Por Liz Farmer*
Periodistas colombianos que cubrían una huelga de los trabajadores del café en los departamentos de Huila y Tolima, se vieron enfrentados a la fuerza pública y a la falta de protección adecuada, de acuerdo con una carta enviada, el 8 de marzo, por Reporteros Sin Fronteras (RSF) al Ministerio del Interior del país.
La carta, dirigida al Ministro del Interior de Colombia, Fernando Carrillo Flórez, detalla los peligros y los ataques a periodistas que trataban de cubrir la huelga. El comunicado dice que la violencia es a menudo impartida por miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
Christophe Deloire, secretario general de RSF, dice en la carta que en una ocasión miembros del ESMAD lanzaron granadas de gas lacrimógeno contra las instalaciones de la emisora Radio Garzón hiriendo a varios empleados, lo que llevó a la estación a finalizar su emisión debido también a daños en los equipos.
Reporteros sin Fronteras le pide que haga que se respete el derecho de los periodistas de acceder a los lugares donde se desarrollan las manifestaciones, de filmar, tomar fotografías y entrevistar a quienes participan en ellas. Las fuerzas policíacas deben comprometerse a respetar la neutralidad de los profesionales de la información”, escribió Deloire.
Varias organizaciones de periodistas han expresado su preocupación por el creciente número de agresiones contra los comunicadores en Colombia. En su último informe anual, la Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER) documentó 135 agresiones el año pasado, incluyendo 4 asesinatos, 36 amenazas y 24 denuncias por acoso.
Recientemente, el periodista Juan David Betancur recibió una carta bomba que no llegó a explotar, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Esta semana, el columnista Germán Uribe anunció que dejaría de escribir después de haber sido víctima de un ataque violento.
El CPJ, Human Rights Watch y otras organizaciones han criticado a funcionarios del gobierno colombiano por no hacer lo suficiente para proteger a los periodistas que realizan trabajos peligrosos. En su Informe Mundial 2013, Human Rights Watch citó al Departamento de Estado de los EE.UU. diciendo que “las amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos, activistas de la restitución de tierras, sindicalistas, periodistas y otros grupos vulnerables sigue siendo una preocupación …. Las Fuerzas Armadas y las autoridades civiles pueden hacer más para investigar las denuncias de connivencia con los grupos armados ilegales, las cuales persisten”.
* Liz Farmer es estudiante del curso ”Journalism in Latin America” de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Texas en Austin.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.