyectos indígenas, respetando el principio de no discriminación en el uso de los medios de comunicación. Además de comprometerse a derogar toda disposición que vaya en contra de los derechos de los pueblos indígenas a disponer de medios para el desarrollo de su identidad.

“Pero eso no sucedió”, dijo Xunic. “Entonces, lo que están haciendo las radios comunitarias es agarrar una frecuencia sin autorización, porque no hay forma de acceder a una licencia”.

Comunicadoras de radios indígenas

Comunicadoras de radios comunitarias indígenas de Guatemala. (Crédito de foto: Asociación Sobrevivencia Cultural)

 

De acuerdo con Xunic, en el año 2002 se subastaron frecuencias que llegaron por millones de quetzales, y la última subasta de licencias, añadió, se dio en el 2013.

Un estudio de 2009 encontró que casi el 40% del espectro de Frecuencia Modulada (FM) de Guatemala está en manos de cinco grandes grupos mediáticos, según publicó el sitio guatemalteco Plaza Pública.

Cuando Radio Ixchel sufrió un allanamiento policial en 2006, confiscaron el transmisor y le abrieron un proceso judicial a Xunic por hurto, por operar una radio sin licencia. Los cargos contra Xunic fueron desestimados por un juez.

La radio Uqul Tinamit “La Voz del Pueblo” sufrió dos allanamientos, uno en 2009 y otro en 2010. La última vez, le confiscaron todo su equipo, la consola de grabación, la computadora, el transmisor y les quitaron el local de la Municipalidad en donde funcionaba la radio, según dijo a LJR Noel Ismalej, entonces locutor y colaborador voluntario de la radio.

“Con el allanamiento ya no salimos al aire. Básicamente se cerró [la radio]”, dijo Ismalej. “Los compañeros quedaron con miedo por lo que pasó. De hecho, algunos quedaron un poquito con problemas psicológicos por lo que pasó”.

A diferencia de Radio Ixchel, que siete meses después del allanamiento y con apoyo de la comunidad maya Kaqchikel lograron volver a salir al aire y seguir funcionando, la radio Uqul Tinamit “La Voz del Pueblo” se convirtió en una página de Facebook, actualizada por Ismalej y algunos voluntarios.

“Pero en ese entonces [en 2010], no tenía mucho auge, porque no todo el mundo --y de hecho ahorita también-- tiene acceso a internet y a redes”, dijo Ismalej. Sin embargo, y a pesar de la poca conectividad a internet de la población en el país, en los últimos años han visto mayor acogida de la comunidad hacia su página en Facebook.

Un estudio realizado en 2019 por el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas y del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, concluyó que solo el 29,3% de los guatemaltecos contaba con acceso a internet.

Casi la mitad de la población de Guatemala, cerca del 43,6%, es indígena, según señala un comunicado de la Corte IDH. Y cerca del 80% de la población indígena es pobre.

Propuesta de ley fallida

A partir de la sentencia, el Congreso de Guatemala presentó la Ley Reguladora de las Radios Comunitarias N° 5965, el 25 de enero de 2022.

Sin embargo, el Movimiento de Radios Comunitarias de Guatemala –integrado por miembros de casi 60 radios comunitarias de todo el país y representado legalmente por la asociación Sobrevivencia Cultural que fundó Xunic— se opuso al proyecto de ley 5965 porque no cumple con lo ordenado por la Corte IDH.

En un comunicado, el movimiento advirtió que el Estado publicó el proyecto de ley sin realizar una consulta previa con las comunidades identificadas como víctimas en el caso resuelto por la Corte, ni tampoco una consulta previa general con las comunidades indígenas del país.

“La iniciativa no define claramente [qué es] la radio comunitaria indígena, lo cual es esencial para el reconocimiento diferenciado de este medio conforme a lo ordenado por la Corte Interamericana y teniendo en cuenta los requisitos mínimos identificados en la sentencia de la Corte para una radio poder denominarse como comunitaria. El procedimiento para la obtención de licencias de radio comunitaria indígena es ambiguo. La iniciativa no reserva una parte del espectro radioeléctrico a las radios comunitarias indígenas”, explicó el colectivo en su comunicado.

El gobierno necesita volver a realizar mesas de diálogo con las comunidades indígenas y sus radios comunitarias, exigió el movimiento, para crear una propuesta de ley que tenga el respaldo de las comunidades y que estas puedan acceder y usar las frecuencias radiales en los términos que la Corte IDH establece en su sentencia.

Reparaciones

Además de publicar la sentencia en el diario oficial, regularizar gratuitamente a las radios comunitarias indígenas operantes como radios no comerciales y restituir las señales utilizadas por las radios afectadas, la sentencia de la Corte también exige al Estado guatemalteco respete el derecho de los pueblos indígenas a una consulta respecto de cualquier “tema, políticas y leyes que les afecten”.

Asimismo, la sentencia exige al gobierno de Guatemala a abstenerse de realizar allanamientos y decomisos en las radios de comunidades indígenas y de enjuiciar penalmente por delito de hurto a las personas que las operan. Además, exhorta al gobierno a anular cualquier condena dictada contra alguna persona miembro de una comunidad indígena, relacionada al uso del espectro radioeléctrico.

Las dos radios que sufrieron allanamientos y el decomiso de sus equipos, y sus miembros, también deberán recibir una reparación económica compensatoria por los daños materiales sufridos, indica la sentencia.

La misión de la radio “es informar a la población local sobre diferentes aspectos, políticos, sociales, culturales locales y del país, además de promover el debate sobre las necesidades de la comunidad y la participación de sus miembros en su idioma materno”, dijo Xunic.

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