Por Diego Cruz
Un grupo de periodistas y defensores de la libertad de expresión convocó a los ciudadanos mexicanos a manifestarse el domingo 23 de febrero en contra de la inseguridad y violencia que enfrentan los trabajadores de la prensa en el país. Este colectivo hizo la convocatoria desde Veracruz el pasado domingo 16 de febrero a través de un comunicado.
Entre los convocantes están representantes de Reporteros Sin Fronteras, de la Sociedad Interamericana de Prensa, de la Red de Periodistas de a Pie, de la Casa de los Derechos de Periodistas, además de un grupo de periodistas independientes. Ellos integraron la Misión de Observación que se formó luego del asesinato del reportero veracruzano Gregorio Jiménez de la Cruz, cuyo cuerpo fue hallado el 11 de febrero, una semana después de su secuestro en las cercanías de su hogar, en el municipio de Coatzacoalcos.
Los participantes de esta comisión, que viajaron a dicha localidad para hablar con periodistas locales y con la familia de Jiménez de la Cruz, concluyeron que tanto las presiones económicas y políticas como las amenazas criminales propician un clima de “inseguridad e impunidad” que eleva el riesgo del ejercicio periodístico en la región.
“Los reporteros y reporteras somos los ojos, los oídos y la boca de la sociedad. Desafortunadamente, nuestro trabajo se ha convertido en un problema para la narrativa oficial. Nuestras vidas están en riesgo”, dijeron los organizadores de la marcha a Animal Político, tras anunciar su plan de protestas para el Distrito Federal y otras ciudades de México, bajo el lema “¡Prensa, no disparen!”.
El grupo se unió a los periodistas y organizaciones que cuestionaron los resultados de la investigación oficial del gobierno de Veracruz, los cuales sostienen que el crimen contra Jiménez de la Cruz fue una venganza personal. Por lo tanto, exigieron que la Fiscalía Especializada de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República llevara a cabo una investigación del asesinato.
De acuerdo a la revista Proceso, la Misión originalmente buscaba investigar acusaciones hechas por periodistas del sur de Veracruz, quienes denunciaron amenazas físicas en su contra y hostigamiento laboral a causa de sus protestas por el asesinato de Jiménez. En consecuencia, la Misión sostuvo que era “momento de poner un alto a la agresión a reporteros locales,” que en tres años había cobrado la vida de diez periodistas.
El gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa mencionó que las autoridades no habían descartado el oficio de Jiménez como causal del crimen en su investigación y aseguró que los seis implicados en el asesinato serían sentenciados en los próximos días. Además, agregó que la Procuraduría General de Justicia del estado daría acceso al expediente de la investigación a miembros de la Misión el lunes 17 de febrero, reportó La Jornada.
A su vez, la revista Proceso publicó que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca se solidarizó con el gremio de periodistas de Veracruz, resaltando que los ataques en contra de la libertad de expresión que ocurren en México son “un retroceso al respeto y ejercicio de los derechos humanos de todos".
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
