Esta nota ha sido actualizada para incluir los comentarios de Óscar Castilla recibidos el 8 de noviembre por la noche.
El ciudadano peruano estadounidense Miguel Arévalo Ramírez ha abierto varios procesos legales contra periodistas y medios de comunicación de Perú por difamación agravada, informó Ojo Público el 7 de noviembre. Ramírez los denunció por informar sobre las investigaciones que existen contra él por parte de la Dirección Antidrogas de la Policía peruana (Dirandro), la Procuraduría Antidrogas de Perú y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), y ha pedido una reparación de US$ 210 millones.
Además de Ojo-Público.com y su director ejecutivo Óscar Castilla, han sido enjuiciados los diarios La República y El Comercio, la Compañía Peruana de Radiodifusión (de la que forma parte el canal América Televisión), la Agencia Perú Producciones (a la que pertenece Willax TV), y los periodistas Edmundo Cruz (La República) y Miguel Ramírez (El Comercio), así como también la procuradora antidrogas del Ministerio del Interior de Perú, Sonia Medina Calvo.
En mayo de 2016, una investigación conjunta de Ojo Público y La República dio lugar a un informe, escrito por Castilla y Cruz, sobre investigaciones de la DEA y la Dirandro a Arévalo, conocido como "Eteco". El texto indicaba que tanto la DEA como la Dirandro consideraban a Arévalo como "uno de los mayores capos del narcotráfico del Perú", y se refirió también a la investigación de "una gigantesca red clandestina de lavado de dinero de las drogas en Lima, Miami y diferentes países de Centroamérica".
De acuerdo con el reporte, las dos entidades también investigaban a Joaquín Ramírez Gamarra, quien era entonces congresista y secretario general del partido político Fuerza Popular, y el mayor donante de la campaña presidencial de la candidata Keiko Fujimori, quien obtuvo el segundo lugar en las elecciones presidenciales peruanas de mediados de 2016.
En la primera denuncia ante la justicia peruana, Arévalo acusó de difamación a los dos autores del reportaje y pidió tres años de prisión para cada uno, además de una reparación civil por el valor de US$ 10 millones. También pidió que las actividades de Ojo Público sean suspendidas por dos años. Desde octubre, la denuncia está a la espera de un pronunciamiento del 11 Juzgado Penal de la Corte Superior de Lima, informó Ojo Público.
En la segunda querella, que esta vez llegó hasta el 29 Juzgado Penal de Lima, Arévalo también incluyó a otros medios de comunicación y a una periodista que también publicó sobre el reporte inicial. Él pidió a la Corte Superior de Lima entre tres y seis años de prisión para Óscar Castilla, Cecilia Valenzuela y la procuradora antidrogas Sonia Medina Calvo - entrevistada por Valenzuela sobre el caso - y más de US$ 100 millones de reparación civil. Además de Ojo Público, también fueron incluidos los diarios La República y El Comercio, y la Compañía Peruana de Radiodifusión (América Televisión) y Agencia Perú Producciones (Willax TV).
Hay un tercer proceso judicial abierto, esta vez contra el periodista Miguel Ramírez, exeditor de reportajes de investigación de El Comercio. Arévalo pidió para Ramírez seis años de cárcel y el pago de US$ 100 millones de reparación civil, además de que una suspensión por dos años de su columna “Historias nunca contadas”, en el diario El Trome, del Grupo El Comercio. Ramírez se refirió a Arévalo en sus artículos como supuesto narcotraficante, según informó Ojo Público - medio que también fue incluido en la demanda como tercero civil responsable, junto a El Comercio. La denuncia se encuentra en el 21 Juzgado Penal de Lima desde octubre.
"Me enteré de las denuncias hace pocos días, a través de una tercera persona que prefiero no identificar, y luego confirmé esta información en el Poder Judicial", dijo Óscar Castilla, director ejecutivo de Ojo Público y blanco de dos de las acciones de Arévalo, al Centro Knight. "Los juzgados aún no nos han notificado oficialmente de las tres querellas debido a que están en proceso de calificación, como se llama en el argot judicial al periodo en el que juez analiza si abre proceso contra los denunciados", señaló.
Castilla también recordó que estas denuncias se suman a otra de Arévalo contra Ojo Público y otros medios, entablada en octubre del año pasado. En esa ocasión, Arévalo también demandó a Google, El Comercio, La República, Caretas, WillaxTV, América Televisión, Canal N, Hildebrandt en sus Trece, pidiendo el retiro de todos los artículos publicados por estos medios sobre sus supuestas relaciones con el narcotráfico.
De acuerdo con Castilla, en aquella ocasión estos medios se unieron en un "frente común", que fue importante "para que la justicia vea que la prensa está unida, al margen de intereses editoriales diferentes, para enfrentar una amenaza común". Además, dijo que los medios y los periodistas afectados por las recientes denuncias están asimismo en contacto actualmente.
Según Ojo Público, en las cuatro denuncias, interpuestas por Arévalo y su abogado, Juan Alejandría Castro, el demandante utilizó adjetivos como "irresponsables", "miserables", "corruptos" y "delictivos" para referirse a los periodistas y a la procuradora antidrogas. Arévalo también afirmó que no descansará hasta que los acusados "paguen con todo el peso de la ley en el Perú y Estados Unidos".
En su nota, Ojo Público rechazó "cualquier intento difamatorio contra Arévalo al informar con base en documentos que obran en la Dirandro, en informes reservados de la DEA y en reportes que también llegaron al Ministerio Público en el marco de las pesquisas por lavado de dinero del tráfico de drogas".
Para Castilla, "este caso es particular porque plantea diversas denuncias casi al mismo tiempo, por una suma millonaria, pidiendo años de prisión y considerando a los medios como terceros civilmente responsables".
"Aún cuando cualquier ciudadano tiene libertad de plantear una denuncia, creo que el Poder Judicial de Perú debe estar a la altura de las circunstancias y descartar cualquier querella que solo tenga como objetivo frenar la labor del periodismo de investigación y amenazar la libertad de expresión", dijo el director ejecutivo de Ojo Público. "Somos respetuosos del accionar judicial, pero es claro que estamos ante un intento de amedrantamiento, claro y directo, que solo pretende evitar que sigamos informando sobre hechos que ya han sido reportados por los organismos de seguridad del Estado Peruano en los últimos años", sostuvo.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
