La Relatora Especial para la libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) publicó una declaración en la que “manifiesta su profunda preocupación por el deterioro del derecho a la libertad de expresión en Venezuela”.
La Relatoría Especial, que es parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hizo un llamado al Estado de Venezuela a “apegarse a los más estrictos estándares internacionales en materia de libertad de expresión”, para investigar el bloqueo de los portales web de los medios de comunicación, y para “evitar” que se impida la publicación de opiniones críticas contra funcionarios públicos.
La Relatoría señaló hechos recientes tales como la acusación de “terrorismo psicológico” por parte del Presidente Nicolás Maduro hacia los medios que reportaron las muertes ocurridas en un hospital en la ciudad de Maracay; así como su subsecuente llamado al sistema de justicia venezolano para imponer sanciones estrictas a los mismos.
Otros incidentes mencionados por la Relatoría fueron el despido de la caricaturista de El Universal, Rayma Suprani, que, de acuerdo con la Relatoría, es parte de un patrón> de despidos que se habría iniciado con el cambio de propietarios del periódico a principios del verano; asimismo, el bloqueo del portal web de una cadena internacional de noticias, la cual afirmó que fue un acto llevado a cabo por la empresa estatal de telecomunicaciones de Venezuela; y, un juicio en contra de los ejecutivos y un columnista de un periódico por ofender a un funcionario público. CONATEL, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, suspendió programas críticos al gobierno en dos estaciones de radio en mayo y agostopor posibles violaciones de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (RESORTE). La Comisión de Protección a los Periodistas explicó que la ley “prohíbe la difusión de mensajes que inciten o promuevan el odio y la intolerancia por razones políticas, fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público o desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas". Estos eventos sucedieron durante un tiempo en que el país está atravesando una escasez de papel prensa, la cual ha ocasionado la reducción o descontinuación de las ediciones impresas de algunos periódicos. Directivos de los medios y defensores de la prensa cuestionaron el largo proceso de importación de papel prensa, y el lanzamiento de dos periódicos patrocinados por el gobierno durante este período de escasez. En agosto, Reporteros sin Fronteras publicó un reporte del estado de la libertad de información en el país. Entre las amenazas que la organización identificó están amenazas físicas o ataques contra periodistas, así como la falta de pluralismo en la prensa y la extrema polarización política. Reporteros sin Fronteras habría “registrado más de 500 violaciones al derecho a la información desde el inicio de 2013”, de acuerdo con el reporte. La prensa venezolana ha sido clasificada como “No Libre” por el comité de vigilancia Freedom House.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
