Con base en el derecho internacional, el Tribunal Constitucional de Bolivia declaró inconstitucional el delito de desacato por ir en contra de la libertad de expresión de la ciudadanía, publicó el portal Prensa Latina. Aunque el fallo es del 20 de septiembre, el anuncio lo hizo este martes 23 de octubre el presidente del Tribunal, Ruddy Flores, agregó el portal.
El artículo eliminado es el 162 del Código Penal y sancionaba con cárcel de un mes a dos años a cualquier persona que “calumniare, injuriare o difamare a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o a causa de ellas” a través de un medio de comunicación, publicó el portal Los Tiempos. La pena podía aumentar si se trataba de funcionarios como el presidente o vicepresidente del país, añadió el portal.
Sin embargo, el Tribunal recordó a los servidores públicos que no están indefensos porque quedan vigentes otros tipos penales como calumnias, injurias y difamaciones con las que pueden defenderse, señaló el portal Prensa Latina.
Al menos 21 figuras públicas de oposición y ciudadanos tienen entre uno y 20 juicios por haber realizado denuncias contra autoridades del gobierno, publicó el diario La Razón. Aunque el presidente del Tribunal no se pronunció sobre estos casos, para expertos constitucionalistas este fallo implica la extinción de todos los procesos que se llevan a cabo por la comisión de este delito, señaló el diario.
Aunque la ley del desacato en Bolivia ha afectado especialmente a opositores del gobierno, se han presentado casos en los que también se afecta el periodismo. En 2011, el periodista Mario Caro fue acusado por el delito de desacato por denunciar irregularidades por parte de algunas autoridades.
Sin embargo, la figura del desacato en América Latina ha sido una de las más cuestionadas por diferentes entidades internacionales.
En el Décimo Foro de Austin del Periodismo en las Américas que tuvo lugar en mayo de 2012, Catalina Botero, relatora para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló que una de las líneas de acción para proteger a los periodistas y a la libertad de expresión de América debe ser la derogación de leyes y obstáculos normativos que criminalicen la libre expresión mediante delitos como calumnia, injuria o desacato.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
