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Tribunal de Ética dice que canales peruanos violaron principios rectores durante cobertura electoral; canales rechazan la resolución

Los impactos de la segunda vuelta electoral por la presidencia de Perú se siguen viendo no solo a nivel político sino también a nivel de la prensa. Después del escándalo y polémica desatado por el despido y renuncia de periodistas de canales propiedad del Grupo La República y Grupo El Comercio ante desacuerdos por la cobertura electoral, llegó la decisión del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana (CPP) que determinó que los canales sí violaron sus principios rectores.

La decisión causó malestar en los canales que han insinuado incluso alejarse del CPP – del que hacen parte – lo que podría establecer un lamentable precedente, según algunas voces expertas que hablaron con LatAm Journalism Review (LJR).

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Los entonces candidatos a la presidencia de Perú, Pedro Castillo y Keiko Fujimori. (Cortesía)

El Tribunal de Ética del CPP se involucró en el asunto cuando directivos del Grupo La República solicitaron su opinión sobre la situación que rodeaba la cobertura electoral y el malestar dentro de los canales. El inicio de este malestar fue el despido de Clara Elvira Ospina, quien por nueve años había sido la directora periodística de los medios América TV y Canal N – que son propiedad de los mencionados grupos mediáticos. El despido se habría producido luego de que Ospina le hubiera asegurado a la entonces candidata presidencial Keiko Fujimori que los medios que ella dirigía no harían militancia por ninguna de las dos campañas en disputa, es decir, la de ella y la de Pedro Castillo.

Tras el despido de Ospina, quien fue reemplazada por Gilberto Hume, ocho periodistas de uno de los programas de investigación periodística más importantes del país, Cuarto Poder, expresaron su inconformidad en dos cartas al directorio de América TV. Eventualmente renunciaron.  A esto se sumó el despido de quienes ejercían como la productora general de América Noticias y productor periodístico de Canal N.

Tanto los periodistas despedidos como los que renunciaron habían expresado su inconformidad por lo consideraron una violación a los Principios Rectores durante la cobertura electoral de la segunda vuelta presidencial, específicamente el principio de imparcialidad. Según denunciaron en sus cartas, Hume habría señalado la necesidad de apoyar la candidatura de Fujimori, e incluso se habría dado mayor cobertura a esta campaña. Por ejemplo, los canales se habrían negado a transmitir el cierre de campaña de Castillo, pero sí lo hicieron con el de Fujimori. Hume y los medios negaron estas denuncias.

Fue en ese contexto, que el 7 de junio directivos del Grupo La República le pidieron al Tribunal de Ética del CPP un pronunciamiento sobre los “graves actos (que) deben ser corregidos de inmediato, vía la autorregulación” debido a que “afectan gravemente la libertad de expresión e información”.

Aunque ese mismo día, el Tribunal publicó un comunicado en el que “rechaza las faltas de objetividad periodística en la cobertura de la segunda vuelta electoral”, no hizo mención al caso de América TV y Canal N.

Sin embargo, el pasado 28 de junio dio a conocer su resolución del caso presentado por los directivos del Grupo La República “sobre hechos que afectarían la independencia y autonomía informativa y la libertad de expresión”. En su resolución, el Tribunal informó que la petición estuvo acompañada por las cartas enviadas por los periodistas y productores periodísticos de los canales.

También informó que recibió comunicación de parte de la representante de la Compañía Peruana de Radiodifusión (CPR) – América TV – que entre otros puntos, señalaba la improcedencia del Tribunal en este caso argumentando que se había solicitado un “pronunciamiento” y que no se trataba de una queja formal. Respecto al señalamiento, CPR señaló que nunca se vulneró el principio de imparcialidad en la segunda vuelta presidencial. Otras cartas y presentaciones orales fueron escuchadas por el Tribunal para desarrollar la resolución.

“El Tribunal encuentra parcialización informativa en asuntos de interés público, como es la segunda vuelta de la campaña electoral presidencial, en cuyo desarrollo correspondía proporcionarla equitativamente al público según señalan los propios principios rectores y el énfasis que la propia CPR [América TV] le dio a ‘la imparcialidad’ dentro de ellos”, establece la resolución. “El derecho a la libertad de expresión tiene como contraparte el derecho de la ciudadanía de estar plenamente informada: aquel constituye una garantía del último; ya que ‘sin la libertad de prensa no existe democracia alguna’”.

El Tribunal aclaró que no cuestiona la línea editorial que un medio pueda tomar así como tampoco la autonomía que tienen un director periodístico “sino el que sus propios códigos de ética le permitían parcializarse con un partido en carrera, lo que está de por medio en los hechos alegados y no contradichos”.

Para el Tribunal de Ética existió una falta de equidad en la transmisión de eventos electorales sobre los candidatos, así como la omisión de contenido noticioso que podría afectar la entonces candidatura de Fujimori.

“CPR no ha negado la ocurrencia de estos hechos que, además, son de público conocimiento. No resulta coherente ni sustentable que se hayan respaldado exclusivamente en la ‘autonomía editorial’ del director periodístico, que no puede suponer vulnerar la ética, en general, y los Principios Rectores que están en la obligación de respetar. En síntesis, hay elementos fundados para considerar que se produjo una grave afectación de los mismos, por acción u omisión, dada la información noticiosa, entrevistas y reportajes ostensiblemente orientados a favorecer una determinada candidatura, en contraposición a esenciales Principios Rectores para una efectiva autorregulación”, establece la resolución.

“Siendo así, de acuerdo con los fundamentos de la presente Resolución, este Tribunal considera que América TV y Canal N han vulnerado la ética periodística”, determina el Tribunal.

Finalmente exhortó a los canales a “promover el respeto por sus Principios Rectores, la independencia, la autonomía y la ética periodística”. También dispuso que los canales publicaran la resolución.

América TV y Canal N publicaron un comunicado en el que expresaron su “absoluta discrepancia con la resolución del Tribunal”. “Lamentamos que el Tribunal haya emitido esta resolución con cuyas consideraciones discrepamos debido a la falta de análisis, pruebas, rigurosidad y evidente parcialidad mostrada en los argumentos y en la actuación del Tribunal”.

También informaron que están evaluando su “posición” frente al CPP.

Es precisamente esta afirmación que algunas voces expertas han interpretado como el cuestionamiento de su permanencia en el Consejo de la Prensa, como lo explicó a LJR, Andrés Calderón, Director de la Clínica Jurídica de Libertades Informativas de la Universidad del Pacífico de Perú. Calderón también forma parte del Tribunal de Ética del CPP, pero fue entrevistado a título personal y sus declaraciones no reflejan la opinión del Tribunal.

“Percibo que hay dos potenciales riesgos: el primero, el del deterioro de la reputación de los medios de comunicación en general, afectados por las infracciones éticas de los medios sancionados y otros que han colaborado con la desinformación en época electoral, pero que no cuentan con un Código de Ética ni se someten a ningún mecanismo de autorregulación”, dijo Calderón. “El segundo es el del surgimiento de presiones regulatorias que puedan terminar afectando la libertad de prensa; ello, como consecuencia de la percepción, política y ciudadana, de que los medios de prensa no están dispuestos a autorregularse efectivamente y enmendar las infracciones detectadas”.

Es en este escenario en donde una posible ley de medios, anunciada desde campaña por quien parece ser el presidente electo, Pedro Castillo, podría tener lugar.

“Los previsibles embates que pueda emprender contra la libertad de prensa podrían encontrar a los medios de comunicación en una situación vulnerable, con la opinión ciudadana en contra y con la percepción de que algunos medios no están dispuestos siquiera a autorregularse”, explicó Calderón.

Un punto en el que también coincide Adriana León, directora del área de libertades informativas del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). Para ella, la mala percepción de los medios por parte de la ciudadanía podría dar lugar a cualquier medida que pudiera afectar la libertad de prensa.

“Con esto último que ha pasado con este grupo de medios es que la prensa tiene muy poco prestigio. No tiene credibilidad, no tiene prestigio y eso es bien, bien, bien grave. Y eso es por las cosas que hacen los medios”, dijo León a LJR. “A mí personalmente me asusta que la ciudadanía esté tan anti-medios cuando está entrando un gobierno aparentemente autoritario que podría tomar algunas acciones contra los medios como pasó en Ecuador […] que Correa entró y tomó los medios, hizo la peor ley de medios con el 100 por ciento de la población de acuerdo, hasta que la gente se dio cuenta de la consecuencia”.

Por eso León destaca el rol de una instancia como el Tribunal que pueda ofrecer “una opinión crítica” que le permita saber a la gente lo que pasa al interior de los medios y que se den estas discusiones.

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