Hasta el 1 de diciembre de 2021, seis periodistas permanecían privados de su libertad por motivos relacionados con su trabajo en países de América Latina, según el censo de periodistas presos de 2021 elaborado por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
Se trata de los comunicadores Mary Karla Ares, Lázaro Yuri Valle Roca y Camila Acosta, de Cuba; Miguel Mendoza y Juan Lorenzo Holmann, de Nicaragua; y Paulo Cezar de Andrade Prado, de Brasil.
Los tres periodistas cubanos cumplen actualmente prisión preventiva. Las dos reporteras mujeres fueron detenidas durante sus coberturas de las protestas de este año en la isla.
Ares, reportera del periódico comunitario Amanecer Habanero, fue detenida el 30 de abril y trasladada a una estación de la Policía en La Habana. El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) denunció en su momento que Ares había sido sometida a intensos interrogatorios durante la noche de su detención y se le había impedido dormir.
Ares fue ingresada el 26 de mayo en la prisión femenil de Guatao, en el municipio La Lisa de La Habana. Tres días después fue puesta en prisión preventiva en su domicilio, donde permanece hasta hoy investigada por los cargos de “desorden público y resistencia”.
Acosta, corresponsal del diario español ABC y colaboradora de CubaNet, se encuentra igualmente en prisión domiciliaria desde que fue arrestada mientras cubría las manifestaciones del 11 de julio. Fue acusada en su momento de “desorden público”, aunque recientemente, en noviembre de 2021, su cargo fue reclasificado a “instigación a delinquir”.
"Sigo con la medida cautelar, esperando juicio. Aún no me han dicho ni siquiera la petición fiscal", dijo Acosta a LatAm Journalism Review (LJR) tras la publicación del censo del CPJ.
La periodista considera que la situación de la libertad de prensa en América Latina solo mejorará cuando haya un frente común de defensa en la región.
"No veo indicios de mejoría, para nada. A no ser que haya una posición común de gobiernos y organizaciones de derechos humanos", agregó.
Por su parte, Valle Roca, del medio digital Delibera.org, fue detenido en junio de 2021 en una sede de la Policía de La Habana, donde había sido citado supuestamente para cerrar un caso anterior de desacato. Un día antes, el comunicador había publicado en su canal de YouTube un video con mensajes en favor de la democracia en Cuba.
En octubre, Artículo 19 denunció que Valle Roca no estaba recibiendo atención médica adecuada para tratar sus problemas renales en la cárcel, además de que su casa había sido allanada.
En Nicaragua, Mendoza y Holmann han pasado varios meses en detención en la prisión El Chipote, en Managua, en espera de un juicio. Mendoza, quien es periodista deportivo, fue detenido el 21 de junio acusado de realizar actos que “menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación” y por “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, según informó entonces la Policía Nacional sin especificar mayores detalles.
En años recientes, Mendoza ha criticado al gobierno del presidente Daniel Ortega en redes sociales y ha externado opiniones sobre la situación de los derechos humanos en su país. El CPJ reportó en junio que la casa del periodista había sido allanada y que las autoridades habían incautado su computadora y otros equipamientos de trabajo.
Holmann fue detenido el 14 de agosto de 2021, tras ser citado en El Chipote. El periodista, quien es gerente general de La Prensa, el único periódico impreso que sobrevivía en Nicaragua, fue acusado de defraudación aduanera y lavado de dinero, bienes y activos.
Un día antes, el 13 de agosto, las instalaciones de La Prensa fueron allanadas, luego que la Junta Directiva anunciara que la edición impresa del diario dejaría de circular porque las autoridades aduaneras habían retenido en repetidas ocasiones las importaciones de insumos.
A los dos periodistas nicaragüenses se les ha negado el acceso a sus abogados y a sus familiares, indicó el CPJ en su informe.
“Los procesos penales contra Mendoza y Holmann son unos de los ejemplos más extremos de la estrategia actual de las autoridades de Nicaragua de usar el sistema judicial para intimidar y castigar a voces críticas de los medios”, dijo la organización.
El único caso brasileño de periodistas en prisión es el del bloguero de deportes y política Paulo Cezar de Andrade Prado, quien actualmente cumple una sentencia de cinco meses de cárcel por un caso de difamación de 2016 entablado por Paulo Sérgio Menezes Garcia, integrante del consejo del equipo de fútbol Corínthians Sports Club.
Prado fue detenido el 28 de septiembre de 2021 en su casa por agentes de la Policía civil del estado de São Paulo y trasladado al complejo carcelario de Tremembé, donde pasó las primeras dos semanas en aislamiento, para luego ser transferido a una celda con cerca de 80 internos. En noviembre fue trasladado a su casa, donde cumplirá en prisión domiciliaria el resto de su sentencia.
“En muchos lugares, la sola amenaza de pasar un tiempo en prisión es suficiente para enviar un mensaje intimidatorio”, indicó el CPJ. “Este año, autoridades de países a lo largo de las Américas, incluidos Brasil, Perú y Colombia, iniciaron demandas de difamación contra periodistas de investigación, muchos de los cuales estaban investigando acusaciones de corrupción o mal desempeño de funcionarios públicos”.
La crisis de libertad de prensa se recrudece en América Latina
El censo del CPJ registró que el número de periodistas encarcelados por su trabajo en todo el mundo alcanzó cifras récord en 2021. Un total de 293 comunicadores fueron privados de su libertad por ejercer el oficio periodístico hasta el 1 de diciembre. Esto representa un incremento respecto a los 280 casos registrados en 2020.
Pese a que en América Latina los números de periodistas en prisión son relativamente bajos, el CPJ advirtió en 2021 un preocupante deterioro en la situación de la libertad de prensa en la región al considerar otros indicadores.
“Solo este año, además de los reporteros asesinados en México, Colombia y Haití, otros periodistas en México, Brasil y Colombia han apenas sobrevivido a ataques a balazos”, indicó la organización. “Mientras que la violencia mortal permanece como la principal forma de censura en países como México y Colombia, las tácticas para silenciar a periodistas en América Latina y el Caribe están evolucionando en forma de legislaciones y decisiones judiciales a lo largo de la región”.
La represión en Nicaragua se intensificó en 2021, según el CPJ. En medio de un proceso electoral controversial que puso en el poder a Daniel Ortega por cuarto periodo consecutivo, las autoridades nicaragüenses han venido asediando y deteniendo a periodistas y opositores, vetando a organizaciones de la sociedad civil y haciendo uso expedito de nuevas leyes que criminalizan las expresiones críticas.
El régimen de Ortega propuso en 2020 la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que obligaría a cualquier entidad o persona que reciba financiamiento del exterior a registrarse en el Ministerio del Interior como “agente extranjero”, incluidos periodistas que trabajan para medios de otros países.
México, por su parte, se mantiene como el país más peligroso para ejercer el periodismo en Occidente. En 2021, el CPJ registró tres periodistas mexicanos asesinados: Gustavo Sánchez Cabrera, Jacinto Romero Flores y Ricardo Domínguez López.
Sánchez Cabrera, director del sitio Noticias Minuto a Minuto y periodista de Panorama Pacífico TV, fue asesinado el 17 de junio en el estado de Oaxaca. Romero Flores, locutor de la estación Ori Stereo FM y del programa Radio Ixtac Online, perdió la vida tras ser atacado a tiros mientras circulaba en su automóvil en el estado de Veracruz. Domínguez López, director del portal InfoGuaymas, fue embestido a balazos en el estacionamiento de un supermercado en Sonora.
El CPJ indicó además que continúa investigando otros seis casos de asesinatos de periodistas en México para determinar si su trabajo como comunicadores fue el móvil principal de sus muertes.
El informe destacó que, ante la crisis por la pandemia de COVID-19, varios líderes de la región han ejercido medidas de emergencia que de alguna forma han obstaculizado la capacidad de la prensa de investigar libremente, como lo plasmaron el CPJ y el programa TrustLaw de la Thomson Reuters Foundation en un informe en junio de este año.
Así como Nicaragua, autoridades de Guatemala y El Salvador han introducido leyes que otorgarían a los gobiernos de esos países más control sobre las actividades de organizaciones con financiamiento extranjero.
“Con tantos líderes a lo largo de la región adoptando una postura cada vez más hostil hacia los periodistas que les piden rendir cuentas, otros países latinoamericanos también podrían seguir este preocupante camino”, advirtió el CPJ en el documento.