La detención de José Rubén Zamora, periodista, fundador y presidente del diario elPeriódico, de Guatemala, ha llamado la atención internacional hacia el deterioro de la libertad de prensa y el derecho a la información en el país centroamericano. Periodistas entrevistados por LatAm Journalism Review (LJR) afirman que la detención de uno de los nombres más conocidos del periodismo guatemalteco es un hecho grave en la escalada de ataques contra la prensa crítica con el gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
“El arresto de Zamora ha sido el peor golpe que ha dado el gobierno de Giammattei hacia la libertad de expresión, los medios críticos y los periodistas independientes”, declaró a LJR Héctor Coloj, coordinador de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG).
La APG lleva años haciendo un seguimiento de las agresiones a la prensa y tiene a 2020, el primer año de gobierno de Giammattei, como el periodo con más registros de agresiones: fueron 149, mientras que en el año anterior, 2019, se registraron 85 agresiones. En 2021 hubo 136 registros y en 2022, hasta el 22 de agosto, se registraron 86 casos, dijo Coloj. Entre los registros se encuentran la obstrucción del acceso a las fuentes, las amenazas, el acoso judicial, la agresión material y física, el asesinato, la intimidación, la difamación y la censura.
“Desde el Estado se impulsa una permanente campaña de persecución política contra periodistas, así como a todas aquellas voces críticas al régimen como también hacia participantes de las manifestaciones ciudadanas, lo que se refleja en los procesos de criminalización emprendidos por el Ministerio Público (MP) y apoyados por el Organismo Judicial (OJ)”, señala el más reciente informe semestral del observatorio de la APG, publicado en julio.
Según el documento, “se suman a estas prácticas las campañas de odio divulgadas en redes sociales, el seguimiento a personas incómodas a las autoridades, la retención o negación de información pública por parte de funcionarios, la prohibición a la prensa de ingresar a actos públicos, el desinterés del MP de perseguir las agresiones y crímenes contra periodistas, y en los últimos meses, el incremento de un discurso confrontativo que apela a la ‘defensa de la soberanía nacional’ y pretende implantar en el imaginario social como ‘enemigos de la democracia’ y ‘desestabilizadores’ del gobierno, a sectores críticos como la prensa o los líderes y representantes de los pueblos indígenas”.
Para la periodista Marielos Monzón, columnista del diario Prensa Libre y una de las articuladoras del colectivo Prensa contra la Censura y de la iniciativa #NoNosCallarán, la detención de Zamora “termina de consolidar el régimen autoritario que Alejandro Giammattei y sus socios del pacto de impunidad han configurado en los últimos años en Guatemala”.
“Y se suma al hostigamiento, a la persecución y al acoso que decenas de periodistas han venido sufriendo en los últimos años. El objetivo de esta captura y este arresto de José Rubén Zamora es un intento de acallar a la prensa. La prominencia de Zamora y de elPeriódico, siendo un medio emblemático de periodismo de investigación, lo que quiere también es mandar un mensaje. El mensaje es: si ustedes son periodistas críticos, si ustedes hacen su trabajo, los vamos a silenciar”, dijo Monzón.
Enrique Naveda, uno de los fundadores del medio digital Plaza Pública y actual becario John S. Knight de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, considera que “Zamora es una figura bastante polémica dentro del periodismo nacional, pero es también y sobre todo un emblema”, dijo a LJR.
“El hecho de que lo hayan capturado a él con la fanfarria con la que lo hicieron y que lo estén procesando en un juicio a todas luces amañado es un llamado de atención a todos los demás periodistas y sobre todo una demostración de desprotección absoluta frente a este poder cuasi dictatorial, autoritario, que está ejerciendo el presidente Giammattei con el apoyo del resto de los organismos del Estado y de una buena parte del empresariado organizado”, dijo Naveda.
LJR se puso en contacto con la Secretaría General de la Presidencia de Guatemala por correo electrónico, pero no recibió respuesta hasta la publicación de este artículo.
El 29 de julio, José Rubén Zamora fue detenido en su domicilio acusado de chantaje, lavado de dinero y tráfico de influencias. En lugar de llamar al timbre, los agentes de policía irrumpieron en su casa entrando en un patio interior por el tejado, a pesar de tener una orden de registro e incautación, informó el sitio web salvadoreño El Faro. Mientras la policía llevaba a cabo la operación en el domicilio del periodista, otros agentes ocuparon la redacción de elPeriódico y mantuvieron incomunicados a los empleados del periódico durante 16 horas.
La primera audiencia del caso se realizó el 9 de agosto, cuando el juez Freddy Orellana aceptó los cargos presentados por el Ministerio Público contra Zamora en un caso armado en 72 horas, según El Faro. El juez también denegó la petición de la defensa de que el periodista respondiera al caso en libertad o en arresto domiciliario, por riesgo de fuga, aunque el abogado del periodista subrayó que Zamora ya ha afrontado 185 procesos en la justicia guatemalteca y nunca ha intentado huir, informó El Faro. La próxima audiencia del caso está prevista para el 8 de diciembre, y hasta entonces se espera que Zamora permanezca en prisión.
Organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Red Voces del Sur, que agrupa a organizaciones que defienden la democracia y la libertad de prensa en América Latina, se han pronunciado sobre el caso. Voces del Sur dijo que se trataba de un caso de “detención arbitraria”; el CPJ calificó el caso de “persecución judicial” y exigió la inmediata liberación de Zamora; y la SIP señaló que la “espectacularidad y desproporcionalidad de los operativos de allanamiento aparentan que el gobierno busca intimidar a los periodistas y medios que fiscalizan al poder”.
Lee más detalles sobre el caso: “Es el mensaje más descarado de un gobierno en contra de la libertad de prensa”: subdirectora de elPeriódico, sobre caso José Rubén Zamora en Guatemala
Zamora es uno de los periodistas más conocidos de Guatemala, habiendo recibido varios reconocimientos internacionales por su trabajo, así como violentos ataques durante décadas en su país. Entre los premios que ha recibido Zamora están el Maria Moors Cabot de la Universidad de Columbia (1995) y el Premio Internacional a la Libertad de Prensa del CPJ (1995). En 1996 fundó elPeriódico, que sigue siendo uno de los periódicos más importantes de Guatemala, y que realiza constantemente investigaciones sobre casos de corrupción en la administración pública. En 2021, elPeriódico recibió el Premio Rey de España como medio de comunicación destacado en Iberoamérica.
El periodista también ha sido objeto de varios atentados, entre ellos un asalto a su domicilio en 2003, en el que él y su familia fueron retenidos como rehenes durante varias horas, y un secuestro en 2008, en el que fue dopado, golpeado y dejado inconsciente en un arcén. Zamora también se ha enfrentado a varias acusaciones penales, incluyendo el haber sido procesado más de una vez bajo la Ley de Feminicidio del país por empleadas del Estado que lo acusaron de “violencia psicológica” tras ser nombradas como sospechosas en casos de corrupción investigados por elPeriódico.
Coloj considera que la detención de Zamora forma parte de una “campaña de cacería, de acoso y de violencia hacia los derechos humanos que mantiene el Estado de Guatemala” que se remonta al gobierno de Jimmy Morales, quien fue presidente entre enero de 2016 y enero de 2020. Otros periodistas entrevistados por LJR también remontan el inicio de la escalada de ataques del gobierno contra la prensa a la administración anterior a Giammattei, subrayando que el actual presidente, sin embargo, ha intensificado esta tendencia.
Según Elsa Coronado, reportera de Plaza Pública, “desde que comenzó el gobierno de Giammattei hubo una ruptura”.
“Ofrecieron apertura y no cumplieron. El primer año de gobierno coincidió con el primero del COVID-19 y eso sirvió para evitar la relación con los medios. Ante las críticas y cuestionamientos, el presidente cerró las puertas y ha criticado públicamente a los periodistas de mentir a la población. Su estrategia, desde el inicio de su gestión ha sido no dar entrevistas a medios y reporteros independientes, en cambio se muestra muy dispuesto a visitar los sets de televisión del grupo Albavisión, de Ángel González [propietario de un conglomerado de medios], en donde le tratan con condescendencia”, dijo Coronado a LJR.
Coloj afirma que la hostilidad del gobierno nacional hacia la prensa ha calado en las instituciones a nivel local. “También estas mismas actitudes se han replicado en los departamentos, en las municipalidades, con gobernadores departamentales o con diputados distritales quienes buscan de alguna manera limitar la labor de los periodistas al no responder preguntas o al responder de forma grosera o intimidante ante cuestionamientos que no les gusta, invitar únicamente a medios afines o utilizar la pauta oficial para premiar, castigar o condicionar a los periodistas”, dijo.
La periodista Julie López, que escribe para El Faro, también habló con LJR sobre el aspecto local de la hostilidad y la represión contra los periodistas. Recordó que en los últimos años ha habido varios casos de profesionales dedicados a la cobertura local que han sido detenidos y criminalizados por hacer su trabajo, como fue el caso de la periodista indígena Anastasia Mejía, quien fue detenida arbitrariamente por más de un mes entre septiembre y octubre de 2020 y luego casi un año bajo arresto domiciliario.
Para López, el impacto de la detención de Zamora en los periodistas guatemaltecos también varía por esta diferencia entre la cobertura local, en municipios y departamentos, y la nacional, en la capital del país.
“Hay un cierto número [de periodistas] especialmente en la capital, creo yo ahí hay más gente asustada dándose cuenta de lo que puede ser el Ministerio Público”, dijo López a LJR. “Pero también hay voces divididas porque ya, por supuesto, poniendo el tema de que Zamora es una persona de mucho más alto perfil, más conocido a nivel internacional, etcétera, eso es una cosa; pero hay varios periodistas en el interior que han pasado días en la cárcel, semanas, como – otra vez – el caso de Anastasia [Mejía], y nunca tuvo el mismo alto perfil”.
Uno de los temores de los periodistas consultados por LJR es que Guatemala siga el camino de otro país centroamericano, Nicaragua. Desde 2018, decenas de periodistas han sido detenidos en Nicaragua y al menos 120 se han exiliado, y más de 20 medios de comunicación han visto cerradas sus redacciones por el gobierno de Daniel Ortega.
Sin embargo, el miedo no paraliza a los periodistas guatemaltecos, como destacan los profesionales entrevistados por LJR: “Contrario a lo que ha buscado Giammattei, sus aliados políticos, sus aliados en el sector privado y la Fiscal General, el arresto de Zamora no ha provocado una autocensura generalizada, sino al contrario: vino a fortalecer el ambiente de hermandad y la unidad en casi todo el gremio periodístico. Los medios no se han quedado callados y a raíz de esto han salido investigaciones” que han señalado conflictos de intereses de las personas implicadas en las acusaciones contra Zamora, subrayó Coloj.
A continuación, otras consideraciones de periodistas consultados por LJR sobre la situación actual de la libertad de prensa y su impacto en los periodistas de Guatemala:
Relación entre el gobierno de Alejandro Giammattei y la prensa
Enrique Naveda: “[El gobierno] tiene la misma relación con la prensa que tiene con el resto de los actores sociales. Es decir, exige subordinación y aplauso. A quien le ofrece subordinación y aplauso, sea prensa o sea otro tipo de actor, le ofrece gratificaciones. A quien disiente, le excluye, presiona, y en última instancia le intenta destruir. Así pasa con la prensa y así pasa con otro tipo de organizaciones. Con la prensa, por ejemplo a la mayor parte de la prensa crítica o disidente, independiente, no la invita en muchas ocasiones a conferencias de prensa, no le invita a reuniones, no le concede entrevistas, pues presiona por vías legales y en algunos casos, como ese de Zamora, incluso llega hasta la captura”.
Julie López: “Desde un principio fue una relación tirante que poco a poco se fueron cerrando los espacios. Creo que este gobierno fue dado a ir cerrando los espacios de comunicación, por ejemplo, pronto las conferencias fueron espacios donde el funcionario anunciaba equis cosa pero no había espacio para hacer preguntas. O era fácil de observar que nada más dejaban hacer preguntas a los periodistas afines al gobierno. Últimamente también han sido muy dados a que publican audios de declaraciones o comunicados de prensa que los envían por Whatsapp, porque el periodista no tiene oportunidad de replicar y si haces una pregunta o preguntas de lo que envían, nunca te los contestan”.
Marielos Monzón: “El gobierno de Alejandro Giammattei ha impuesto una dinámica de regresión autoritaria y se ha caracterizado por la represión, la censura y las limitaciones al trabajo de la prensa y de medios y periodistas independientes. En el último año se han multiplicado y diversificado diversas formas de limitaciones, agresiones y ataques contra la prensa. Por ejemplo, una presidencia que irrespeta a los medios de comunicación, un Ministerio Público que en sintonía con algunos jueces fabrican casos y no investigan los abusos contra los periodistas, y también estamos viendo Oficinas de Información Pública del Ejecutivo, del Congreso y de otras instituciones del Estado que están obligados a rendir cuentas que optan por convertirse en una barrera de censura al derecho de acceso a la información”.
Impacto de la detención de Zamora y de la situación actual de los periodistas en el país
Marielos Monzón: “Por un lado, creo que no podemos negar que hay miedo, que hay zozobra, que nos ponemos a pensar cada vez que vamos a publicar una nota y que estamos investigando un caso, que podemos ser en cualquier momento víctima de un atropello y de criminalización. Eso es innegable y pega fuerte, digamos, en periodistas, que sabemos que en este momento estamos corriendo un peligro frente a este poder que se ha constituido para censurar y acallar a la prensa. Por el otro lado creo que es importante recalcar que los periodistas independientes nos hemos no solo solidarizado con las y los colegas criminalizados, sino que en realidad nos hemos organizado de tal manera que ahora hemos impulsado una iniciativa que se llama ‘No nos Callarán’. Con esta iniciativa queremos evidenciar al pueblo de Guatemala lo que está pasando con la democracia, decirle que cuando se calla a un periodista o se censura a un medio de comunicación, no es sólo un ataque al periodismo. es un ataque a la democracia y al derecho de la ciudadanía guatemalteca a tener información que le permita tomar decisiones y conocer hechos que le afectan”.
¿Cómo se siente hoy como periodista en Guatemala?
Julie López: “Mi opinión es que en este país como están las cosas es menos peligroso cubrir narcotráfico que cubrir corrupción. Y no estoy diciendo que los narcos no te hacen nada, pues por supuesto que pueden hacerlo, especialmente en el contexto de impunidad actual. Pero creo que de verdad, como periodista corres más riesgo cubriendo corrupción que narcos. Y pues creo que eso te responde el estado de las cosas, porque con el ejemplo de los arrestos el 21 de noviembre de 2020 [cuando decenas de personas fueron puestas en prisión arbitrariamente por su supuesta participación en manifestaciones en Ciudad de Guatemala] y esto que están haciendo con Zamora, te enseña que pueden agarrar a cualquiera y torcer la ley y tú no puedes hacer nada al respecto. Entonces eso asusta”.
Elsa Coronado: “Siento mayor responsabilidad ante la situación actual de mi país. Creo que el periodismo serio es necesario y urgente. Algunos piensan que al quitar del camino a los periodistas van a poder actuar sin que les molesten, pero hay medios muy pequeños y valientes que están decididos a fiscalizar al poder. En el que yo trabajo, que es Plaza Pública, se hacen esfuerzos importantes por hacer periodismo de investigación y profundidad. Creemos que las personas tienen derecho a tener acceso a esa información y ese es nuestro enfoque y esfuerzo. Hay otros medios que también hacen grandes esfuerzos con mínimo personal desde la ciudad y en las comunidades. Veo un gran compromiso en este tiempo a pesar de los peligros”.
Enrique Naveda: “Yo me siento con mucha aprensión sobre el futuro de la prensa en Guatemala y de la democracia guatemalteca. Yo soy de los que opinan que ya no se le puede llamar democracia desde hace un buen tiempo. Considero que pasamos de un régimen híbrido, que es como lo calificaba hace unos años todavía The Economist, a un régimen claramente autoritario, en el que todas las instituciones del Estado responden ya a la voluntad del presidente Giammattei, y no creo que eso vaya a ser algo que cambie con las elecciones”.
Papel de la comunidad internacional
Elsa Coronado: “Es importante que pongan atención a lo que aquí ocurre. Sé que esta situación es global, pero necesitamos de la solidaridad del mundo para que esto que estamos viviendo no quede en el anonimato. Hoy día creo que necesitamos de redes de apoyo para emergencias y situaciones de peligro y fortalecer los conocimientos de autoprotección de las y los periodistas, especialmente de las y los jóvenes que deciden con valentía seguir esta profesión”.
Marielos Monzón: “Necesitamos que pongan sus ojos en Guatemala y en Centroamérica, que se den cuenta de lo que podría pasar con esta regresión y de vuelta a un pasado que no queremos que tenga esta región. Pero sobre todo que actúen en consecuencia de la defensa de estos principios de la democracia y de la libertad de expresión en términos que realmente se sepa que al Gobierno, al Congreso, a las Cortes cooptadas, les va a salir muy caro el ataque a la población y a los derechos y libertades ciudadanas. O sea, no sólo se trata de hacer mensajes solidarios, se trata también de decir que esta situación es inaceptable y van a tener una consecuencia para este gobierno y para las personas que están actuando en contra de los derechos y de las libertades”.