La periodista Ximena Pinto, hasta hace unos días encargada de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), renunció a su cargo el 24 de febrero tras denunciar que el presidente de la PCM Aníbal Torres le pidió excluir a Canal 4, del Grupo El Comercio, de la contratación de publicidad estatal para la campaña escolar en canales de televisión.
Según dijo Pinto a LatAm Journalism Review (LJR), luego de aprobar el plan de estrategia publicitaria de la campaña escolar, Torres le pidió explícitamente que no incluya a medios del Grupo El Comercio.
Al explicarle Pinto a Torres que los spots comerciales de la campaña escolar se asignarían a los medios que la central de medios determine, de acuerdo con el estudio que realiza en base a criterios como audiencia, rating, etc., dijo Pinto, Torres respondió que excluyera entonces a todos los medios de Lima.
Presidente del Consejo de Ministros de Perú, Aníbal Torres. (Crédito de foto: Presidencia del Consejo de Ministros/Flickr)
“Y esta campaña [escolar] es importante porque se habían hecho unas encuestas en el mes de enero. Ya estaba diseñada y todo basándose justamente en esas encuestas que manifestaban, por ejemplo, que en la región Lima hay más de 50% de descontento o de desconfianza en el inicio de las clases presenciales”, dijo Pinto.
La Secretaría de Comunicación Social coordina la estrategia de comunicaciones de los 18 ministerios del Poder Ejecutivo en Perú. De acuerdo con Pinto, el fondo actual es de 18 millones de soles (cerca de US $4 millones 800 mil), el cual es administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
LJR contactó a la oficina de prensa e imagen institucional de la PCM para confirmar las declaraciones del primer ministro, pero no obtuvo respuesta antes del cierre de esta nota.
En su carta de renuncia irrevocable al cargo a la que LJR tuvo acceso, Pinto mencionó que sus valores como profesional, con 20 años de experiencia al servicio del Estado, no se ven reflejados en las acciones que intenta poner en práctica el presidente del Consejo de Ministros, al querer asignar la publicidad estatal con criterios políticos, infringiendo las normas.
“Yo soy abogado, yo no actúo al margen de la ley”, dijo Torres a CanalN, sobre la denuncia pública de Pinto. “Se tienen que considerar los medios de las regiones y los medios locales”.
Torres declaró a Canal N que existen otros medios a los cuales asignarle la publicidad estatal, que no puede haber monopolio. Torres mencionó el artículo 7 de la Ley 28874, al resaltar que la publicidad del Estado debe hacerse mayormente en medios de comunicación estatales, como TV Perú o Radio Nacional, según publicó el portal web de Canal N.
De acuerdo con el abogado experto en temas de libertad de expresión y asesor legal del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Perú, Roberto Pereira, Torres habría contravenido la Convención Americana de Derechos Humanos al proponer excluir al Grupo El Comercio de la asignación de publicidad estatal, publicó el diario La República.
Según el artículo 13.3 de la Convención, “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
Asimismo, según confirmó Pereira a LJR, si se comprobara que hubo un intento de utilizar fondos del Estado para fines diferentes a los previamente presupuestados, se estaría configurando la tentativa del delito de malversación, de acuerdo con el Código Penal peruano.
El director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar dijo a LJR que esta estrategia no oficial del gobierno, de separar a Lima del resto de las regiones del país, tendría su origen en la “tremendamente injusta y abusiva” cobertura que la prensa tradicional le dio al ahora presidente peruano Pedro Castillo cuando era candidato en la campaña electoral por la presidencia, en 2021.
Sede del diario El Comercio. (Crédito de foto: Flickr)
“Lo que ha generado ahora es que hay un revanchismo respecto de estos medios de comunicación”, dijo Salazar. “Y ese revanchismo, … ya sea de Aníbal Torres y de algunos ministros y del propio Presidente, se intenta de alguna manera reflejar con actos que para nosotros lindan con lo delictivo, es decir, decidir utilizar fondos públicos con intereses políticos”.
De acuerdo a la Declaración de Chapultepec, mencionó Salazar, --adoptada por los países miembros de la Organización de Estados Americanos, entre ellos Perú—los Estados no pueden conceder o suprimir la publicidad estatal para premiar o castigar a medios o periodistas.
En una entrevista anterior de LJR, la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Zuliana Lainez dijo sobre la publicidad estatal que esta debe responder a mecanismos que fomenten, desde el propio Estado, la sostenibilidad del ecosistema de medios.
En esa oportunidad, Lainez explicó que “el modelo de distribución de publicidad estatal en Perú hay que reformularlo de manera urgente, se tiene que descentralizar. Lamentablemente la publicidad estatal se sigue utilizando con criterios poco técnicos, y no es una cuestión de este gobierno, ha sido una crítica mantenida por lo menos de los últimos tres o cuatro gobiernos”.
El ecosistema mediático peruano tiene una alta concentración de medios en manos de pocos grupos.
En 2013, con la compra de los medios del Grupo Epensa, el Grupo El Comercio asumió el dominio del 77.86% del mercado de venta de diarios. En un estudio sobre concentración de medios realizado en 2016 por Ojo Público y el Monitoreo de la Propiedad de Medios de la oficina de Reporteros Sin Fronteras en Alemania, se advierte la “posición de mercado peligrosamente dominante del Grupo El Comercio” en Perú.
En opinión de Lainez, se deben incluir el criterio geográfico y un sistema de rotación de asignación de la pauta estatal para sostener fundamentalmente a los medios del país que producen información local.
