Rodrigo Chaves saluda a un hombre en un evento público. (Foto: Captura de pantalla)
Por Roman Gressier, publicado originalmente en El Faro
“Señores feudales”. “Ratas”. “Gente mala que lo que quiere es dañar al país”. A los tres meses de su presidencia, el controvertido y asediado Rodrigo Chaves les ha dado a los costarricenses una muestra implacable de sus sentimientos hacia la prensa. En ese sentido, incluso el líder de la ‘Suiza de América Central’ no es una excepción a la regla centroamericana.
La prensa ha seguido de cerca los primeros escándalos de la administración, incluida la disputa pública sobre su decisión de mantener un mandato de vacuna contra el COVID-19 y un ciberataque de rescate ruso de una semana en los servidores del gobierno que lo llevó a declarar el estado de emergencia dos semanas después de asumir el cargo en mayo.
La esfera política costarricense se enfureció con los reportes de prensa durante la emergencia en mayo de que el jefe de gabinete del presidente dijo a los directores de comunicaciones de instituciones del gobierno que limitaran el acceso a la información pública. “No lo vean como censura, sino como disciplina absoluta”, dijo, según el diario La Nación. Una persona presente en la reunión privada donde se dio la orden dijo al medio que el jefe de gabinete había llamado a los medios “enemigos”. El Presidente calificó a los reportajes como mentiras.
Pero un punto especialmente doloroso para Chaves son las múltiples acusaciones de corrupción y mala conducta. Primero, está la evidencia ventilada en público durante meses de que pagó varios gastos de campaña con fondos paralelos, sin pasar por el financiamiento legal del partido. Si el Tribunal Supremo de Elecciones encuentra la falta y la Fiscalía General decide procesarlo, podría enfrentar cargos penales punibles con hasta seis años de prisión.
Luego, hay afirmaciones de que, mientras fue Ministro de Hacienda en 2019, Chaves no protegió a los inversores de una estafa fiscal de la firma de servicios financieros Grupo Aldesa. Una víctima de la estafa alegó lo mismo de dos de sus predecesores. Chaves le dijo a la prensa el año pasado que las autoridades fiscales no le informaron del asunto, por lo que no pudo denunciarlo debidamente. El 23 de junio, un juez desestimó las acusaciones.
Por último, hay reportes ahora bajo investigación por parte de la Fiscalía General de que Chaves negoció la extensión hasta 2031 de los derechos para operar Puerto Caldera a una empresa propiedad del hijo de su jefe de campaña convertido en asesor, Calixto Chaves. A cambio, la empresa supuestamente prometió invertir para aliviar el hacinamiento en el puerto del Pacífico.
Chaves niega fervientemente haber actuado mal. Ha calificado las investigaciones de “frívolas y absurdas” y argumenta que en otros países constituirían un “abuso de proceso”.
“La mayoría de los hechos de corrupción pública que afectan a la ciudadanía han sido denunciados como resultado de investigaciones periodísticas”, dijo a El Faro English Emma Lizano, expresidenta del Colegio de Periodistas de Costa Rica. “Parece que las restricciones de acceso a la información se han convertido en tendencia en este gobierno, ya que ataca a los periodistas y corta deliberadamente el acceso a la información”.
Calle en Costa Rica. (Foto: Captura de pantalla)
El nuevo jefe de Estado ha dirigido una ira particular hacia el diario más grande del país, el histórico La Nación. En julio, las autoridades suspendieron el permiso de funcionamiento de un centro de eventos propiedad de la empresa matriz, Grupo Nación, que financia el periódico, presuntamente por obstruir el tráfico.
En conferencia de prensa, el Presidente acusó al medio y al reportero adscrito a la Casa Presidencial, Juan Diego Córdoba, de haber “difamado a la patria” por reportar sobre el cierre. Córdoba también formó parte del equipo que expuso las evidencias del financiamiento colateral de la campaña.
“Esto no se trata de la libertad de expresión, se trata de que un grupo empresarial piensa que por sus apellidos y abolengo tiene la libertad de hacer lo que le da su santa y regalada gana, como lo han hecho por generaciones”, dijo Chaves. Esto es similar a las afirmaciones de los fiscales guatemaltecos este mes de que un nuevo caso de lavado de dinero contra el periodista José Rubén Zamora “no está relacionado con su actividad periodística”.
Chaves agregó: “En Costa Rica nadie tiene corona, mucho menos mientras yo, Rodrigo Chaves, sea presidente”. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la revocación y los comentarios, recordando sus promesas de campaña de “destruir” La Nación, Canal 7 y otros por reportar sobre denuncias de acoso sexual y financiamiento ilícito de campañas.
Rodrigo Chaves abrazando a un partidario. (Foto: Captura de pantalla)
El Presidente también escogió palabras para la SIP, acusando al Grupo Nación de pedir “favorcitos a sus socios y amigos en la [SIP] para defender intereses mezquinos”.
La politóloga costarricense Tatiana Benavides dijo a El Faro English que las hostilidades son “parte de una estrategia para desacreditar a la prensa ante la opinión pública y presentar el monitoreo y cuestionamiento como una campaña en su contra, al igual que otros gobiernos con rasgos populistas en la región”. Ella agregó: “Él tiene una mejor actitud hacia aquellos que no lo cuestionan”.
Quizás una paradoja del estallido es que Chaves, anteriormente poco conocido, aprovechó el apoyo y la imagen pública de la destacada experiodista Pilar Cisneros, ahora miembro de la legislatura, para construir su campaña.
“La libertad de prensa en Costa Rica goza de buena salud. Tiene un Gobierno que la va a defender a toda costa”, dijo Chaves en julio en la televisión nacional mientras se intensificaba el asunto de La Nación. “¿Hay algún medio cerrado? ¿Algún periodista detenido? ¿Alguna rotativa parada? Obviamente no”.
“Costa Rica no es la única nación donde se ensaya la táctica”, escribió La Nación en una editorial de julio en referencia a Nicaragua, Guatemala y El Salvador. “Más bien está llegando tarde a un fenómeno potenciado por las redes sociales y los ejércitos de troles a disposición de los gobernantes de este corte”.
Es irónico que Costa Rica siga siendo un paraíso para los periodistas exiliados de la Nicaragua de Daniel Ortega. Cientos de periodistas han huido del país desde 2018. Este mes, el gobierno nicaragüense cerró los medios de comunicación católicos en Matagalpa. En julio, todo el equipo del histórico diario La Prensa huyó del país, dejándolo sin medios impresos.
Un último aparte: el jueves, Costa Rica se unió al resto de Centroamérica al aprobar la elección de Nicaragua para el nuevo secretario del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Hace un mes, les contamos cómo los líderes regionales se han acercado cada vez más al régimen de Ortega-Murillo.
Nota del editor de El Faro: Este newsletter fue actualizado para incluir que a finales de junio un juez desestimó las acusaciones de incumplimiento del deber en un caso de estafa fiscal, presentado por la firma financiera Grupo Aldesa contra el presidente Chaves.
