Por Ingrid Bachmann
Las siete observaciones del mandatario al decreto tienen carácter de recomendación y no equivalen a un veto a la ley, explica la nota de El Faro. Los parlamentarios tendrán que evaluar si incorporan las sugerencias de Funes o si redactan un nuevo documento, agregó La Página.
Entre las recomendaciones de Funes figuran la creación de un reglamento que detalle qué información de entes privados debe ser considerada pública y cómo estos datos serán divulgados a la población, explicó Prensa Gráfica.
El presidente también pidió extender a 12 meses el plazo para el inicio de la vigencia de la ley, en lugar de 30 días, como planteaba el texto aprobado en diciembre en forma unánime por los parlamentarios, informó El Mundo.
El presidente de la comisión de Legislación del Congreso, el opositor Guillermo Ávila Qüehl, señaló que esta observación tiene por objetivo retrasar la vigencia de la ley. “Da la impresión de que [Funes] no quiere que haya ley de acceso a la información, ampliando los plazos y poniendo tropiezos”, dijo el parlamentario a ElSalvador.com.
Para más informaciones sobre leyes de acceso a la información en América Latina, vea este mapa del Centro Knight.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
