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Tras un año de vigencia, Ley de Acceso no es plenamente respetada por organismos públicos en Brasil

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  • 16 mayo, 2013

Por Isabela Fraga

Después de un año de vigencia de la Ley de Acceso a la Información en Brasil, menos de la mitad de las entidades públicas la respetan y el poder ejecutivo es el que más recibe solicitudes de acceso - y quejas - por parte de los periodistas, de acuerdo con una investigación independiente realizada por la organización Artículo 19 y la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (Abraji).

Artículo 19 analizó las respuestas a 141 solicitudes de acceso realizadas por organizaciones civiles a más de 70 entidades públicas - agencias reguladoras, ramas ejecutiva, legislativa y judicial - sobre temas como acceso al agua, radiodifusión, pluralidad y diversidad, y seguimiento al cumplimiento de la ley. De todas las solicitudes, el 32% no fueron respondidas, el 44% obtuvieron una respuesta satisfactoria (ya sea con pleno acceso a la información o con justificación legal para acceder parcialmente a ella), y el 23% fueron atendidas de manera incompleta.

Aunque los ministerios proporcionaron acceso integral a las solicitudes de información el 70% de las veces, el desempeño de las agencias reguladoras fue muy inferior: más del 70% de las solicitudes presentadas ante estas no fueron respondidas. A nivel estatal y municipal, el resultado también fue decepcionante: más del 50% de las solicitudes fueron respondidas y ningún estado proporcionó pleno acceso a las solicitudes.

Visión de los periodistas

La investigación de Abraji (vea el documento en PDF) analizó las respuestas dadas a 87 periodistas brasileños de los principales medios de comunicación del país - como O Globo, Folha de S. Paulo, Estado de S. Paulo, Correio Brasiliense, SBT, Record, Veja y Época. De todas las solicitudes hechas por estos profesionales, el 79% fueron dirigidas al Poder Ejecutivo; el 27% al Legislativo, y el 28% al Judicial. Con un mayor número de solicitudes de acceso, el Ejecutivo resultó ser el que peor resultados presentó: por lo menos seis de cada 10 periodistas reportaron problemas para acceder a la información de ese organismo.

Sin embargo, a nivel federal los poderes legislativo y judicial también recibieron menos solicitudes, el porcentaje de quejas por parte de los periodistas fue similar al Ejecutivo: cerca del 60% reportaron problemas de acceso a la información. En los tres poderes, los problemas reportados eran de naturaleza administrativa (contratos, pagos y transferencias, salarios y otros ingresos de los funcionarios públicos).

Frente a este escenario, aunque hay una mejoría en el sistema de acceso a la información, todavía hay muchos problemas por resolver, Artículo 19 y Abraji brindaron algunas recomendaciones al respecto:

  • La adopción de estándares de datos abiertos por parte de los organismos públicos para la divulgación de información;
  • La reglamentación de los tipos de datos que las empresas de servicios públicos, empresas de capital mixto y los organismos gubernamentales deben proporcionar;
  • La creación de un órgano único "independiente, unificado y especializado", para implementar la fiscalización de la Ley de Acceso;
  • Aumentar la transparencia activa del estado - es decir, aquella que no depende solamente de una petición de acceso por parte de un ciudadano. "El Estado debe comprometerse a proporcionar un mínimo de información sobre servicios públicos y políticas públicas, incluyendo el suministro de información sobre mecanismos de participación, fechas y horas de las audiencias públicas, etc".

Artículo 19 presentará el informe completo el 22 de mayo en el seminario "Un año de transparencia: uso y desuso de la Ley de Acceso" en la Escuela Superior de Publicidad y Marketing (ESPM) de São Paulo.

 

 

Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.

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